A pesar de representar solo el 47,5% de los votos, y el 37,1% del censo, los partidos independentistas quieren monopolizar todo el poder político -desde el govern al control del parlament- excluyendo a la mayoría social que rechaza la ruptura
Junts per Catalunya y ERC repiten que -al pactar el control de la Mesa del Parlament, y acordar la formación de un gobierno independentista- están tabrajando “por hacer cumplir el mandato democrático emanado de las urnas el 21-D”.
No es verdad. Los votos a partidos independentistas solo representaron el 47,5% de los emitidos, y en relación al censo su peso se reduce hasta el 37,1%. Solo gracias a una ley electoral antidemocrática tienen mas diputados que la suma de todas las fuerzas no nacionalistas, a pesar de hacer cosechado menos votos.
Esta es la realidad que muchos ocultan cuando hoy comience la nueva legislatura en Cataluña.
Las fuerzas independentistas han acordado monopolizar todo el poder político.
Primero controlando la Mesa del Parlament, que presidirá Roger Torrent, de ERC, criado en la Cataluña rural, concretamente en Girona, bastión del independentismo, y que ha hecho carrera escalando posiciones en el entramado burocrático dependiente de la Generalitat. La escuela donde se forjan “los independentistas de pata negra”… sostenida por el “maná” del 3%.
De la presidencia de la Mesa se excluirá a Ciudadanos, a pesar de haber sido la fuerza más votada el 21-D. ¿No habíamos quedado en que esto iba de “respetar el mandato democrático emanado de las urnas”? Los que lo vulneran, a las primeras de cambio, son las élites independentistas.
Sorprende que Catalunya En Comú-Podem se haya negado siquiera a negociar con Ciudadanos una presidencia del parlament alternativa. Trabajando, en los hechos, por facilitar que el independentismo pueda controlar sin sobresaltos todos los resortes del poder.
No es una cuestión baladí. La Mesa del Parlament es un ariete fundamental, como se comprobó en los sucesos del 6 y 7 de septiembre, donde vulneraron el propio reglamento de la cámara para privar de sus derechos a la oposición y permitir al independentismo aprobar -sin la mayoría que exige el propio estatut- la ley de referendum y de fundación de la república.
Todo parece indicar que la “Mesa de edad” -que recaerá en tres diputados de ERC- permitirá a los tres diputados que permanecen en la prisión de Estremera delegar su voto, garantizando la mayoría independentista para copar el control del parlament.
Otra cuestión será la investidura de Puigdemont. Los letrados del parlament ya han advertido que una “investidura telemática” es ilegal. Y el gobierno de Rajoy ha anunciado que la recurrirá al Tribunal Constitucional, manteniendo en efecto el artículo 155 hasta que no tome posesión un nuevo president de la Generalitat.
Sectores de la dirección del PDeCAT y de ERC han reclamado “realismo” a Puigdemont. Planteando que no es el momento de forzar sino de garantizar la recuperación del control sobre la Generalitat, eludiendo el corsé del 155.
Artur Mas declaró que “es muy difícil con el 47,5% de los votos acelerar la implementación de la independencia en el cortísimo plazo”. Y Joan Tardá, cabeza del grupo parlamentario de ERC en el Congreso, plantea que “es el momento de acumular fuerzas, ampliando la base de masas del independentismo”.
Pero los sectores nucleados en torno a Puigdemont -los más agresivos y aventureros dentro del independentismo- sí parecen dispuestos a forzar la situación. Insistiendo en la investidura a cualquier precio de un Puigdemont fugado en Bélgica. Contemplando desde una “investidura telemática” hasta el retorno a España de un Puigdemont que sería detenido y convertido en nuevo “mártir político”.
Esta por ver como se resolverá la incógnita de la presidencia de la Generalitat. Si ganan quienes, dentro del independentismo, propugnan un “gobierno técnico” -posiblemente presidido por Elsa Artadi, jefa de campaña de Junts per Catalunya y estrechamente vinculada tanto a Puigdemont como a EEUU-. O si avanzan quienes pretenden convertir la investidura en un nuevo episodio de tensión “entre España y Cataluña”.
Pero sea como fuere, bajo una u otra forma, las diferentes corrientes del independentismo pretenden continuar en su “hoja de ruta” hacia la disgregación, aprovechándose del control de las instituciones autonómicas.
Lo realmente importante es lo que va a hacer la mayoría social que en Cataluña defiende la unidad, y que ha dado en los últimos meses un paso adelante, en las movilizaciones públicas, en las urnas…
Debemos denunciar a quienes nos quieren imponer el parlament del 37%, al servicio de los intereses de una minoría y contra el mandato democrático que los catalanes impusieron en las urnas.