Nuestro nivel de riqueza (medido por el PIB per cápita) es ya bastante próximo al del promedio de la UE-15 (93%), el grupo de países más ricos de la UE. En cambio, el gasto público social por habitante es sólo el 71%, lo que nos sitúa a la cola de gasto público social en tal comunidad. Si en lugar del 71% nos gastáramos lo que nos corresponde por el nivel de riqueza del país, es decir, el 93%, tendríamos 70.000 millones de euros más de lo que nos gastamos ahora. Este es el déficit de gasto público social en España.
EL PAÍS.- Una de las rincipales funciones de la oposición es estar preparada y legitimada a los ojos de la opinión pública para asegurar el relevo cuando el Gobierno desfallezca. El PSOE se lo puso extremadamente fácil a la oposición en el debate de los Presupuestos Generales del Estado para el año próximo. La opción del Gobierno de meter la tijera en educación e investigación ha arruinado el discurso del cambio de modelo de desarrollo con que Rodríguez Zapatero ha intentado disimular sus errores en la gestión de la crisis económica. EL MUNDO.- Siempre resulta reprochable el hecho de apropiarse de lo ajeno, pero cuando el que roba lo hace al amparo de una posición de poder y su víctima pasa las de Caín para llegar a fin de mes, estamos ante una infamia que repugna en lo más hondo. Una iniquidad. Una maldad que no debería encontrar comprensión ni clemencia: las penas más duras en su grado máximo, sin eximentes, ni atenuantes, ni prescripciones, ni cualquier otro de los cambalaches a los que recurren con éxito estos delincuentes Opinión. Público El subdesarrollo social de España Vicenç Navarro Mírese como se mire, España está a la cola de la Europa social. Los últimos datos de Eurostat, la agencia de recopilación de datos de la Unión Europea (UE), muestra cómo España es uno de los países de la UE que gasta menos fondos públicos en su Estado del bienestar (que incluye pensiones, sanidad, educación, servicios de ayuda a las familias –como escuelas de infancia y servicios domiciliarios–, servicios sociales, vivienda social, prevención de la exclusión social y otros). Y ello no se debe a que seamos pobres. En realidad, nuestro nivel de riqueza (medido por el PIB per cápita) es ya bastante próximo al del promedio de la UE-15 (93%), el grupo de países más ricos de la UE. En cambio, el gasto público social por habitante es sólo el 71%, lo que nos sitúa a la cola de gasto público social en tal comunidad. Si en lugar del 71% nos gastáramos lo que nos corresponde por el nivel de riqueza del país, es decir, el 93%, tendríamos 70.000 millones de euros más de lo que nos gastamos ahora. Este es el déficit de gasto público social en España. Si en lugar del gasto público social miramos el porcentaje de la población que trabaja en los servicios del Estado del bienestar, tales como sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios domiciliarios, servicios sociales y otros, podemos ver que, de nuevo, estamos a la cola de la UE-15. Sólo un 10% de la población adulta trabaja en tales servicios, comparado con un 15% en el promedio de la UE-15 y un 25% en Suecia. Las consecuencias de este bajo gasto y empleo público son múltiples. Sólo un dato significativo: España tiene el tiempo de visita al médico general de la sanidad pública más corto (seis minutos) de la UE-15. Este hecho, que erróneamente se atribuye a la excesiva utilización de los servicios sanitarios por parte de la ciudadanía, se basa en la enorme subfinanciación de tales servicios, lo que dificulta una mayor dedicación de los profesionales sanitarios a cada paciente. El gasto sanitario per cápita es sólo el 77% del promedio de la UE-15, el más bajo de tal comunidad. Las causas de este subdesarrollo social de España son varias. Una es la dictadura mal llamada franquista, mal llamada porque fue mucho más que la dictadura del general Franco. Fue una dictadura de una clase que se caracterizó por su enorme represión (por cada asesinato político que cometió Mussolini, Franco cometió 10.000) y por su escasísima sensibilidad social. Cuando el dictador murió, el gasto público social representaba sólo el 14% del PIB, un poco más de la mitad del promedio (22%) de los países que más tarde constituirían la UE-15. No existe plena conciencia en España del enorme retraso social y económico (además de político y cultural) que aquella dictadura supuso para las clases populares de España. En 1936, año en que tuvo lugar el golpe fascista, España tenía el mismo nivel de desarrollo que Italia. Cuando el dictador murió, España tenía sólo el 68% del nivel de riqueza que tenía Italia. El rechazo de facto de la derecha española, el PP, a condenar por nombre aquel régimen y sus continuas ambivalencias, oponiéndose a esta condena una y otra vez, es un indicador de su escasísima cultura democrática y es un hecho sin similitudes en Europa, donde la mayoría de las derechas ha condenado regímenes semejantes. La complicidad en esta insensibilidad de ciertas voces de izquierda debiera indignar a cualquier persona con conciencia democrática. Es una vergüenza que España sea el único país que quiere procesar a un juez –Garzón– por querer enjuiciar aquel régimen. El hecho de que esta situación ocurra tiene mucho que ver con el retraso social de España, pues ambos hechos responden a la misma causa: el enorme poder de las fuerzas conservadoras, herederas de aquel régimen, en nuestro país. La democracia en España, a pesar de las enormes insuficiencias existentes, permitió la expresión de los deseos populares, entre los cuales está, siempre, la expansión del Estado del bienestar. Tal deseo, muy marcado en la segunda mitad de los años ochenta, con movilizaciones populares, permitió reducir el enorme déficit de gasto público social por habitante. Pero, en el año 1993, el Gobierno PSOE, aliándose con la derecha catalana, CIU, dio prioridad a la reducción del déficit del Estado (como instruía el Tratado de Maastricht) a base, no de aumentar los impuestos de las clases más pudientes, sino de disminuir el gasto público, incluyendo el gasto público social. Se inició así una política de austeridad del gasto público, incluyendo el social (continuada y expandida por el Gobierno Aznar), que explica que, cuando se alcanzó el equilibrio de las cuentas del Estado, España volviera a estar a la cola de la Europa social. Los ingresos al Estado, en lugar de continuar reduciendo el déficit de gasto público social, se habían invertido en reducir el déficit del Estado. En 2004, España estaba de nuevo a la cola de la UE-15 en gasto público social. El euro y la integración en la UE se había hecho a costa de su Estado del bienestar. El Gobierno Zapatero, presionado por los partidos a su izquierda, incrementó notablemente el gasto público social, pero no lo suficiente para cubrir el enorme déficit que tenemos con la UE-15. En realidad, este déficit en 2006 (último año del que tenemos cifras homologables con la UE) es superior al existente en 1993, cuando se inició la austeridad de gasto social. Lo que es sorprendente es el silencio mediático y político sobre la existencia de este gran déficit. Y ello se debe al enorme poder de clase del 30% de la población, de mayor renta en el país, que no sufre las enormes insuficiencias de gasto público social (al utilizar los servicios privados) y se resiste a pagar los impuestos que le corresponden. Pero, además de poder de clase, existe el poder de género. El machismo es el responsable de que las mayores carencias del Estado del bienestar sean precisamente aquellos servicios, como los servicios de ayuda a las familias, que en España son asumidos por la mujer. PÚBLICO. 22-10-2009 Opinión. El País Ni gobierno ni alternativa Josep Ramoneda Una de las principales funciones de la oposición es estar preparada y legitimada a los ojos de la opinión pública para asegurar el relevo cuando el Gobierno desfallezca. El PSOE se lo puso extremadamente fácil a la oposición en el debate de los Presupuestos Generales del Estado para el año próximo. La opción del Gobierno de meter la tijera en educación e investigación ha arruinado el discurso del cambio de modelo de desarrollo con que Rodríguez Zapatero ha intentado disimular sus errores en la gestión de la crisis económica. La decisión de subir los impuestos antes de tiempo, es decir, antes de recuperar el hilo del crecimiento y, además, sin atreverse a tocar los privilegios fiscales de determinadas rentas del capital, daba argumentos para la crítica a todos los bandos del hemiciclo. Por si todo esto no era suficiente, Zapatero justificó el pacto con el Partido Nacionalista Vasco que le garantiza la supervivencia parlamentaria con el argumento de que "esto es política". Ni el más posmoderno de los ideólogos osaría confundir política con el mercadeo de votos. Y, sin embargo, Mariano Rajoy no aprovechó el regalo: se limitó a hacer un ruidoso discurso destinado estrictamente a complacer a los suyos, los que le piden en la calle que sea más macho. El Gobierno español y el valenciano están viviendo una peculiar situación -ya conocida en el Estado autonómico- en que el desgaste de los Gobiernos pilla a las oposiciones correspondientes enfrascadas en problemas internos que limitan su capacidad para capitalizar las dificultades de los que tienen el poder. La realidad es que el Partido Popular, inmerso en la trama corrupta y en las soterradas pero constantes conspiraciones internas, ve pasar su oportunidad sin fuerzas para dar el salto hacia una victoria segura. La carrera que provocó el pasado viernes el anuncio de José María Aznar de que participaría en la manifestación contra el aborto fue de película de los hermanos Marx. A la media hora, Esperanza Aguirre ya había anunciado también su presencia, sólida contribución a la imagen de liberal que vende la presidenta de la Comunidad de Madrid. E inmediatamente, Mariano Rajoy, como si la aparición del fantasma de su padrino le hubiese provocado un ataque de pánico, ordenó a Dolores de Cospedal que se personara también en la calle. Desde luego, la política obliga a sonoros papelones: ¿qué hacía una mujer como la Cospedal en una manifestación como aquélla? Y, sin embargo, la manifestación es muy significativa del estado del Partido Popular. Dejemos aparte los ejercicios de cinismo del partido de la derecha, siempre al lado de los obispos, pero intentando que no se note demasiado. La movida del pasado sábado confirma lo que ya sabíamos por movilizaciones anteriores y por el éxito de determinados predicadores: en España hay un sector social difícil de calibrar en números, pero que debe aportar en torno a un tercio de los votos del Partido Popular, que se inscribe en los postulados ideológicos de una cúpula episcopal más cerca del integrismo que del conservadurismo y que cuenta con fuerzas de choque -organizaciones como el Opus Dei o Legionarios- con capacidad de mover a la gente. Pero, además, ratifica otra idea que es probablemente la que hace temblar a Rajoy: que Aznar es el único dirigente que ha dotado de un proyecto a la derecha española después de la muerte de Franco. Y que él fue capaz de hacer compatible, al modo de los neoconservadores americanos, un capitalismo de casino con un discurso ideológico de sacristía y de odio al llamado progresismo. Una parte importante de la derecha sigue considerándolo el verdadero líder. Por lo demás, aunque los obispos, por orden vaticana, en Roma saben muy bien que es mejor el poder que la coherencia, parecen haber abandonado el intento de crear un partido católico, la conspiración no cesa, y las presiones sobre Rajoy continúan. Evidentemente, el caso Gürtel es el caldo de cultivo en que las turbulencias internas del PP afloran y dificultan a Rajoy centrar sus esfuerzos en la erosión de un Gobierno desorientado. Pero algo parecido ocurre en Valencia, donde con un Gobierno asediado por la trama corrupta y un partido dividido en dos, la oposición ni está ni se le espera. Tal es la impotencia de los socialistas valencianos que, en vez de hacer un poco de política para que la gente les reconozca como alternativa, no se les ocurre otra cosa que querellarse contra Camps. La judicialización de la batalla política es casi siempre el recurso del débil. Del que no se siente capaz de ganar la batalla en el terreno que le corresponde: el político. EL PAÍS. 22-10-2009 Opinión. El Mundo Robar en tiempos de crisis Isabel San Sebastián SIEMPRE resulta reprochable el hecho de apropiarse de lo ajeno, pero cuando el que roba lo hace al amparo de una posición de poder y su víctima pasa las de Caín para llegar a fin de mes, estamos ante una infamia que repugna en lo más hondo. Una iniquidad. Una maldad que no debería encontrar comprensión ni clemencia: las penas más duras en su grado máximo, sin eximentes, ni atenuantes, ni prescripciones, ni cualquier otro de los cambalaches a los que recurren con éxito estos delincuentes. Lo digo porque produce náuseas echar un vistazo a la actualidad y constatar la ausencia absoluta de escrúpulos con que algunos afrontan la crisis que nos azota: caso Gürtel (PP), de sobras conocido; caso Palau de Barcelona (CiU, PSC), donde Félix Millet confiesa haberse embolsado un mínimo de 10 millones de euros y el juez Juli Solaz le pone en la calle sin una mísera fianza; casos Mercasevilla y Ayuntamiento de Almogía (PSOE), en los que confluyen la prevaricación, el cohecho y la mordida mafiosa; caso El Egido (Partido de Almería, socio del PSOE en la Diputación local), con un alcalde y 19 personas más detenidas por blanqueo, cohecho, falsedad en documento mercantil, malversación y tráfico de influencias; caso Munar (Unió Mallorquina, socia del PSOE en el Gobierno de Baleares), que imputa a la presidenta del Parlamento insular la venta fraudulenta de solares públicos,… Y suma y sigue. Un rosario interminable de latrocinios con un elemento común a todos: el dinero sustraído por esos vampiros de la democracia había salido del esquilmado bolsillo del contribuyente, al que Zapatero acaba de incrementar los impuestos. Me dirán que hago demagogia, que la mayoría de nuestros representantes políticos son de una honestidad intachable, que los periodistas sólo buscamos la carroña, etcétera, etcétera. Pero permítanme este grito de rabia el día en el que sabemos que seis de cada 10 familias tienen que hacer milagros para cuadrar el presupuesto, que el 30% de los españoles no pudo ir de vacaciones este verano y que los que subsisten por debajo del umbral de la pobreza son ya más del 10%, aquí, en plena Unión Europea. Mientras tanto, crece el número de asesores, tiralevitas y correveidiles, se multiplican los escándalos de corrupción y nos suben el IVA. ¿No es como para indignarse? Y como colofón a este desahogo, una mención especial a esos maestros del guante blanco, llamados Alberto Alcocer y Alberto Cortina, que ahora reclaman 4.600.000 euros al Estado «por los daños injustos sufridos». ¡Olé sus riñones! EL MUNDO. 22-10-2009