En España hay una cuestión encima de la mesa que ha estado determinando todo lo que se ha movido en el proceso de investidura: el cambio de modelo político, puesto en cuestión tras la quiebra del bipartidismo hegemónico de PP-PSOE desde los inicios de la transición democrática, y la conformación de un modelo político nuevo.
El hundimiento del bipartidismo, PSOE-PP, que pasó de representar más del 80% del electorado (el 83,8% en las elecciones de 2008) a apenas el 50% en las generales de 2015, ha venido acompañado del surgimiento de nuevas fuerzas emergentes, a partir de las elecciones de 2015; Podemos alcanzó un 20,66% de los votos emitidos y Ciudadanos, que paso de Cataluña a convertirse en una fuerza nacional, obteniendo el 13,93% de los votos.
Pero, sobre todo, si algo ha determinado la quiebra del bipartidismo ha sido la aparición de una mayoría social progresista, lo que desde estas páginas hemos llamado un “viento popular y patriótico”, que persistentemente, desde las europeas de 2014, y especialmente en las generales de 2015, viene manifestándose persistentemente, demandando el final de los recortes, las políticas de saqueo a la población, la regeneración democrática y la defensa de la unidad.
Son estos cambios los que están determinando la configuración del nuevo modelo político, en particular la confrontación entre: las fuerzas que pretenden que sigan imponiéndose los intereses de los grandes centros de poder que representan al gran capital extranjero (FMI y Bruselas, Washington y Berlín) y los de la oligarquía financiera y monopolista española, por un lado; y, por otro, esa mayoría social de progreso que exige el fin del proyecto de saqueo a la población y degradación del país. Una mayoría que ha ido ganando cada vez más fuerza, como se ha visto en las batallas que se están librando en estos dos últimos años por las pensiones, por los derechos de las mujeres y contra la violencia machista, así como por la subida de los salarios.
Esta pugna está en el fondo de todos los movimientos que se están produciendo en los últimos meses en torno a las batallas electorales y la configuración de los poderes territoriales, y sobre todo, en relación con la conformación del gobierno del país.
En un artículo del mismo día de la investidura fallida, el director adjunto de La Vanguardia, Enric Juliana, titulado “La Culpa”, se refiere a esta cuestión en los siguientes términos.
“Unas elecciones en noviembre –si a Ciudadanos o al Partido Popular no le tiemblan las piernas en septiembre y facilitan la investidura de Sánchez antes de sesenta días– no tendrían lugar en clave de ‘avance o retroceso’, como ocurrió en abril ante la irrupción de Vox con ecos de la nueva extrema derecha europea. Tampoco serían unas clásicas elecciones entre izquierda y derecha. Serían unos comicios, amenazados por una fuerte abstención, en clave funcional: estabilidad o más bloqueo. Premio a los partidos de orden (PSOE y PP) y castigo a los partidos nuevos por haber introducido un grado de complejidad en la política que la sociedad empieza a tener dificultades de entender y absorber. Reforzamiento del bipartidismo clásico y transformación de Ciudadanos y Podemos en satélites más pequeños y más fáciles de controlar. Corregir abril en favor de los pilares del 78. Esta es la clave última de todo lo que está ocurriendo este mes de julio”.
Pero si la conformación del modelo político está en el fondo de lo que ocurre, maniatar o minimizar la influencia de ese viento popular en el nuevo modelo es el objetivo que por los caminos, no todos conocidos, persiguen muchas de las fuerzas que intervienen, abierta o encubiertamente, en este proceso, internacionales y de aquí, políticas, económicas o mediáticas…