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FMI y Comisión Europea han concentrado sus dardos contra las medidas que suben, aún moderadamente, salarios y pensiones de los PGE. El FMI exige al Gobierno «preservar el impulso de las anteriores reformas laborales», subir el IVA y reformar las pensiones.
La batalla de los presupuestos sigue abierta. Los presupuestos son la ley más importante, la que condiciona toda la política de un Gobierno. La lucha por materializar la aprobación de los PGE está ligada a la batalla por la propia pervivencia del gobierno Sánchez. Las amenazas de Bruselas y el FMI son el principal obstáculo para el Gobierno de Sánchez
El gobierno socialista de Pedro Sánchez y el grupo parlamentario de Unidos Podemos alcanzaron un consenso para los Presupuestos Generales del Estado de 2019 que derogan los de Rajoy. Los PGE acordados entre PSOE y Unidos Podemos están en una dirección de avance de las exigencias populares elaborados bajo la influencia de la movilización social que recorre la sociedad española.
La medida estrella de los nuevos PGE es la subida del Salario Mínimo Interprofesional desde los 736 euros a los 900 euros en 2019. Este aumento en la nómina afectará de forma positiva a los aproximadamente 6,5 millones de trabajadores que cobran por debajo del nuevo SMI.
La lucha de los pensionistas y sus conquistas también están reflejados en las nuevas cuentas públicas. PSOE y Unidos Podemos han incluído en el pacto un aumento del 3% para las pensiones mínimas en 2019, mientras que el resto de estas prestaciones subirán un 1,6%, volviendo a estar vinculada su actualización con el IPC real.
La propuesta de Presupuestos rebaja una décima las previsiones de crecimiento, con una subida del PIB del 2,6% este año y del 2,3% en 2019. Y se propone como objetivo una reducción del déficit estructural del 0,4%, dentro de los límites establecidos por Bruselas como una línea roja.
Pero el veredicto de la comisión europea dicta que el plan presupuestario pone en riesgo el incumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Calculan un déficit del 2,1 % frente al 1, 8% que exige la UE. Esto techo de gasto impuesto por Bruselas obliga a un ajuste, en los próximos cuatro años, de 15.400 millones, que debe realizarse aumentando los ingresos o recortando los gastos.
EL FMI amenaza con el fin del crecimiento económico y exige la reforma de las pensiones. «Está claro que serán necesarios más ajustes del sistema de pensiones», afirmaba Andrea Schaechter del FMI, añadiendo que, será «muy difícil» evitar completamente una reducción de las prestaciones en el futuro si no hay cambios fundamentales en las contribuciones al sistema y en el mercado laboral.
FMI y Comisión Europea han concentrado sus dardos precisamente contra las medidas que suben, aún moderadamente, salarios y pensiones. El FMI ha pedido al Gobierno «preservar el impulso de las anteriores reformas laborales».