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El 16 de diciembre miles de ciudadanos, pensionistas actuales y futuros, volverán a salir a las calles de muchas ciudades españolas por la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC. Y que se “blinden las pensiones” para garantizar el futuro. Bajo la bandera de “blindar las pensiones” se amparan diferentes posiciones o corrientes. ¿Cuáles son esas posiciones y, sobre todo, qué es blindar las pensiones en la Constitución?
¿Blindar el IPC o blindarlas como derecho fundamental?
Dos posiciones distintas en la lucha de las pensiones
Las diferentes corrientes se agrupan bajo dos líneas que están representadas principalmente, una por laCoordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), y otra por la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP).
La posición dominante en COESPE, identifica el “blindaje” de las pensiones con la “revalorización por ley según el IPC”, introduciendo esta garantía en el artículo 50 de la Constitución.
Lo concentró Pablo Iglesias en su campaña electoral: “que se cumpla la Constitución”, considerando que las pensiones públicas ya están garantizadas “como derecho” en el artículo 50.
El digital público.es se hacía eco del documento presentado en el Congreso por la manifestación del pasado 16 de octubre impulsada por la COESPE resaltando “la regulación por ley de la subida de las pensiones públicas en correlación con la subida anual del IPC real… y situarlas en la Constitución como un derecho fundamental”.
En el portal digital 65ymas.com, declaraciones de Hilario, uno de los portavoces de la Coordinadora: “Queremos una subida garantizada por Ley de las pensiones, según el IPC…”
República.com recogía declaraciones de la número dos de Podemos, Irene Montero: “blindar las pensiones por Ley con el IPC”.
Íñigo Errejón (Más País) durante la campaña electoral: “hay que blindar la revalorización de las pensiones con el IPC en la Constitución para que sea un derecho”.
Y esta fue la respuesta de Sánchez a los manifestantes en las redes sociales: “Su reivindicación es justa. Nuestro compromiso es garantizar su sostenibilidad, revalorizarlas conforme al IPC real y blindar el sistema público de pensiones en la Constitución”.
Las posiciones expresan esencialmente la misma política que defiende el gobierno del PSOE.
¿Qué defiende la Mesa por el Blindaje de las Pensiones (MERP)?
Que las pensiones públicas no están reconocidas como un derecho en la Constitución y menos como un derecho fundamental, sino en el Capítulo Tercero como uno “De los principios rectores de la política social y económica”.
Defiende que “blindar las pensiones” exige una reforma constitucional que transforme las pensiones públicas en un Derecho Fundamental reconocido en la Constitución, prohibiendo expresamente su “privatización y la pérdida de poder adquisitivo”.
Y significa tres cosas:
Primera. Convertirlas en un Derecho Fundamental, como los recogidos en la Sección 1ª del Capítulo Segundo “Derechos y Libertades”, que, como dice el coportavoz de la MERP Joanen Cunyat: “son los que disfrutan de la máxima protección jurídica y legal que existe en nuestra sociedad. Son derechos inalienables que no se le pueden negar a nadie y ningún gobierno o autoridad tiene competencias para hacerlo”. Al contrario, da derecho individual a hacerlo valer en circunstancias específicas y el Estado, a través del Tribunal Constitucional, está obligado a garantizar su cumplimiento.
Segunda.Que se prohíba que se puedan privatizar total o parcialmente de forma explícita.
Y tercera. Prohibiendo también que puedan perder poder adquisitivo. “Sea cual sea el mecanismo que se utilice, ninguna medida de ningún tipo puede tener como consecuencia la pérdida de poder adquisitivo (impuestos, copagos, tarifas, servicios básicos, precios…)”. Joanen Cunyat puntualiza: “Aunque sepamos que el IPC es el mecanismo primero de revalorización, lo que blindamos es el resultado, que no pierden poder adquisitivo”.