El juicio del caso «De Miguel», la mayor trama de corrupción en el País Vasco que sienta en el banquillo de los acusados a 26 personas, entre ellas al cabeza Alfredo de Miguel (antiguo número dos del PNV de Álava) y varios altos cargos peneuvistas, por integrar una supuesta trama de financiación irregular y cobro de comisiones ilegales, avanza hacia su desenlace. La Fiscalía ha llegado a un acuerdo con ocho de los procesados que supone un serio revés para el jefe de la trama.
El espejismo de Euskadi como un «oasis» para la corrupción hace tiempo que se desvaneció. En este macroproceso se juzga, junto a De Miguel, a 26 “burulkides” (miembros de la ejecutiva alavesa del PNV). La Fiscalía pide más de 450 años de cárcel por distintos delitos -cohecho, blanqueo de capitales, asociación ilícita, coacciones, malversación o tráfico de influencias- relacionados con un tupido entramado de sociedades constituido para la consecución de contratos de manera irregular con administraciones controladas por el Partido Nacionalista Vasco a cambio de suculentas comisiones, al más puro estilo pujolista, en este caso, no del 3%, sino del 4%.
Por ejemplo, la empresaria Ainhoa Alberdi -la denunciante que destapó la trama- ha aportado grabaciones en la que los burulkides le exigían el pago de 100.000 euros por haber recibido ‘a dedo’ supuestamente el contrato de ampliación del parque tecnológico de Miñano.
La defensa del principal acusado, Alfredo De Miguel, se enfrenta a un serio revés, al haber alcanzado la Fiscalía un acuerdo con 8 de los acusados, que van a asumir las acusaciones a cambio de una reducción en la solicitud de condena. La defensa de De Miguel ha solicitado que el Ministerio Público identificara a los acusados con los que ha cerrado un acuerdo, pero el fiscal se ha negado en base al principio de confidencialidad.