La política económica de estabilidad seguida por el Gobierno de Mariano Rajoy ha resultado, valga la paradoja, un ejemplo de inestabilidad. Sin entrar en debates de fondo sobre la oportunidad de aplicar planes drásticos de ajuste en economías deprimidas, se puede observar que las restricciones presupuestarias, vistas con dos años de perspectiva, han resultado arbitrarias y erráticas, aplicadas sin criterio, sin calcular ni tener en cuenta las consecuencias sobre la inversión o los costes sociales y sin preocuparse de minimizar los efectos sobre el bienestar de los ciudadanos. Los efectos de medidas desordenadas, aplicadas además con torpeza, son el incumplimiento de los objetivos, en primer lugar, pero también el desánimo público. Producen la sensación de que es imposible en España racionalizar el gasto público y organizar una estructura fiscal coherente, con crisis o sin ella, encargada de proveer ingresos para cubrir los gastos públicos necesarios.
El caso de la deuda pública cae en ese escenario sorprendente donde los resultados desmienten las premisas, los medios y los objetivos. A pesar de los recortes de inversión y de prestaciones al desempleo, en contra del abandono público de la sanidad y de los ajustes en políticas educativas, el déficit público no ha conseguido reducirse a los objetivos comprometidos por Bruselas; aunque se recalcó con mucho énfasis que la reforma del sistema financiero no iba a costar un solo euro a los españoles, resulta que la ciudadanía tendrá que pagar en cómodos plazos un préstamo europeo de más de 40.000 millones de euros; en consecuencia, uno de los parámetros que lógicamente tenía que disminuir gracias al esfuerzo público de ajuste, la deuda pública, en realidad sigue aumentando. Y a un ritmo vertiginoso. En 2012 creció nada menos que en 15 puntos de PIB (del 70,47% al 85,95%) y en 2013 se ha disparado hasta el 93,7% del PIB, a razón de dos puntos de PIB por trimestre. El Gobierno se ha apresurado a ofrecer un lenitivo: está por debajo del 94,2% previsto oficialmente. Pero el consuelo es minúsculo debido a la posibilidad de que en la deuda de 2013 no se hayan contabilizado las ayudas públicas a Novacaixagalicia.
Lo que se gana por la mejora de los mercados y el relajamiento de la prima de riesgo, se pierde por la acumulación de deuda. Para frenar esa acumulación, el primer paso natural es alcanzar un superávit primario en las cuentas públicas, meta que, a pesar de la aparatosa instrumentación de recortes presupuestarios, está muy lejos de conseguirse. El equilibrio entre deuda y crecimiento es difícil después de dos años de política de estabilidad negligente; lo que los recortes presupuestarios negaban —incluidas las ayudas a la banca— se ha acumulado en la deuda. Cuando los mercados ofrecen dinero barato, el aumento de la deuda puede y debe usarse como un instrumento para crecer; pero cuando ese crecimiento traspasa ciertos límites, que el Gobierno (y en particular el ministro de Hacienda) debe conocer, se convierte en un estrangulamiento de la economía, debido a la cantidad de recursos públicos que es necesario detraer para pagarla. Esta es una regla elemental que en España se olvida con frecuencia. El Gobierno sobrevuela sobre los 961.555 millones de endeudamiento público como si fuera un problema menor; y no lo es.