La anunciada movilización del pueblo trabajador en las elecciones del 21-D genera excelentes condiciones para infringir una nueva derrota política a los proyectos que atacan la unidad y la propia integridad territorial.
En las elecciones del 21-D el pueblo trabajador va a volver a ser el gran protagonista, cuya decisiva intervención casi todos pretenden ocultar.
Según todas las encuestas, el 21-D se alcanzará una participación récord, muy superior al 77% de las autonómicas de 2.015. Por encima del 82% en todos los sondeos, e incluso acercándose al 90% en algunos.
Aunque el electorado independentista sigue movilizado, la razón principal del aumento de participación está en un bloque de entre 300.000 y 500.000 catalanes, que nunca han votado en unas autonómicas y que esta vez sí van a hacerlo.
Corresponden a importantes sectores del pueblo trabajador que tienen clara la necesidad de cerrar el paso a los proyectos de ruptura, como la principal amenaza para sus intereses.
Esta movilización es lo que hace posible que en todas las encuestas, por primera vez desde 1984, las fuerzas nacionalistas dejen de tener mayoría de escaños en el parlament catalán.
El voto independentista quedaría más lejos de sumar el 50% de los votos, descendiendo desde el 48% al 45%. Y todas las encuestas colocan a la suma de las fuerzas independentistas en una horquilla por debajo de los 68 escaños que marcan la mayoría absoluta, frente a los 72 que hasta ahora disponían.
Esta sería una excelente noticia, y una nueva derrota política de unas fuerzas independentistas que se han visto obligadas a concurrir a unas elecciones convocadas bajo la aplicación del artículo 155, y que han relegado en sus programas las referencias a una independencia unilateral.
Pero la principal debilidad, lo que impide que esta movilización del pueblo trabajador pueda reflejarse en el cambio político que Cataluña necesita, está en las fuerzas que van a capitalizar los votos contra la independencia.
En unas elecciones donde habrá una movilización récord del pueblo trabajador en las urnas, Catalunya En Comú no solo no avanza sino que retrocede de forma espectacular, perdiendo 3 de los 11 diputados que conquistó en 2.015.
El PSC, aunque sube entre 4 y 6 escaños, se enfrenta a serios límites, especialmente en las zonas obreras donde históricamente ha tenido su caladero electoral.
Y la paradoja está en que en el cinturón obrero, una parte de la mayoría de izquierdas se decanta por votar a Ciutadans, ante las vacilaciones, cuando no el apoyo, de las principales fuerzas de la izquierda a la disgregación.
La contradicción está en la necesidad de una alternativa, como la que representa Recortes Cero-Grupo Verde, que una el no a la independencia al no a los recortes, poniendo en primer plano la unidad para hacer frente a los problemas que afectan al pueblo trabajador.
En los lemas y la orientación principal de campaña tanto del PSC como de Catalunya En Comú desaparecen tanto la lucha contra los recortes como la derrota del independentismo para fortalecer la unidad del pueblo trabajador.
El PSC aboga por un “gobierno transversal” para “restaurar la fractura social”, incluyendo en sus listas a altos cargos de Unió que impulsaron el procés y ejecutaron los recortes.
Presentando como “medidas estrella” la quita de la deuda de Cataluña con el Estado o la formación de una Hacienda propia catalana. Propuestas que sustituyen la “independencia unilateral” por una “disgregación suave” ya iniciada bajo los tripartitos con presencia de la ERC de Carod Rovira.
Catalunya En Comú centra su campaña en “superar los bloques enfrentados”, afirmando estar “contra la DUI y contra el 155”, pero presentando como alternativa un gobierno con ERC.
Aunque afirman que “durante los últimos años, detrás del procés, se han olvidado las políticas sociales”, en los hechos el programa de Catalunya En Comú coloca lo social subordinado a lo nacional. Así lo expresa su coordinador de programa, al declarar que “nuestra salida a la situación nacional también debe permitirnos recuperar la agenda social”.
Su primera medida, dentro de las 25 presentadas como prioritarias, gira en torno al procés, anunciando “una nueva agenda de país”, con “un acuerdo que se concrete en un nuevo marco constituyente catalán”, y defendiendo “una relación bilateral entre Cataluña y España” que avance hacia “un referéndum pactado”.
Insistiendo en colocar como la principal amenaza “la espiral represiva del Estado”, o en considerar “a Puigdemont como el presidente legítimo de la Generalitat”.
Dentro de la “agenda social” que propone Catalunya En Comú están absolutamente diluidas las menciones a los salarios y pensiones, las dos cuestiones que más afectan directamente a la renta del pueblo trabajador. Que solo aparecen mencionados en los puntos 13 y 24 de “las 25 medidas prioritarias”.
Y desaparece la necesidad de realizar una auditoría de la deuda o de atajar el despilfarro de los gastos públicos al servicio de la burguesía burocráticas. Pasando de puntillas sobre la lucha contra la corrupción, caballo de batalla de Podemos contra el PP en el resto de España.
El programa de Catalunya En Comú hace una crítica a “el modelo del PP, que se basa en el crecimiento económico sin redistribuir”. Pero en él no aparece prácticamente ninguna medida de redistribución de la riqueza. Ésta se reduce a aumentar por parte del Estado los gastos sociales -en sanidad, educación, vivienda, ayudas sociales…- y no en primer lugar en subir salarios, pensiones y rentas para la mayoría.
A pesar de lo anunciado en las encuestas, el resultado final del 21-D está todavía en disputa.
Las principales fuerzas independentistas siguen conservando un amplio margen de influencia y de maniobra. La conformación de la “lista del presidente”, encabezada por Puigdemont, bajo el nombre de “Junts per Catalunya”, y su ascenso en las encuestas a costa de ERC, así lo confirma.
Pero el aspecto principal está en el 25%-30% -en torno a un millón o millón y medio de electores- que sí acudirán a las urnas pero no han decidido todavía el sentido de su voto.
Una parte corresponde a electores independentistas que dudan entre votar a ERC y las CUP o respaldar a la lista de Puigdemont.
No van a votar a Catalunya En Comú que presenta como segunda cabeza de lista una candidata abiertamente independentista. Pero se resisten a apoyar a PSC o Ciudadanos. Y jamás llegarán a votar al PP.
Pero el grueso de estos votantes “indecisos” corresponde al pueblo trabajador y la mayoría progresista que rechaza tanto la independencia como los recortes. Y que no encuentra una alternativa con la que identificarse.