El sector de los investigadores, especialmente de los jóvenes investigadores, está marcado por la precariedad y la inestabilidad laboral. ¿Cómo es la precariedad en este sector?
La precariedad en el mundo de la investigación, en el ámbito que personalmente conozco que son los Organismos Públicos de Investigación (OPI) es algo endémico, alcanzamos unos niveles de precariedad de 40%, como media, o más. Esto implica que el personal esté encadenando contratos durante muchísimos años y no se estabilice hasta aproximadamente una edad media de cuarenta años. A esto hay que sumarle que los sueldos no acompañan. Y estoy hablando no sólo del personal investigador, sino el personal de investigación, que incluye el personal técnico y de gestión de I+D+i. El personal técnico en los OPI ha sufrido en la última década una destrucción de empleo superior a la del personal investigador. Y eso implica que se quedan los laboratorios vacíos, que se quedan sin masa crítica de equipo técnico para poder llevar adelante su trabajo.
Hay proyectos científicos de máxima importancia que cuando el director científico se jubila, corren peligro de disolverse sin haber culminado su investigación, porque no se convocan plazas para sus colaboradores, aunque tengan 40 años y un currículum más que solvente… ¿Es así?
Efectivamente, pasa esto. Te pongo un ejemplo que ha salido en los medios. No sé si sabes que los tres principales grupos del CSIC que han estado luchando por desarrollar vacunas contra la Covid [el de Luis Enjuanes e Isabel Sola, el de Mariano Esteban y el de Vicente Larraga] están dirigidos por personal que ya está jubilado. ¿Por qué? Porque si esas personas no siguen trabajando en estas investigaciones, al ser el personal que tienen dentro de estos laboratorios en su inmensa mayoría temporal, esas líneas de investigación podrían desaparecer por completo.
Y esto es lo que ha pasado una y otra vez en la última década en el CSIC y en el resto de OPI. A partir de la crisis de 2008 hubo recortes muy grandes en la investigación pública que causaron el desmantelamiento de equipos enteros, y la desaparición de líneas de investigación. Y esto sigue pasando porque no se sacan plazas para hacer fijos a este personal de investigación. La tasa de reposición es inferior al personal que se jubila. Se jubila más gente que las plazas que salen, y no se pueden mantener los equipos y las líneas cuando los contratos temporales cesan.
Gracias a la lucha, acabamos con las becas-contrato
Actualmente, para acceder a la pensión completa (el 100% de la base reguladora), hay que haber acumulado más de 37 años de cotizaciones. Esto, en un sector como el de los investigadores, tan marcado por contratos temporales, se antoja difícil, ¿no?
En cuanto al problema de la precariedad para alcanzar una pensión ha habido una mejora respecto a la situación anterior, fruto de mucha lucha y reivindicaciones. En 2011 con la publicación de la Ley de la Ciencia 14/2011 conseguimos que todos los contratos de investigación fueran contrataciones con cotización desde el momento inicial, y dejaran de ser becas. Haber salvado este escollo es muy importante para que la gente acumule años cotizados y por tanto su pensión completa. Al conseguir esto, nuestro sector profesional es igual de precario que otros marcados por la predominancia de los contratos temporales, por ejemplo la hostelería.
Es cierto que mucho personal de la investigación, con cierta edad, en los cuarenta y tantos, en sus inicios han tenido que estar muchos años trabajando con becas, y por tanto sin cotizar. Y eso complica que puedan alcanzar el número de años cotizados para su pensión completa. Lo que esperamos es que los jóvenes que ahora se incorporan al mundo de la investigación si puedan reunir esos años cotizados. El haber acabado con las becas-contrato ha sido fruto de muchos años de lucha.
Pero el problema para la pensión, como dices, es esa temporalidad y esa precariedad endémica que sufrimos. Hay muy pocas plazas fijas y pasamos mucho tiempo desempleados entre que se acaba un contrato y consigues otro. Entre que acabas la tesis doctoral y consigues el primer contrato post-doctoral a lo mejor pasan entre 8 y 15 meses. Luego trabajas hasta que se te acaba, luego otros 12 meses sin nada. Por desgracia, actualmente esto no es exclusivo del sector de la investigación, le pasa a mucha gente de otros ámbitos muy distintos.
Se jubila más gente que las plazas que salen
Y además, está el problema de la cuantía de la pensión que llegarán a cobrar. En la actualidad, mucha gente investigando con 30-35 años apenas cobra mil euros. A partir de 2022 se tendrán en cuenta las bases de cotización de los últimos 25 años para calcular la base reguladora, pero hay presiones insistentes para que se acabe calculando tomando como base toda la vida laboral. ¿Qué puede implicar eso en un sector como el de los investigadores?
En nuestro sector, la mayoría de los contratos vienen de las administraciones públicas, y nos pasa como al resto de empleados y empleadas públicas: que nuestros sueldos son muy bajos.
Nuestros sueldos son tan bajos que un contrato predoctoral en un OPI está en torno a los 1.000-1.200 euros, pero es que un contrato postdoctoral está en torno a los 1.500 euros. Con eso, vivir en ciudades como Madrid se hace complicado. Y luego no tenemos unas subidas salariales con el tiempo para decir «bueno, no pasa nada porque al principio de la carrera cobre menos, luego ya tendré mejor salario». La mejora salarial llega cuando te acercas a los 50, y llevas arrastrando un sueldo precario durante la mitad de tu vida laboral.
Y a esto se suma que ahora tenemos diferentes tipos de contratación -contrato de formación, contratos en prácticas- más precarios. Puedes llegar a tener contratos de formación incluso después de sacarte el doctorado, siendo investigador con una tesis publicada, y muchos años de estudio y de práctica. Y tenemos también la modalidad de «garantía juvenil» dentro de los OPI. Todo esto implica sueldos muy insuficientes, cuando no realmente ridículos. Y va a la merma de la pensión, claro.