Aprobados los Presupuestos, la reforma de las pensiones ocupa ya el centro de la política nacional. Es una de las condiciones fundamentales exigidas por Bruselas para que España pueda recibir las ayudas europeas. La propuesta de reforma que planea el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá recorta un 5,5% las pensiones futuras y abre una autopista a la privatización.
M. Murcia
El gobierno estaría preparando un documento para enviar a Bruselas en el que se plantea aumentar de 25 a 35 años el periodo de cotización para calcular la cuantía de la pensión, según ha desvelado el periódico El País.
Tras las recomendaciones del Pacto de Toledo y la decisión del gobierno de revalorizar las pensiones con el IPC, la Comisión Europea -contraria al IPC como índice de revalorización- está exigiendo al gobierno español una rectificación o “medidas compensatorias” que reduzcan el gasto en pensiones para acceder al Fondo de Recuperación. Y eso es lo que la reforma de Escrivá busca: una reforma aceptable para Bruselas.
El documento que el ministro de la SS prepara para la Comisión Europea asume compensar las subidas de las pensiones actuales con el IPC bajando la cuantía de las pensiones futuras, proponiendo como principal medida extender el periodo de 25 años previsto por la reforma de 2011 diez años más, hasta los 35 años.
En el documento el mismo ministerio calcula el impacto que supondría ampliar a 35 años el periodo de cómputo para las nuevas pensiones: un recorte medio del 5,5%, con respecto a lo que cobraría un pensionista si no se aplicara esta reforma. Una rebaja buscada ya que, como señala el borrador conocido, los primeros salarios de un trabajador suelen ser más bajos y, por lo tanto, penalizan la media, que algunos calculan podría ser aún mayor, hasta un 7%. Con esta propuesta el ajuste se traslada directamente a los trabajadores en activo que se jubilen a partir de su aprobación.
Pero Escrivá quiere más y trata incluso de darle la vuelta al IPC como factor de revalorización. Hasta ahora lo único que sabemos es que pretende modificar la fórmula: ya no se tomaría la inflación de noviembre como hasta ahora, ni se basaría en la media de todo el año, sino una fórmula que tomaría como referencia varios años para hacer una media y compensar los años de mayor subida con los de menor subida del IPC. Todavía no se conoce la fórmula concreta, pero los sindicatos ya han avisado al ministro que lo aprobado por el Pacto de Toledo es la subida con el IPC anual, y no fórmulas que ajusten a la baja la revalorización de las pensiones.
Vulnerando los acuerdos
La ampliación de los años de cotización para calcular la cuantía de la pensión y posibles cambios en el IPC como índice de revalorización, vulneran los acuerdos aprobados mayoritariamente por la Comisión del Pacto de Toledo y ratificados en el Congreso.
En la 2ª recomendación la Comisión defiende el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas mediante la revalorización anual de sus pensiones en base al “IPC real para conservar el poder adquisitivo de las pensiones” y su “garantía por Ley”. Mientras en la5ªconsidera “adecuado” mantener la progresiva ampliación de 15 a 25 años el periodo para calcular la cuantía de la pensión.
Si el borrador se acaba aprobando sería un paso más en la degradación del Sistema Público de Pensiones, recortando la cuantía de las pensiones futuras.
Bruselas presiona para tener cuanto antes los planes nacionales con su impacto económico. Abril es el plazo máximo que se ha fijado la Comisión para tenerlos aprobados y lanzar, antes del verano, la primera emisión de bonos comunitarios que permita librar una parte de las ayudas del Fondo de Recuperación.
Pero la reforma Escrivá, además de incumplir con las recomendaciones del Pacto de Toledo, encuentra serias resistencias entre los sindicatos. Las centrales mayoritarias, Comisiones Obreras y UGT declaran que no apoyarán unas propuestas que “ni estaban en el acuerdo de gobierno ni en las recomendaciones del Pacto de Toledo” y que ni siquiera se han presentado “en la mesa de negociaciones”. También entre los socios de gobierno Unidas Podemos dicen que no votarían a favor de esa reforma en el caso de llegar al Congreso.
Sin embargo, el equipo económico liderado por Nadia Calviño y José Luis Escrivá contaría con el respaldo del presidente Pedro Sánchez, dispuesto a enviar a la Comisión Europea una propuesta que responda a sus exigencias, sobre todo después de fiar una parte sustancial de los Presupuestos a los 27.000 millones de euros adelantados a cuenta del dinero que tiene que venir de Bruselas.
Planes privados de empresa, la otra pata de la reforma
La “reforma Escrivá” que el ministro de la Seguridad Social quiere llevar a Bruselas tiene un segundo eje fundamental: los planes privados de empresa que abren el camino para cambiar el modelo actual del Sistema Público de Pensiones por uno mixto público-privado, con unas pensiones públicas recortadas y reducidas cada vez más a desempeñar un papel secundario y asistencial.
En este caso Escrivá se apoya en una de las recomendaciones del Pacto de Toledo, la 16, que apuesta por la extensión de los “planes privados complementarios” de pensiones mediante la creación de un sistema privado de pensiones de empresa, aplicado a través de la negociación colectiva, e impulsado desde el propio gobierno con un “régimen fiscal y jurídico” especial.
Los planes privados de empresa son productos que ya existen pero escasamente implantados en nuestro país, con solo un 10% de trabajadores inscritos, según la patronal de fondos de inversión. La propuesta que impulsa Escrivá se inspira en el modelo inglés y en las llamadas EPSV (Entidades de Previsión Social Voluntaria) impulsadas por el PNV en Euskadi y conocido como el “modelo Geroa”. Son dos modelos privados en los que los trabajadores inscritos en esos planes tienen que aportar mensualmente un porcentaje de su sueldo (aproximadamente un 4% en el modelo inglés) a un fondo para cubrir su propia jubilación.
Este modelo beneficia a los trabajadores con sueldos más altos y empleo estable en las grandes empresas y en la Administración, pero difícilmente es aplicable a una mayoría de trabajadores con empleo precario e inestable, con salarios bajos sin capacidad de ahorro y empleados y autónomos de microempresas. Profundizaría las desigualdades, entre los trabajadores que pudieran acceder a los planes privados y los más precarios que no pueden permitírselo. Y solo puede entenderse como parte de una plan general para empobrecer progresivamente las pensiones públicas y que por lo tanto hay que complementar con un plan privado para no caer en la miseria absoluta. Empobrecer las pensiones públicas para abrir camino a las pensiones privadas.
La creación de un gran fondo con las aportaciones de trabajadores y empresarios, amparado y protegido por el Estado con beneficios fiscales, beneficia sobre todo a la Banca, aseguradoras y grandes fondos extranjeros que por fin podrán acceder a gestionar un gran fondo de pensiones privado con cientos de miles de millones.