El hecho de que a finales de junio, sin haber entrado en vigor los Presupuestos Generales del Estado, con un rescate bancario formalmente solicitado a la Unión Europea para recapitalizar potencialmente todas las entidades financieras menos tres, el déficit del Estado se haya disparado hasta el 3,4% “comiéndose” así la previsión para todo el año (de 3,5% para la Administración central), acredita que el Gobierno ha perdido el control de la crisis, por más que el dato lo edulcore la secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Curras. No era difícil suponer que este punto crítico se iba a producir indefectiblemente. Esta circunstancia es especialmente grave porque el pasado 3 de junio Cristóbal Montoro ofertó a la opinión pública y a los mercados un idílico panorama según el cual las Comunidades Autónomas presentaban déficit cero. Obviamente, por transferencias adelantadas por el Estado que ahora se han revelado como perversas, tanto desde el punto de vista financiero-presupuestario como político. Perversas, incluso, desde el punto de vista de la estricta veracidad del discurso gubernamental.En paralelo, el Ejecutivo –que hasta sólo unos días consideraba las recomendaciones del FMI y de la propia Comisión como meras sugerencias- se aplica ya en la redacción de las disposiciones necesarias para el incremento del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) e impuestos especiales. Y se plantea también la supresión inmediata de las deducciones por compra de vivienda. Pronto vendrán otras medidas que el Gobierno -con notoria temeridad- garantizó no adoptaría: disminución de los salarios de los empleados públicos; adelanto de la vigencia de la jubilación a los 67 años e, irremediablemente, reforma del subsidio de desempleo que, con el servicio de la deuda soberana, es uno de los elementos estructurales del gasto del Estado. De tal forma que, sin estar intervenidos formalmente, el Gobierno emite señales de que lo estamos de hecho y con todas las consecuencias (…)
Atrás quedan seis meses desaprovechados con unos yerros políticos y de gestión -internos y externos- que neutralizaron un tiempo de oro para las acciones fulminantes que España requería. Perdida esa oportunidad, estamos ya intervenidos y el rescate de España -muy grande para caer de golpe pero no tanto para hacerlo poco a poco- se irá implementando por etapas desde la troika. Y no habrá financiación –sea del BCE, sea de los fondos de rescate- en tanto el Gobierno no cumpla, como el portugués, el griego o el irlandés, las órdenes de Bruselas. Lo dijo sin sombra de duda alguna el vicepresidente de la Comisión y comisario de la competencia, Joaquín Almunia, el pasado lunes en un auditorio convocado por el diario ABC y Deloitte: “Las recomendaciones de la Unión Europea son obligaciones para España y su incumplimiento tendrá duras consecuencias”. Pocas horas antes de que se pronunciasen estas palabras, el presidente del Gobierno -advertido- anunciaba en la clausura de la asamblea de la CEOE de la adopción de nuevas, duras y difíciles medidas”.