El cambio de Gobierno abre un nuevo tiempo político que también va a afectar al tratamiento del conflicto larvado en Cataluña. La reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra augura un nuevo clima.
Pero cabe recordar que su encuentro solo ha sido posible cuando las élites independentistas han aceptado las condiciones para nombrar un Gobierno viable y el 155 -que el PSOE apoyó cerradamente- ha dejado de estar en vigor.
Una cosa es abrir vías de diálogo, algo que la sociedad catalana y del resto de España desea, hastiada de un enfrentamiento que nos divide. Otra muy diferente es bajar la guardia ante quienes promueven la fragmentación.
No es cierto, como ahora repiten algunos medios conservadores, que el Gobierno de Pedro Sánchez esté ya “pagando las hipotecas a los independentistas que lo auparon a la Moncloa”. Se está rebajando la tensión política, normalizando las relaciones entre Gobiernos o abordando medidas (traspaso de competencias pendientes, suspensión del bloqueo a leyes autonómicas…) que nadie puede calificar de “peligrosas concesiones”.
Pero los muros de contención frente al peligro de fragmentación se mantienen. La vicepresidenta, Carmen Calvo, fue quien negoció en nombre del PSOE la aplicación del 155. Borrell combate ya, como ministro de Exteriores, al independentismo desde la izquierda.
Se señala que la nueva fiscal general del Estado, María José Segarra, puede adoptar una posición más tibia ante los peligros contra la unidad. Pero se olvida que es miembro de la Unión Progresista de Fiscales, la asociación más a la izquierda, cuyo presidente actuó con firmeza en la causa contra Artur Mas y otros dirigentes de su Gobierno por organizar la consulta del 9-N, valiéndole los ataques del independentismo.
Estamos en un momento donde las fuerzas de la fragmentación están en retroceso, obligadas a aceptar que no es posible volver a pensar en una vía unilateral. Pero eso no quiere decir que la batalla esté cerrada, o que sea el momento de normalizar la situación a través de concesiones.
La reunión mantenida entre Pedro Sánchez y el lehendakari vasco, Íñigo Urkullu, es una muestra de los nuevos peligros. No se puede equiparar la situación en Euskadi con el procés catalán. El PNV no va a “echarse al monte” de la ruptura. Cabe recordar que gobierna en Euskadi en coalición con los socialistas.
Pero, en su comparecencia tras la reunión, Urkullu deslizó que había acordado con Sánchez empezar a discutir el traspaso de las competencias de la seguridad social al Gobierno vasco. En un posterior comunicado, el Gobierno de Pedro Sánchez lo negó, alegando que no puede negociarse bilateralmente la ruptura de la caja única de la seguridad social.
La dirección del PNV quiere aprovechar la nueva situación política para avanzar por un camino que, sin proponer en ningún caso una ruptura unilateral, sí arranque concesiones que debiliten la unidad, que la hagan más laxa.
Caer en esa trampa, bajo la bandera de “rebajar la tensión” y “normalizar la situación”, sería algo más que un error. Lo que demanda la mayoría progresista, la que ha permitido el cambio de Gobierno, es fortalecer la unidad para defender nuestros intereses comunes.