Primera radiografía de clase de los apoyos al independentismo en Cataluña. Los proyectos de ruptura no han salido de la nada, no han surgido espontáneamente desde la sociedad civil. Han sido prefabricados, y tienen un corazón burocrático, incrustado en las altas esferas de la Generalitat.
Nos han vendido que el procés soberanista nació del impulso de “la sociedad civil”, que con las masivas manifestaciones celebradas cada 11 de septiembre desde 2012, colocó la independencia en el centro del debate político catalán.
No es verdad. Los proyectos de fragmentación tienen su “cadena de mando”, y al frente, encabezándolo y dirigiéndolo, están los Más y Puigdemont, con todo el poder de la Generalitat.
Pero la realidad social catalana, tanto entre sus élites tradicionales como en el conjunto de la población, está muy lejos del “entusiasmo independentista” que algunos intentan exhibir. Cada vez que la población ha podido expresarse directamente, en elecciones o en encuestas, los partidarios de la unidad han superado a los defensores de la ruptura. Y los principales referentes de la alta burguesía catalana, tradicional sostén del nacionalismo, se han pronunciado contra la independencia.
¿Dónde están entonces los apoyos de clase en Cataluña a la fragmentación? ¿O es que acaso el procés soberanista es el primer proyecto político en la historia que no tiene una clase que lo impulse y sustente?
Ni arriba ni abajo hay mayoría independentista
Para establecer una primera radiografía de los apoyos de clase al independentismo, hemos de partir de los profundos cambios sucedidos en Cataluña durante las últimas décadas.
La gran burguesía catalana ya no se parece en nada a la tradicional imagen del botiguer o el propietario de pequeños talleres. Sus capas más altas se han incrustado en la oligarquía española. Organizados en torno a grandes gigantes financieros como La Caixa, o a bancos emergentes como el Sabadell. Y con una nutrida representación en el Ibex-35 y en los consejos de administración de los principales monopolios españoles, desde Repsol a Gas Natural…
Consiguiendo además una especial vinculación con gobiernos o aparatos del Estado, que les ha permitido, por ejemplo, beneficiarse de la subasta de las cajas rescatadas con dinero público.«Los Pujol, Mas y Puigdemont son representantes de una burguesía burocrática que vive de parasitar los presupuestos públicos, es decir de saquear al conjunto de la población catalana»
Para este sancta santorum de la gran burguesía catalana, la independencia es un contratiempo, ahora que han conquistado una posición de privilegio en España, y que la protección del Estado español es clave para garantizar sus cuantiosas inversiones internacionales.
Por eso el presidente de La Caixa, Isidre Faine, advirtió públicamente a Mas con la sentencia “presidente, te estás equivocando”, reafirmando que “estamos mejor juntos que separados”. Mientras Josep Oliu, presidente del Banco Sabadell, confiaba en que “el desafío soberanista se acabará solucionando dentro de los cauces institucionales”.
Más claro fue el presidente de la CEOE, el histórico líder de la patronal catalana Foment del Treball Nacional, Joan Rosell, al afirmar que “la hipotética independencia de Cataluña sería un destrozo humano y económico”.
Excepto Grifols, todos los emblemas de la alta burguesía catalana han redoblado sus esfuerzos para reconducir el desafío independentista hacia una negociación con el Estado que otorgue a Cataluña mayores competencias y privilegios.
El resto de la burguesía catalana, representada por la extensa red de pequeñas y medianas empresas, tampoco está interesada en la independencia.
Frente a las ideas, esgrimidas por el independentismo para ganarse el apoyo del empresariado, sobre que el peso de las exportaciones al extranjero ha relativizado la importancia del mercado español para las empresas catalanas, la realidad es exactamente la contraria.
Dependiendo de los sectores, entre un 25% y un 40% de las ventas de las empresas catalanas se realizan en el resto de España. Y, mientras el comercio con el extranjero sale deficitario, el que realiza Cataluña con el resto de España le reporta un importante superávit.
Cuestionar el acceso al mercado español, levantando muros políticos, significaría la quiebra para muchas empresas catalanas.
El nacionalismo tradicional, que había permitido gobernar con estabilidad desde la transición -excepto el paréntesis del tripartito- está también lejos de la unanimidad independentista. El procés no solo ha liquidado Unió, fundada en 1931. También ha jibarizado Convergencia, que de gobernar con mayoría absoluta en 2012 ha pasado a ser la quinta fuerza política en Cataluña. Lo que ya ha provocado tensiones en su seno, por parte de los sectores que contemplan como la radicalización soberanista pone en cuestión su tradicional cuota de poder político.
Tampoco en el conjunto de la población catalana existe una mayoría independentista, a pesar de que la Generalitat ha empeñado todo su enorme poder en intentar crearla. En ninguna de las elecciones celebradas en Cataluña el voto independentista ha superado el 50%, y todas las últimas encuestas confirman el descenso del apoyo social a la fragmentación.
¿Dónde está entonces el cuartel general del independentismo? ¿Qué le permite disponer de un respaldo social en Cataluña?
Una burguesía burocrática
El Estado de las Autonomías entregó a la Generalitat de Cataluña el control de un enorme presupuesto público, y la capacidad para levantar un enorme entramado político y social.«Los proyectos de ruptura no han salido de la nada, no han surgido espontáneamente desde la sociedad civil. Han sido prefabricados, y tienen un corazón burocrático, incrustado en las altas esferas de la Generalitat»
Sobre estas bases, se ha gestado en Cataluña una auténtica burguesía burocrática, que debe sus ganancias no a su dinamismo y competitividad, sino a la gestión y saqueo de los fondos públicos.
El escándalo de 3% y el “caso Pujol” son su radiografía. Multimillonarias obras públicas concedidas por la Generalitat a cambio de mordidas que financiaban a Convergencia.
Y en torno al saqueo de los fondos públicos, o a la concesión de obras públicas, ha medrado toda una nueva clase empresarial catalana. Estos son los “empresarios” que hoy respaldan el procés soberanista, y cuyo apoyo exhibe la Generalitat. Como las patronales Pimec y Cecot, o los que se sumaron el “Manifest del far”, defendiendo “el derecho a decidir”.
Son empresarios cuyo futuro depende exclusivamente de su cercanía al poder político. Sin el cobijo de la Generalitat, que les permite acceder al despojo de las riquezas catalanas, con negocios seguros a través de concesiones directas decididas por el poder político, estos “empresarios” perecerían, incapaces de competir en el mercado.
Pero desde la Generalitat se ha construido todo un régimen, que extiende sus tentáculos sobre toda la sociedad catalana. El instrumento principal ha sido el reparto de subvenciones, que ha creado toda una red clientelar que depende del respaldo de la Generalitat.
Utilizando el presupuesto de la Generalitat y el boletín oficial autonómico, una nueva burguesía burocrática, representada por los Pujol, Mas y Puigdemont, que ya no es la tradicional burguesía catalana, ha extendido su control sobre la sociedad catalana.
Desde los medios de comunicación, con subvenciones que quintuplican las concedidas en el País Vasco, y que han creado de la nada medios independentistas que se suman al altavoz que supone TV3.
Penetrando también en ámbitos tradicionalmente de izquierdas, como algunos sectores sindicales, organizaciones sociales…
O sosteniendo, desde los presupuestos de la Generalitat, grupos como Omnium Cultural o la Assemblea Nacional Catalana, que convocan los actos de masas a favor de la independencia. Y que llegan hasta impulsar organizaciones de castellano hablantes por la independencia, como Sumate.
No pueden controlarlo todo. Existe toda una Cataluña real que no se pliega al poder emanado desde la Generalitat. Pero es indudable que el prolongado dominio del poder autonómico de los Pujol, Mas y Puigdemont pesa como una losa en Cataluña.
Los proyectos de ruptura no han salido de la nada, no han surgido espontáneamente desde la sociedad civil. Han sido prefabricados, y tienen un corazón burocrático, incrustado en las altas esferas de la Generalitat y el poder autonómico, que vive de parasitar los presupuestos públicos, es decir de saquear al conjunto de la población catalana.