Al presidente Rajoy y los miembros de su Gobierno les irrita de manera profunda que se diga que en España hay grandes bolsas de pobreza, e incluso miseria. Cáritas acaba de declarar que ya son un millón y medio las familias españolas que viven en zonas de autentica exclusión social. Y eso mismo lo dijeron PSOE, IU y UPyD en el pasado debate sobre el Estado de la nación y Rajoy se indignó y contestó de la peor manera posible a los portavoces de la oposición y especialmente a Rosa Díez, que fue quien hizo más hincapié en esta situación y en los problemas de alimentación de niños españoles.
Por eso cuando al ministro Montoro le han mostrado las cifras de Cáritas ha puesto mala cara, ha dicho que no son ciertas y tuvo la desfachatez política y personal de justificar que el Estado pague el 50% a las ruinosas autopistas radiales de Madrid -como pagó el rescate de las Cajas de Ahorro por 40.000 millones de euros- para decir que estas cuestiones no son comparables y que el Estado así ahorra dinero y puede ocuparse del gasto social. Es decir, como en la parábola del rico Epulon, cuanta mas comida haya sobre la mesa pública mas migajas se caerán al suelo para alimentar a los desamparados de este país.
Las cifras de la pobreza en España son espeluznantes y por eso el Gobierno no quiere que se conozcan para no marchar el brillo de latón de la ‘marca España’. Pero esas familias desamparadas son familias españolas y ocultarlas no las hace desaparecer. Y llama y mucho la atención que el Gobierno no haya desplegado un plan de urgencia contra estas lamentables situaciones y, especialmente, en lo que a la alimentación de los niños se refiere. Y hora es que el Ejecutivo empiece a ocuparse en serio de estos asuntos que son de la mayor gravedad.
Como hora es que despliegue un plan de choque contra el paro, porque todo lo que han inventado hasta el momento han sido una colección ‘ocurrencias’ de muy escasa eficacia y no un plan que, en cuestión de meses, provoque la creación de dos millones de puestos de trabajo con un llamamiento nacional a la solidaridad y toda clase de ventajas fiscales y empresariales. Pero pedir a este Gobierno este tipo de iniciativas son ganas de perder el tiempo. El Gobierno está solo a lo que diga Bruselas, lo que mande el BCE y el FMI y para verlas venir, a sabiendas de que son los ciudadanos mas desfavorecidos de la sociedad los que están sufriendo el gran impacto de la crisis en su trabajo y familias. Y muchos de ellos en situaciones desesperadas.
Como sería justo que el Gobierno investigara y sancionara a los bancos que venden los pisos incautados por desahucios a precios más bajos de los que se les ofreció a sus propietarios para que los pudieran recomprar, como está ocurriendo y parece esconderse bajo los oscuros negocios de la Sareb, que también pierde dinero.
Las posiciones conservadoras del Gobierno del PP están llevando demasiado lejos su abstención o inhibición ante el desastre social que está afectando a millones de personas de este país. Y que ya está llegando con fuerza a calles y plazas de España en continuas e imparables manifestaciones que no cesarán de crecer. Las que ahora algunos gobernantes del PP, como la alcaldesa Botella y el presidente I. González de Madrid, pretenden ocultar sacando los recorridos del centro de la ciudad, lo que sería otro disparate que nunca podrán controlar.
Mientras el Gobierno y macroorganismos internacionales hablan del optimismo que se cierne sobre la España de 2014 -y ojalá que eso fuera cierto- la realidad social del país dice otra cosa distinta y empieza a dar señales de desesperación. Algo que hasta ahora no había ocurrido y que el Gobierno debería de tener en cuenta. Pero no para tapar la pobreza y esconder las manifestaciones si no para actuar con la mayor urgencia y diligencia, en vez de pasar los días en pomposos debates de grandes asociaciones empresariales, de foros, convenciones y toda clase de sesudos debates que no sirven para nada y donde los gobernantes y primeros dirigentes del país pasan el rato alegremente, mientras la nave española hace agua por los cuatro costados y hay un millón y medio de familias en situación de alto riesgo. Como lo asegura Cáritas, diciendo la verdad desde el corazón de su organización, que es ejemplar.