Los sectores más agresivos y aventureros del independentismo han surgido de una burguesía burocrática catalana gestada al calor del control del poder autonómico, político y económico durante casi cuatro décadas.
En los inmensos recursos que maneja está su propia base de existencia, de los que vive, y la base que les ha permitido dotar al procés de una base de masas que, aunque restringida al 38% del censo, abarca a dos millones de personas.
El control del poder político, la Generalitat, durante esos cuarenta años, es el principal instrumento del que se han valido y se siguen valiendo para poner los inmensos recursos que manejan al servicio de su proyecto de separar Cataluña de España.
Estos son algunos números sobre los que la burguesía burocrática sustenta su vida y su procés.
-El PIB de Cataluña son 223.000 millones de euros anuales, aproximadamente un 20% del PIB español. Un PIB que le colocaría en el puesto 44 de un ranking mundial, por delante de países como Portugal (205.000) o Grecia.
-La Generalitat maneja un presupuesto de unos 35.000 millones de euros, de los cuales destina el 40% (unos 14.000 millones de euros anuales) a sueldos.
Significativo es el orden de prioridades de la Generalitat a la hora de distribuir el presupuesto. Así por ejemplo, en 2017 destinó a “medios de comunicación”, utilizados como aparato de propaganda, 309,5 millones de euros, el doble que el dinero destinado a promover el tejido empresarial, 170 millones para el tejido industrial, agrícola y autónomos.
-Cataluña cuenta con 278.000 funcionarios, incluyendo la Administración autonómica y local, y a todos los sectores de trabajadores públicos, docentes, Mossos y policías locales. Sobre ellos la Generalitat ejerce una presión constante y un control que en numerosas ocasiones han denunciado organizaciones sindicales, sobre todo en ocasiones especiales como el 1-O, como denunciaron diferentes organizaciones sindicales, tanto del sindicato de funcionarios CSIF, como organizaciones de CCOO y UGT.
-La deuda de la Generalitat asciende a 77.740 millones de euros. Una hipoteca de casi 10.500 euros sobre cada catalán. Por ella los catalanes han de pagar unos 6.000 millones de euros (casi 1.200 millones solo de intereses) cada año, 300 millones más que lo destinado a educación.
Durante los cinco años de Gobierno de Artur Mas y los 21 meses de Gobierno de Puigdemont, los años de lanzamiento del procés, endeudaron a los catalanes en más de 41.000 millones de euros.