El ministro de Economía, Luis de Guindos, lo llama “reordenación del sector”, los más elegantes hablan de “socialización de las pérdidas”, mientras que los enemigos de los eufemismos se decantan directamente por el término “expolio”. Dicen que la reforma financiera de 2012 será recordada en un futuro como el mayor expolio cometido contra los españoles. Y no, todavía no ha ido nadie a la cárcel.
Básicamente, la reforma ha consistido en detraer recursos de los contribuyentes para salvar a las entidades financieras. A todas las entidades. Tanto las ‘tóxicas’ como las que conforman esa reducida elite mal llamada ‘banca sana’.
El diputado y portavoz de UPyD para los asuntos económicos, Álvaro Anchuelo, preguntó recientemente a De Guindos por la cuantía total de las ayudas públicas destinadas a la reestructuración. Nadie lo sabe. Ni siquiera el ministro. Entre el dinero de Bruselas, el FROB, los esquemas de protección de activos (EPA), los avales (¿alguien se acuerda ya de los avales?), resulta imposible realizar un cálculo exacto. Uno comienza a sumar y se va a los 50.000, los 60.000, o incluso a los 70.000 millones. Es casi como contar monedas al juego de los chinos en la barra de un bar.
De Guindos insiste hasta la extenuación en que estas ayudas tendrán un coste cero para el Estado, en tanto en cuanto deberán ser reintegradas por las entidades beneficiadas. Ahora bien, que levante la mano quien crea que la banca va a devolver el dinero prestado por el FROB. ¿Va a generar una Bankia en proceso de desguace recursos suficientes para cancelar el préstamo de 22.000 millones? ¿Qué sucede con los 8.850 millones inyectados a Banco de Valencia una vez que se lo ha vendido a la Caixa por un euro? Sencillo: ese dinero ya se ha perdido. Lo mismo que los créditos concedidos por el FROB 1. Todo perdido.
En aras del rescate del sistema financiero, el Gobierno ha subido impuestos a los ciudadanos, ha dejado atrapados a cientos de miles de particulares en el corralito de las preferentes, se ha llevado por delante los ahorros de los inversores particulares que acudieron a la “aplaudida” salida a bolsa de Bankia y ha dado el nihil obstat al despido de 10.000 trabajadores del sector. Son las víctimas del expolio. En el otro plato de la balanza se encuentran los acreedores internacionales y los gestores de las cajas que condujeron con su mala praxis a esta situación. Estos, en cambio, han salido indemnes.
Los exdirectivos de las cajas hoy nacionalizadas o en quiebra se han paseado ufanos por el Congreso y tribunales como si la cosa no fuera con ellos. “Invertimos en el aeropuerto de Ciudad Real porque nos dijeron que era un gran proyecto cuya racionalidad económica estaba más que probada” (el expresidente de Caja Castilla-La Mancha, Juan Pedro Hernández Moltó, el pasado 27 de noviembre); “Créanme, un coche blindado no es la cosa más cómoda del mundo” (el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, sobre su BMW de medio millón de euros). Pocos espectáculos han resultado tan bochornosos como las comparecencias de estos directivos. Se autoeximían de responsabilidad alguna y argüían que no entendían de balances, que a lo que se dedicaban era a la Obra Social. Y no, todavía no ha ido nadie a la cárcel.
Una reforma para tapar agujeros
Existe la convicción de que el Ejecutivo se está valiendo de la reforma financiera para tapar los agujeros de un barco cuyas cuadernas parecen sufrir de carcoma, esto es, de que las ayudas indirectas que están recibiendo los grandes bancos tras engullir a las cajas nacionalizadas se están empleando para arreglar los maltrechos números de estos. Y todo ello a costa de provocar un ingente agujero en las arcas del Estado. No en vano, España cerrará el año 2012 con un déficit público del 9%, de los que dos puntos porcentuales corresponden exclusivamente al rescate bancario.
Grosso modo, el Gobierno se está valiendo de las entidades nacionalizadas para que la gran banca solvente sus propios problemas, ya sea el agujero que tiene en su cartera de participaciones industriales, ya sea la situación de insolvencia en sus divisiones españolas. Economía entrega una suculenta dote pública a las cajas en quiebra y, acto seguido, se las ‘regala’ a los popes financieros. Salvando las distancias, recuerda a la venta de ciertos activos de Banesto tras su intervención. Hubo quienes los adquirieron a precio cero y hoy son multimillonarios.
El Sabadell recibirá más de 21.000 millones de euros para quedarse con la CAM (la Santa CAM, que así es como se refieren a ella en el banco catalán), de los que 5.300 son capital más un EPA de 16.000 millones (el 80% de una cartera de 20.000); el BBVA se ha llevado 1.997 millones con Unnim, divididos en 953 de capital y 1.044 de EPA (80% de una cartera de 1.350), y la Caixa se ha comprado Banco de Valencia por un euro y a cambio ha recibido 8.850 millones en ayudas públicas, 4.500 de capital más un EPA de 4.350 (72,5% de una cartera de 6.000 millones) (…)