Una de las ocupaciones del verano de nuestra clase política es dilucidar qué comunidad ha ganado y cuál ha perdido con el nuevo modelo de financiación autonómica. «El modelo es un éxito, porque yo me he quedado con la mejor parte», afirman unos. «El modelo es un fracaso, porque yo exijo más dinero», contestan otros. Ante este espectáculo de agravios comparativos y reivindicaciones insolidarias, los intereses del país y las necesidades de la población son los grandes excluidos. Nadie parece haberlos tenido en cuenta a la hora del reparto de los recursos que pagamos entre todos. Y el resultado es una financiación autonómica diseñada para satisfacer la voracidad de las castas locales. Convertida en un lastre que, al incrementar el endeudamiento y reducir los recursos disponibles, añade un nuevo peso muerto y dificultará la salida de la crisis.
11.000 millones, casi dos billones de las antiguas esetas. Este es el dinero extra que el gobierno central ha colocado encima de la mesa para cuadrar el sudoku de la financiación autonómica.Una cantidad que, valorada comparativamente con otras cifras, supera el montante de los créditos que el ICO ha concedido a las pymes o la inversión total en I+D –una de las claves para transformar el modelo económico y salir de la crisis- .Dos billones de pesetas dilapidados, no para hacer frente al incremento de la población, como afirman los defensores del nuevo modelo, sino para satisfacer el apetito de las burguesías burocráticas regionales, disparado a raíz de que el nuevo estatut ampliara unilateralmente el nivel de ingresos del gobierno catalán.En un momento de crisis, donde es imprescindible un severo plan de ajuste en los gastos superfluos del Estado, destinando el ahorro resultante a inversión productiva, capaz de generar empleo, se ha generado un mercado persa que obliga a poner más dinero a disposición de las castas autonómicas.Y se ha hecho de la peor manera posible, sin reparar en gastos y cargando al país con una onerosa factura.Por primera vez, el reparto de la financiación autonómica no se ha ajustado a los recursos existentes y será necesario recurrir al endeudamiento para cuadrar el reparto.Incrementando una deuda pública que en 2009 se disparará hasta el 47% del PIB, y agudizando la dependencia respecto al capital extranjero –al que se acude a crédito ante la ausencia de liquidez nacional-, traducido en una deuda exterior que ya supone el 165% del PIB.Por si esto no fuera suficiente, el reparto se ha hecho partiendo de un índice de crecimiento de los ingresos fiscales cercano al 3% durante los próximos años, una cifra absolutamente irreal en las actuales condiciones de crisis.¿Alguien cree que, cuando no exista suficiente dinero en la caja fiscal para satisfacer los compromisos con las autonomías, Montilla o Esperanza Aguirre se van a apretar el cinturón? ¿O impondrán que se recurra a un mayor endeudamiento para que ellos reciban su parte del botín?Y, a pesar de las sustanciosas cifras manejadas, este no es el reparto definitivo. Tiene fecha de caducidad en el 2013, donde se volverá a abrir nuevamente el melón de la financiación autonómica.En la base de la cadena trófica estamos nosotros, los trabajadores, pequeños empresarios, parados, hipotecados, jubilados… obligados a pagar para satisfacer el apetito de los caníbales autonómicos.