El gobierno de Rajoy, como ya adelantó el ministro Soria, (canario para más señas), hace dos años, ha decido reactivar mediante la concesión de tres permisos de perforación, un proyecto que esconde una dura lucha de intereses. Tras más de un decenio «desde 2001- de lucha social y jurídica, el proyecto fue paralizado por los tribunales a instancias del gobierno canario que presentó recursos contra el permiso solicitado por la empresa Repsol-YPF para explorar el litoral canario en busca de hidrocarburos, a través de nueve sondeos en la plataforma española. En la plataforma africana, los gobiernos de Marruecos y Mauritania, han autorizado sondeos paralelos a otras empresas que operan mediante un acuerdo con Repsol.
Después de los primeros reveses, gobierno y Repsol, que entonces pretendía explotar importantes yacimientos en Argentina a través de YPF, abandonan temporalmente el proyecto. Hace dos años, y tras la expropiación de YPF por parte del gobierno argentino y la consiguiente pérdida de los yacimientos de Vaca Muerta, multinacional y gobierno, retoman de nuevo el viejo proyecto. «Si el proyecto sigue adelante, se habrá consumado un nuevo atropello de la voluntad popular para beneficio de las multinacionales y la oligarquía»
El jueves pasado, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, concedía permiso y daba por bueno el estudio de impacto ambiental DIA para las prospecciones solicitadas por Repsol en el litoral Canario. Esto, en palabras del Secretario de Estado Don Federico Ramos, que lo anunció mediante rueda de prensa previa a su publicación en el BOE, “es debido al interés social que la existencia de importantes recursos energéticos en la zona tendría para el estado español y al mínimo impacto medioambiental y bajo riesgo de accidentes”, aclarando que únicamente se autorizan tres prospecciones en la costa de Lanzarote y Fuerteventura y sólo para comprobar la existencia de bolsas de hidrocarburos.
Lo que de verdad se esconde detrás de estas declaraciones y un sinfín de datos técnicos aportados por el ministerio, es que, de nuevo, se han plegado a los intereses de la oligarquía representada en este caso por Repsol , La Caixa, Sacir, Pemex y otros accionistas, en contra de la voluntad e intereses del pueblo y de la protección del medio ambiente y los recursos canarios.
Mayoría más que absoluta en contra
Los canarios y una inmensa mayoría del resto de los españoles, se oponen frontalmente a esto, desde las asociaciones de barrio, la universidad, los grupos ecologistas, etc. el pueblo, con una unidad que incluye a los votantes del PP, se manifiesta frontalmente en contra de estas prospecciones, por su impacto directo mayor que el declarado y por los consiguientes trabajos de extracción que vendrán detrás, ya que Repsol tiene la certeza de que los pozos que a pocos kilómetros se explotan en aguas marroquíes y mauritanas indican la existencia de bolsas rentables para su extracción, lo cual es el fin último.
La postura radicalmente en contra, queda reflejada en las declaraciones del presidente de Baleares, señor Bauzá, miembro destacado del PP que ha instado al gobierno a no autorizar ninguna prospección en el archipiélago balear. Esto además, ha dado alas al gobierno de Paulino Rivero de Coalición Canaria, para exigir a los diputados del PP Canario un cambio de postura, ya que son los únicos que no están en contra de las prospecciones.
Riesgos para muchos, beneficios para unos pocos
Los trabajos se realizarán desde un barco, que perforará el fondo marino con unos taladros de casi un metro de diámetro, expulsando miles de metros cúbicos de material pesado al océano, produciendo alteraciones en la turbiedad y composición del agua y provocando la posterior decantación sobre los fondos de coral y de cría de muchas especies marinas. Por otra parte, los trabajos que pueden alargarse por más de un año, dependiendo de las condiciones, producirán un impacto de ruido, sonar de rastreo y motores, y lumínicos debido al balizamiento de los barcos, que son potencialmente perjudiciales para las distintas especies y principalmente de cetáceos. Por último, es importante el volumen de residuos que estos barcos van a lanzar al mar, incluyendo aceites pesados y gas-oil de su propio funcionamiento, amén de la posibilidad de un escape de crudo de las posibles bolsas perforadas.
Los trabajos previstos, tienen un coste directo aproximado de más de trescientos millones de euros, con muy baja repercusión para el archipiélago, además de los costes indirectos y de los estudios previos y posteriores. Este coste, asumido íntegramente por Repsol, no se entiende sin la seguridad de poder extraer posteriormente el crudo y el gas para su comercialización.
Todo esto, ya de por sí bastante determinante para la flora y fauna marina y con efectos denunciados incluso por turoperadores extranjeros, sobre el turismo de las Islas, sumado a las formas y plazos en que todo se ha desarrollado, ha dejado una sensación de impotencia e indefensión en la población y el gobierno canario. Se ha autorizado a unos días de que ese litoral Canario pase a estar protegido por el programa europeo Red Natura 2000, retrasado por el gobierno central y que obligaría a un estudio más exhaustivo, que posiblemente no aconsejara la concesión de dichos permisos. Por último, se ha difundido la víspera del día de la Comunidad Canaria, lo que ha sido denunciado como una “cacicada” y un “acto hostil” por miembros de los cabildos insulares.
No faltan las denuncias de los principales grupos ecologistas mundiales, pidiendo la implantación de sistemas de generación de energías limpias, como parques eólicos, generadores mediante corrientes y mareas, y otras muy adecuadas al marco Canario, con menor impacto ambiental y mayor repercusión en la economía local.
Falta un último trámite, que es el permiso del Ministerio de Industria, dirigido por Don José Manuel Soria, para el que grupos ecologistas Canarios, están pidiendo la declaración de persona non grata en su propia tierra.
Si como por desgracia todos temen, el proyecto sigue adelante, se habrá consumado un nuevo atropello de la voluntad popular, los intereses económicos del pueblo, los medioambientales y un largo etcétera, para beneficio de las multinacionales y la oligarquía.