Por primera vez en la historia del régimen democrático, de la historia de España y seguramente de toda Europa, un Fiscal General -una de las más altas instituciones del Estado- se sienta en el banquillo de los acusados.
Se llama Álvaro García Ortiz, y está acusado de un presunto delito de revelación de secretos, en relación a la confesión de varios delitos fiscales de la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.
El caso es una de las principales causas del frente judicial que amenaza con derribar al gobierno de coalición. Mientras que los miembros del gobierno -PSOE, Sumar- y otros partidos del bloque de la investidura, defienden que las acusaciones contra García Ortiz no se sostienen, y que se trata de otro caso de lawfare, la oposición -PP, Vox, y todos los medios alineados con ellos- han redoblado su apuesta por hacer caer al Fiscal General del Estado, abriendo un considerable boquete que contribuya a la desestabilización y eventual caída del ejecutivo de Sánchez.
Se trata de una causa judicial compleja, laberíntica, llena de confusión, tergiversaciones, mentiras y algunas decisiones judiciales poco habituales. Como en un culebrón, es fácil perderse si no ha estado atento a todos los capítulos.
Así que tratemos de resumir, en orden más o menos cronológico, este caso.
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1. El Origen de todo: los presuntos delitos fiscales de la pareja de Ayuso
Es mayo de 2022. Dos inspectoras de Hacienda están examinando las declaraciones fiscales de 2020 y 2021 de una empresa llamada Maxwell Cremona. Hay cosas muy raras: los ingresos han aumentado muy significativamente respecto a 2019, de 357.000 euros a 2,3 millones. Y sin embargo, esta sociedad tributa menos. La justificación es una compleja madeja de facturas que las funcionarias consideran sospechosa. Lo investigan y concluyen que son falsas, y por tanto Maxwell Cremona ha defraudado a la Agencia Tributaria 350.951 euros. Supera los 120.000 euros y por tanto puede ser constitutivo de delito.
Su dueño es Alberto González Amador, y en ese momento a las inspectoras de Hacienda no les dice nada. Pero es la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Como siempre hace la Agencia Tributaria, cumple con su obligación legal, remite el expediente a la Fiscalía, y lo notifica a González Amador.
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2. El correo autoinculpatorio.
Ante la llegada de la carta de la Agencia Tributaria, González Amador lo pone en manos de su abogado, Carlos Neira. El letrado llega a la conclusión de que para zanjar confidencialmente el asunto -como le ha pedido su cliente, que no era una figura pública y basaba su trabajo de conseguidor para la multinacional sanitaria Quirón en la discreción- es mejor hacer un control de daños y llegar a un pacto de conformidad con la Fiscalía.
Neira escribe un correo a la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid, que dice así: “Estudiado el asunto, y de común acuerdo con Alberto González, les comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal reconociendo íntegramente los hechos (ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública) así como proceder a resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota e intereses de demora a la AEAT”.
A esa dirección de correo de la Fiscalía tienen acceso 16 personas: 12 fiscales y 4 funcionarios. Desde ahí se reenvía además al fiscal Julián Salto, que será el encargado del caso y que contesta a Neira: “Tomo nota de la voluntad de su cliente de reconocer los hechos”. Es 12 de febrero de 2024.
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3. El fraude de la pareja de Ayuso sale a la luz
La denuncia es remitida a los juzgados de instrucción de Madrid, que la registran el 5 de marzo. Al día siguiente, un periodista de elDiario.es, José Precedo, llama a al gabinete de prensa de la Fiscalía General del Estado para preguntar por una denuncia a nombre de Maxwell Cremona. Cuando llama, Precedo ya tenía toda la documentación sobre el caso, procedente de una fuente que -por secreto profesional- él no ha querido revelar.
Al día siguiente, el Fiscal General del Estado es informado de esa llamada de Precedo y de otros medios, interesándose por el caso, y pide recabar información para estar al tanto. Las fiscales de Madrid mandan la información del caso a correos a los que tienen acceso entre 60 y 400 personas.
Lo relevante es que tanto Precedo como otros periodistas -Alfonso Pérez Medina (La Sexta), Miguel Ángel Campos (Cadena SER), y varios más- declararon luego ante un juez de instrucción que habían recibido la información sobre los presuntos delitos fiscales de González Amador varios días antes de que esta noticia llegara a oídos de Álvaro García Ortiz
Seis días después, el 12 de marzo, elDiario.es titula en su portada: “La pareja de Ayuso defraudó 350.951 euros con una trama de facturas falsas y empresas pantalla”. El caso salta a la opinión pública, comprometiendo personal y políticamente a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
El jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodriguez (MAR), whatsappea a una periodista de ElDiario.es (Esther Palomera) y le amenaza con cerrar el periódico, algo que el propio medio denuncia inmediatamente.
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4. Comienza el embrollo. MAR suelta un bulo.
El Mundo publica una noticia sugiriendo que la Fiscalía ha ofrecido un pacto a González Amador, basada en un bulo difundido por Miguel Ángel Rodríguez. Lo cual invierte los hechos: fue la defensa de la pareja de Ayuso el que propuso ese pacto.
El bulo refuerza la narrativa de Ayuso, que dice que un «ciudadano» (su pareja) está siendo perseguido por la agencia tributaria «que en realidad le debe dinero» y los aparatos del Estado para dañarla a ella.
Alertado por este bulo, que pide urgentemente el expediente completo a subordinados y ordena emitir una nota de prensa para desmentirlo, detallando la cronología de los hechos y confirmando que la oferta vino de la defensa de González Amador. En la nota hay datos personales de González Amador, y éste presenta una querella contra García Ortiz por revelación de secretos. Es 14 de marzo.
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5. García Ortiz imputado.
El 16 de octubre, el Tribunal Supremo imputa a García Ortiz por revelación de secretos. Se registra su despacho y se incautan dispositivos, entre ellos su móvil, pero aparecen borrados los mensajes de WhatsApp de los días clave (13-14 de marzo), lo que se considera indicio de obstrucción, aunque luego se ha dicho que el Fiscal General del Estado cambia cada poco tiempo de móvil, procediéndose a su borrado, tratándose de un dispositivo de seguridad debido a los datos sensibles de múltiples casos -incluido crimen organizado, organizaciones terroristas- que contiene.
El 9 de septiembre de 2025 se abre el juicio oral por el juez instructor Ángel Hurtado, basado en indicios como el borrado de datos del móvil de García Ortiz. A lo largo de las siguientes semanas el instructor recoge los testimonios de fiscales, de González Amador, o de Miguel Ángel Rodriguez. También de numerosos periodistas que aseguran que el contenido que revelaba los presuntos delitos fiscales de la pareja de la presidenta madrileña ya circulaba horas o días antes del correo emitido por la Fiscalía. Sin embargo, el juez Hurtado decide no tener en cuenta el testimonio de los periodistas, y -a pesar de que no hay prueba directa contra García Ortíz- tras la finalización de la etapa de instrucción, el caso pasa al Tribunal Supremo.
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6. El fiscal en el banquillo del Supremo.
Por primera vez en la historia de la democracia, un Fiscal General del Estado se sienta ante el Tribunal Supremo en calidad de acusado. Se le imputa un delito de revelación de secretos (artículo 197 del Código Penal), por la supuesta filtración del correo del 2 de febrero de 2024, que contenía datos confidenciales sobre la admisión de delitos fiscales por parte de González Amador. La querella de este último alega que esta difusión vulneró su intimidad y su presunción de inocencia, «matándolo públicamente».
El Juicio, celebrado en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, y donde el acusado ha comparecido ante un tribunal formado por siete magistrados presididos por el juez Andrés Martínez Arrieta (cinco conservadores y dos progresistas), ha hecho desfilar a más de 40 testigos: además de a González Amador y a Miguel Ángel Rodríguez -que ha admitido en sede judicial que lanzó las acusaciones contra García Ortiz en la prensa y en las redes sin tener ninguna prueba- a ocho fiscales y a varios periodistas, que han vuelto a declarar que «otro informador», diferente a García Ortíz les reveló todo lo referente a los presuntos delitos fiscales de la pareja de la presidenta madrileña.
Concretamente, Miguel Ángel Campos, el periodista de la Cadena SER que reveló la noche del 13 de marzo el correo clave del abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso ha declarado ante el Supremi que no habló con García Ortiz y que lo tuvo 6 horas antes
En todas las comparecencias, más allá de reproches sobre la forma de actuar del Fiscal General para contrarrestar el bulo de MAR, no ha surgido prueba fehaciente ni indicio directo de que García Ortiz filtrara personalmente el correo a la prensa. Las acusaciones se basan en indicios circunstanciales.
Esta última etapa del juicio ha revelado que la filtración del correo con los datos confidenciales de González Amador seguramente ocurrió desde la Fiscalía de Madrid. Y sin embargo, no se ha hecho ninguna investigación interna, ni se ha imputado a nadie de esta fiscalía madrileña. Sólo se ha sentado en el banquillo de los acusados a una persona, a Álvaro García Ortiz.
Y todo ello se produce en un contexto donde una larga lista de casos judiciales -unos con sólidos fundamentos, como el que afecta a Santos Cerdán-Ábalos-Koldo; otros con una clara intención prospectiva, como el que acusa a Begoña Gómez, la cónyuge del presidente Sánchez- amenazan con abrir un boquete que lleve al derribo del gobierno.
¿No huele demasiado a lawfare?