La subasta de NCG Banco (Novagalicia) está alcanzando su punto culminante. Tanto los bancos como los fondos interesados en la entidad nacionalizada han incrementado su presión sobre el FROB y, por extensión, sobre el Gobierno hasta niveles casi insoportables. Y el propio fondo de rescate bancario está flexibilizando su postura de modo que ha abierto la puerta a conceder ayudas públicas a los fondos en forma de EPA (esquema de protección de activos), según fuentes cercanas al mismo. Hasta ahora, sólo los bancos habían pedido estas ayudas y se suponía que los fondos iban a pagar un precio positivo por la entidad.
Hasta ahora, el gran favorito para adjudicarse la entidad gallega era el fondo norteamericano Guggenheim, debido al apoyo del presidente de NCG, José María Castellano, y del de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Hasta el ministro Luis de Guindos ve con buenos ojos la venta a un fondo extranjero como prueba del éxito de la reforma financiera española. Ante esta situación, los bancos interesados -BBVA, Santander y La Caixa-, en especial esta última, han forzado la máquina todo lo posible para contrarrestar esta situación.
Como informó El Confidencial, el presidente de la caja catalana, Isidre Fainé, ha ofrecido a Feijóo igualar las condiciones de «galleguidad» que tendría NCG en manos de un fondo. Y tanto él como el presidente de BBVA, Francisco González, se plantaron ante el FROB para exigir una puja limpia y acabar con lo que consideran un «cambalache político». A su juicio, sólo otra entidad financiera con suficiente músculo puede garantizar la viabilidad de la gallega, mientras que un fondo sólo pretende «darle el pase». Y también consideran una traición esta adjudicación, después de todo lo que han hecho para ayudar a la reestructuración del sistema financiero.
Esta presión se ejerce por tierra, mar y aire. En el reciente viaje a Argentina para negociar la indemnización a Repsol por la expropiación de YPF, Fainé mantuvo una larga conversación con el ministro de Industria, José Manuel Soria, para convencerle de las bondades de adjudicar NCG a La Caixa, según fuentes presentes en dicho vuelo. Y, como es sabido, el argumento definitivo de las entidades financieras es el ‘dos por uno’, es decir, la oferta de quedarse también con Catalunya Banc si se le adjudica NCG.
Todas estas presiones parece que empiezan a dar sus frutos o, al menos, han puesto nerviosos a este fondo norteamericano y a sus avalistas en España. Por un lado, Feijóo ha propuesto al Gobierno una alianza de Guggenheim con el banco venezolano Banesco para reforzar su candidatura y evitar que tenga que poner el depósito del 3% de los activos ponderados por riesgo de NCG (unos 750 millones) que se exige a los fondos pero no a los bancos -Guggenheim de momento va en solitario y prefiere que no le exijan ese 3% o se considere parte del precio-. No obstante, el FROB considera que esa excepción sólo podría darse si el banco es quien asume la gestión de NCG.
Por otro lado, han empezado a mostrar sus temores en diversos medios nacionales e internacionales. Así, El País publicaba el domingo pasado que «los fondos exigen transparencia en la subasta de NCG», ya que consideran que «si hay opacidad en el proceso, serían ellos los perjudicados». Unos días antes, el Financial Times titulaba «Los candidatos extranjeros afrontan obstáculos más altos para comprar un banco español», y daba cuenta del agravio que supone exigir más capital (el mencionado depósito) a los fondos frente a los bancos.
Finalmente, The New York Times publicó este martes un artículo de opinión titulado «España podría preferir mantenerse en Nova Caixa», en el que la corresponsal de Breakingviews en Madrid, Fiona Maharg-Bravo, criticaba las prisas de Guindos por vender la entidad y aseguraba que puede obtener un precio más alto si se la adjudica a los fondos, puesto que tienen menos exigencias regulatorias y no piden unas garantías (EPA) tan grandes como los bancos. Además, estos pueden beneficiarse de las sinergias de la integración y del crédito fiscal de NCG, cosa que coloca a los fondos en situación de desventaja competitiva. «Las garantías estatales benefician a los accionistas de los bancos, no a los contribuyentes», concluye.
Dar EPA a cambio de un precio más alto
Con todas estas presiones por uno y otro lado, el FROB ha decidido flexibilizar su postura. Inicialmente, pretendía no conceder EPA a nadie en el proceso, a diferencia de todas las ventas anteriores de cajas rescatadas, ya que este interés de tantos candidatos le concedía una postura de fuerza. No obstante, todos los candidatos -bancos y fondos- han ignorado esa negativa y han solicitado garantías ante el deterioro del balance de la entidad en los últimos meses pese al traspaso del riesgo inmobiliario a Sareb. Y ahora, incluso se abre la posibilidad de que conceda estas garantías a los fondos para igualar el campo de juego.
Conceder un EPA permite que los candidatos presenten ofertas con un precio más elevado, ya que, si tienen garantizadas las pérdidas de los peores activos de la entidad, pueden pagar por la parte ‘buena’. Y para el Estado puede resultar más interesante: el precio lo ingresa seguro y ahora, mientras que el EPA es contingente -no necesariamente se va a perder todo- y lo pagará en el futuro. No obstante, hasta ahora se ha perdido todo lo cubierto por estos esquemas y el banco comprador no tiene incentivo para tratar de rentabilizar unos activos que tiene garantizados aunque vayan mal.