Según el “semáforo Covid” puesto en marcha por el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, toda España está en rojo, con una incidencia por encima de 300 casos por 100.000 estamos entre los cinco países con más contagios de la UE.
Nos acercamos ya al millón de afectados. No es solo Madrid, los últimos datos hablan de que la pandemia se dispara en Cataluña y las comunidades con más incidencia son Navarra, Madrid y Castilla y León…
La escalada del virus está obligando a tomar medidas cada vez más drásticas por toda España. Cataluña cierra bares y restaurantes. Madrid estudia pedir al gobierno la implantación del toque de queda cuando decaiga el estado de alarma. Navarra aplica el cierre perimetral de la comunidad. Se cierra Burgos. Las restricciones en la hostelería, de movilidad y en reuniones se extienden por todas las comunidades autónomas…
Los expertos siguen insistiendo en la necesidad de esas medidas preventivas, incluso de otras aún más drásticas, no ya para que la gente cumpla, sino para que las autoridades intervengan con más recursos y medidas; como decía la viróloga Margarita del Val en la Sexta televisión, “ Entramos en una época durísima y las medidas adicionales serán necesarias”, entre ellas más PCR, apoyo a los confinados y hacer posible las cuarentenas efectivas de los infectados, mejorar las condiciones en las empresas…
Si la epidemia no se controla tomando medidas drásticas por encima de los 50-100 casos acumulados como recomiendan los expertos, no solo se pone en peligro la vida de los ciudadanos, sino que se condena a la economía -y por tanto, también a trabajadores, pymes y autónomos- a consecuencias mucho más graves.
Por eso no es comprensible la crispación y la intensa campaña de degradación de la vida política a la que asiste estupefacta e indignada la población ante una clase política incapaz de consensuar ni siquiera la gestión de la pandemia que asola el país. Cuanto menos en cómo abordar las medidas económicas y sociales para hacer frente a la pandemia económica. Y es que la verdadera contradicción no está entre salud pública y economía, sino entre los intereses de la oligarquía financiera y el gran capital, por una parte, y los de las clases populares, por la otra.
La situación: una bomba de relojería
Ya es de dominio general, como decía un editorial, que “España es el país que sufrirá la mayor contracción económica entre los países desarrollados”. El propio gobierno ha presentado un cuadro macroeconómico que pone de manifiesto que la crisis será más larga y profunda de lo que se anunciaba hace apenas 6 meses.
Acabaremos este año 2020 con una caída de la economía del 11,2% del PIB, frente al 9,2% que se anunciaba en abril.
Con un déficit público del 11,2%, equivalente a casi 140.000 millones, tanto como las ayudas que se esperan de Bruselas.
Una montaña de deuda pública del 118% del PIB.
Y una tasa de paro por encima del 17%.
Aún así, con las condiciones actuales de la pandemia sanitaria, y con la inyección de las ayudas europeas el Plan Presupuestario del gobierno prevé una recuperación muy limitada para 2021: una recuperación de entre 7,2 y 8 puntos de la economía; un déficit que seguirá casi en el 8%, una deuda que no bajará del 118% y una tasa de paro que tampoco, del 17%. Nos enfrentamos a un largo periodo de estancamiento y recuperación lenta y prolongada y debemos prepararnos para ello.
Y aún puede ser peor
Esta situación puede verse agravada por el impacto en la economía de la segunda ola de la Covid-19 y las restricciones provocadas por la extensión de los confinamientos que ya están profundizando las consecuencias directas económicas y sociales, y que pueden convertir en papel mojado las previsiones del gobierno enviadas a Bruselas.
Según el último informe del FMI, España será la economía con mayor contracción económica de las economías desarrolladas, la caída del PIB (hasta un 12,8% este año) y la subida del déficit (hasta el 14,1%) hundirán todas las previsiones del gobierno. A lo que hay que añadir una deuda pública que crece desbocada; podríamos llegar al 123% a final de año, cinco puntos más de lo previsto por el gobierno. En la misma línea se han pronunciado el Banco de España y analistas económicos como los de Funcas y economistas.
Las repercusiones de esta profundización de la crisis se anuncian especialmente dramáticas para la clase obrera y el pueblo trabajador. la tasa de paro se estancaría en torno al 17%, incluso subiría hasta el 20% el próximo año como consecuencia de los 730.000 trabajadores que todavía hay en ERTEs, de los cuales una parte pueden acabar en el paro cuando decaigan el próximo 31 de enero; y los cientos de miles de asalariados y autónomos que pueden engrosar el desempleo con las nuevas restricciones provocadas por la pandemia.
Acabaremos el año con un millón de empleos destruidos; tres millones y medio han sufrido un recorte del 30% de sus salarios por los ERTEs… El paro y la precariedad laboral y salarial conforman un cóctel dramático para cuatro millones y medio de “trabajadores pobres” (uno de cada cuatro trabajadores españoles), muchos de los cuales engrosan las nuevas “colas del hambre”.
El Plan Presupuestario
Cuando la recuperación depende de Bruselas
Tanto el Plan de Recuperación que presentó el gobierno, con el que Pedro Sánchez prometió la creación de 800.000 puestos de trabajo en tres años, como el Plan Presupuestario enviado a Bruselas, tienen un punto nodular en común: los dos están supeditados a la llegada de los fondos europeos.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española para tres años (2021-2023) establece los objetivos generales y las líneas maestras de cómo se van a gastar 72.700 euros de ayudas europeas para crear empleo y modernizar la economía.
El plan gira en torno a dos grandes pilares que se llevarán el 70% del dinero: la transición verde (el 37%) y la transición digital (otro 33%).
El Plan Presupuestario enviado a Bruselas, por su parte, se basa en un aumento inédito del techo de gasto -lo máximo que pueden gastar los ministerios- hasta los 196.000 millones de euros. E incluye el adelanto de 27.400 millones de euros de los fondos europeos que se incluirán en los Presupuestos Generales del Estado que han de salir de este Plan Presupuestario y que prepara el gobierno para el próximo año.
Este plan incluye nuevos impuestos (Ver recuadro) con los que el gobierno pretende incrementar la recaudación en 6.850 millones. Y en el capítulo de gastos sociales, una subida del las pensiones del 0,9%; 3.000 millones para garantizar el pago del Ingreso Mínimo Vital y la financiación de la implantación plena de los permisos de paternidad y maternidad de 12 a 16 semanas.
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RECUADRO CON LOS NUEVOS IMPUESTOS
-Tasas Google y Tobin: 1.800 millones de euros
-Impuesto envases de plástico de un solo uso: 490 millones.
-Otros impuestos verdes ( por determinar,…diésel.): 1.300 millones
-Subida del IVA del 12% al 21% a bebidas azucaradas: 340 millones
-Subida del IRPF a rentas más altas: 550 millones.
-Otros sin especificar, podrían incluir subida del IVA a Sanidad y Educación privadas…): 1.500 m.
-Una Ley contra el fraude fiscal: 850 millones.
* En esta propuestas no aparecen el Impuesto de Sociedades, ni Patrimonio ni un impuesto a las grandes fortunas… |
Los tres riesgos de la dependencia de Bruselas
Los planes de recuperación y presupuestarios presentados por el gobierno dependen básicamente de las ayudas europeas, y más específicamente de los 72.700 millones de euros de transferencias directas que “no hay que devolver”, renunciando, al menos por ahora, a los otros casi 70.000 millones de euros en préstamos, de los 140.000 millones a los que España tendría derecho según lo acordado en la cumbre de julio.
Según ha publicado El País, fuentes del ministerio de Economía y de la Moncloa habrían confirmado al diario que el gobierno renuncia a pedir los préstamos y de momento solo pedirá a corto plazo las ayudas comunitarias en subvenciones. Esas mismas fuentes confirman que solo hay planes para tres años, 2021, 2022 y 2023, que basta con las transferencias directas para cubrirlos y que en todo caso hay tiempo hasta abril de 2023 para pedir más dinero si fuera necesario.
El primer ministro de Portugal ya ha anunciado públicamente la renuncia a los préstamos y que su país solo pedirá las ayudas directas. Italia, incluso Francia podrían estar considerando esta opción.
Sin duda es una opción del gobierno para aprovechar las ayudas europeas limitando la espiral de endeudamiento del país.El problema es el precio cada día más alto y las condiciones cada vez más duras que quiere imponer Bruselas para acceder al dinero del fondo europeo.
En primer lugar se retrasa la llegada del dinero, prometido para enero de 2021. No hay acuerdo sobre los detalles concretos entre la Comisión, la Presidencia alemana y el Parlamento Europeo; y el enfrentamiento entre ellos amenaza con bloquear el reparto de fondos hasta bien entrado el segundo semestre de 2021. Un auténtico jarro de agua fría para los países más afectados y necesitados de liquidez inmediata para hacer frente a las consecuencias de la pandemia y poner en marcha los primeros planes de recuperación.
En segundo lugar, las condiciones asociadas a la entrega del dinero son cada vez más oscuras y draconianas. Alemania, que ostenta la presidencia rotativa de la UE, está imponiendo una versión dura del reglamento que ha de regular las condiciones para acceder al dinero de las ayudas. La propuesta alemana, apoyada por la mayoría del Consejo Europeo, mantiene el vínculo de la ayuda con las reformas y reglas fiscales y la posibilidad de suspender los desembolsos en caso de incumplir con las reglas fiscales. Es decir, sobre España se va a ejercer una presión insoportable más temprano que tarde para ir hacia el déficit cero, reducir la deuda a niveles anteriores a la pandemia, controlar el gasto en pensiones o profundizar las reformas laboral y de pensiones si quiere disponer del dinero.
Y en tercer lugar, el miedo a que se reactiven las reglas fiscales -ahora suspendidas-antes de que la recuperación económica se consolide en países como España y puedan bajar el déficit del 3,5% que exige el Pacto de Estabilidad. Y con ellas vuelvan las exigencias de Bruselas para aplicar más ajustes y recortes. Una amenaza que puede llegar mucho antes de lo esperado en 2022, cuando la recuperación se consolide en Alemania, tres años antes que España.
No sabemos qué dirá Bruselas en noviembre cuando publique su valoración del Plan presentado por el gobierno de coalición, pero sí sabemos sus resistencias a las subidas de las pensiones para garantizar el poder adquisitivo y sus exigencias para que se recorten. También las presiones de Washington para que no se suban los impuestos a las multinacionales tecnológicas como Google y Amazon, que siguen sacando multimillonarios beneficios de la pandemia. Y, por supuesto, las maniobras de los asambleístas de la oligarquía financiera, bancos y monopolios, reunidos por la CEOE para que no se les suban los impuestos y controlar en su propio beneficio la mayor parte de los 72.700 millones de euros del Fondo de Recuperación Europeo.
Lo ha dejado bien claro la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín: Los bancos “tenemos suficiente colchón de capital”, pidiendo que la banca pueda repartir los dividendos que tienen retenidos para que sus principales accionistas tengan más músculo con el que entrar a la subasta de oportunidades que se abre con el reparto de los fondos europeos.
Mientras las petroleras como Repsol desembarcan en el sector de las renovables y junto con eléctricas como Iberdrola o Endesa y multinacionales extranjeras como Total o Galp tienen ya preparados proyectos “verdes” por más de 30.000 millones de euros.
Políticas para hacer frente a la crisis redistribuyendo la riqueza
En Bruselas como en España se libra una intensa batalla entre los grandes centros de poder internacionales y nacionales y los intereses del pueblo de nuestro país, en torno a quién y cómo va a cargar con los costes de la pandemia.
Eso es lo que está en juego en la negociación de los fondos europeos en Bruselas y de los presupuestos en Madrid, en las negociaciones entre los sindicatos y la patronal o en el debate sobre la reforma de las pensiones. Y eso es lo que se dirime tras la crispación política que tiene en vilo al país.
Los centros de los grandes poderes dominantes de dentro y fuera del país, y las fuerzas políticas de la derecha que les representan, intentan poner límites y marcar las políticas del gobierno de coalición de izquierdas para eliminar todas aquellas medidas establecidas bajo la influencia de la mayoría social progresista que votaron los españoles: desde las subidas de impuestos a las tecnológicas, bancos y monopolios, a la derogación de las reformas laborales o seguir mejorando las pensiones.
En última instancia todo se concentra en si esta crisis la vamos a pagar los mismos que hemos pagado la anterior, mientras el gran capital oligárquico y extranjero dan otra vuelta de tuerca al saqueo de nuestro país y la población descargando sobre nosotros las pérdidas de la pandemia.
Sindicatos y otros colectivos como “Economistas frente a la crisis” ven “insuficientes” las propuestas y consideran necesario políticas de “estímulo” que tiren ya mismo de la economía.
Para UGT, las medidas fiscales son “positivas pero insuficientes” y critica que “se elude afrontar una reforma fiscal extensa, limitándose a introducir algunas medidas puntuales que, aunque son positivas, resultan insuficientes».
Asimismo pide que en los Presupuestos se incluya un “potente plan de estímulos directos e inmediatos a la actividad de manera social y diferenciada” que, como ha propuesto también Antonio González, vicepresidente de “Economistas frente la crisis”, convierta al consumo en un motor de la recuperación económica, extendiendo la red de protección social y evitando el aumento de situaciones de pobreza. En este sentido los sindicatos consideran absolutamente necesario que se mantengan los ERTEs más allá del 31 de enero todo el tiempo que sea necesario.
Según “Economistas” no podemos esperar mientras llegan unas ayudas europeas que no estarán hasta la segunda mitad del 2021. Por eso proponen medidas sociales que suban las rentas familiares y que se conviertan en “consumo inmediato” tirando de la economía. Por ejemplo, un subsidio durante nueve meses para los 1,6 millones de desempleados y autónomos que no pueden abrir sus negocios inyectaría en la economía 6.000 millones de euros.
Además proponen que el gobierno debe trabajar desde ya en un plan de “consolidación fiscal” para aprobar medidas impositivas y que contribuyan más quienes más beneficios y riqueza acumulan. Entre otras un impuesto a las grandes fortunas, rentas más altas y grandes patrimonios, para movilizar los ingentes recursos económicos que tienen en gran parte en “estado de parálisis”.
No puede haber una salida a esta nueva crisis económica que beneficie a la inmensa mayoría de la población y no a una ínfima minoría de grandes capitalistas si no es con políticas que hagan avanzar una redistribución de la riqueza más justa.
Elevar los salarios y rentas de la población, de los trabajadores, muy especialmente de las mujeres, los jóvenes y los sectores esenciales como la sanidad, la educación pero también la limpieza o los cuidados del hogar, de las familias, de los pensionistas, los autónomos, pequeños y medianos empresarios…, garantizando sueldos dignos, revalorizando las pensiones y ayudas suficientes para mantener los ERE y contra el cierre de sus negocios… No es solo un acto de justicia social, es poner en marcha un poderoso motor de recuperación de la economía.
Banqueros, monopolistas y capital extranjero, grandes fortunas del país claman que no se les suban los impuestos “por la pandemia”, al contrario que sea el Estado el que se endeude y suba los impuestos como el IVA que pagamos todos… Pero no dicen nada de los más de 164.000 millones de euros que el conjunto de grandes bancos y empresas del Ibex-35 ganaron en los cinco años anteriores a la pandemia. Como dice la jefa del Santander: “Los bancos tenemos suficiente colchón de capital para repartir los dividendos”. ¿Y no para contribuir a la Hacienda común? Claro que tampoco pueden los monopolios tecnológicos que están haciendo su agosto en la pandemia con Internet y la plataformas digitales, ni las multinacionales como Inditex que ya gana 240 millones de euros en un trimestre, ni las eléctricas o las grandes empresas de alimentación…
Necesitamos un plan fiscal a corto y medio plazo para movilizar los ingentes recursos apalancados por bancos, monopolios y grandes fortunas para que contribuyan con recursos nacionales a la recuperación del país reduciendo el endeudamiento. Apoyando las medidas del gobierno que van en este sentido, como la tasa Google o las leyes contra la evasión fiscal.
Solo con medidas redistributivas de la riqueza es posible salir de esta crisis sin ahondar aún más el empobrecimiento de las clases populares, sentar las bases para dar un salto en la modernización e industrialización del país asentado en las nuevas energías y evitar encadenar el futuro de las nuevas generaciones a una pesada montaña de deuda.