CaixaBank y Bankia han confirmado su fusión, tras la aprobación por la junta de accionistas de Bankia. Hace unos días el BBVA y el Sabadell anunciaban la ruptura, ya veremos si provisional o definitiva, de sus negociaciones de fusión por diferencias de 500 millones con respecto al reparto de acciones de la entidad resultante que correspondería a cada uno. Mientras que otros dos bancos, la malagueña Unicaja Banco y el asturiano Liberbank, anunciaban un principio de acuerdo para su fusión.
Estamos en medio de un baile de fusiones bancarias, un nuevo proceso de concentración del capital financiero monopolista que implica un mayor grado de dominio y capacidad de saqueo e imposiciones monopolistas al conjunto de la sociedad.
El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri se felicitaba al término de la junta de accionistas de Bankia, por “el hito más relevante de la entidad”, ya que al fusionarse (realmente se trata de una absorción) el nuevo CaixaBank se convierte en la primer banco del país, con un volumen de activos de 660.000 millones de euros, una cuota de mercado de más del 25% en España, presente en 2.200 municipios, y más de 20 millones de clientes. Además de 128.000 millones de activos líquidos, es decir que pueden convertirse en dinero efectivo inmediato sin perder valor.
Pero Goirigolzarri ha dejado otros datos sustanciales sobre los beneficios que esperan alcanzar con la fusión: un dividendo de 0,33 euros por acción, un 28% superior al nivel que obtendría Caixabank de forma independiente y casi un 70% superior al que obtendría Bankia por separado en 2022. El objetivo según el todavía presidente de Bankia es que la rentabilidad del nuevo megabanco alcance el 8,2% en un año.
Estos datos vienen a confirmar que la gran banca goza de buena salud y dispone de recursos para sus grandes operaciones financieras. Que detrás de los mensajes de sus presidentes y ejecutivos para que el poder político no les reclame más contribuciones vía impuestos por la “difícil situación que atraviesan” lo que hay es un instrumento de intervención para que se les siga manteniendo el nivel de privilegios que permite a la banca pagar apenas un 6,3% en impuestos por sus beneficios, incluso no pagar aplicando todo tipo de vergonzosos privilegios fiscales, y acumular una porción de la riqueza nacional cada vez mayor.
Una enmienda para redistribuir la riqueza
Cuando la mayoría de la población del país esta sumida en cómo sortear las consecuencias de la pandemia, en salud y vida y condiciones de vida…, la banca calcula cuánto subirán sus dividendos el año que viene.
Cuando el 10% de las empresas, especialmente autónomos y pymes, están abocadas al cierre y un 40% de las empresas no pueden amortizar la deuda contraída en lo que va de pandemia, según el informe del Banco de España, la banca hace cuentas de cuál será su nuevo paso en el festín de las fusiones.
Es mentira que no tengan beneficios y riqueza acumulada para contribuir proporcionalmente al interés general de la nación y de sus ciudadanos en la lucha contra la pandemia. Este debería ser un punto nodular del debate parlamentario de los presupuestos en el Congreso y el Senado: modificar la fiscalidad recogida en los presupuestos presentados para acabar con los privilegios fiscales y que bancos, monopolios y grandes empresas, pero especialmente los bancos, paguen, cuanto menos íntegramente, el 25% legal sobre sus beneficios.
¿Y por qué no un impuesto especial para luchar contra los efectos de la pandemia?