Estamos ante una serie de hechos que trascienden las batallas políticas coyunturales y nos enfrentan a la absoluta impunidad del Estado. Primero, enviaron a las tropas en un auténtico cacharro. Por ahorrarse unos duros, las autoridades militares y administrativas -empezando por el ministro de defensa-desoyeron las denuncias de las tropas sobre el mal estado de los aviones en los que estaban siendo trasportados.
Desués, ante la inminencia de los funerales de Estado, y según consta en el testimonio de los militares imputados, juntaron los cuerpos de cualquier manera para entregárselo a sus familias. A nadie le importó comprobar la identificación de los soldados; las órdenes eran las de enviarlos cuanto antes para en definitiva “lavar la cara” en los funerales ante la opinión pública. Por el testimonio de los forenses durante el juicio, sabemos que uno de los féretros del Yak-42 tenía restos de tres cuerpos distintos. Treinta de los cadáveres de los militares muertos en el accidente del Yak-42 fueron mal identificados. Señala el testimonio de uno de los peritos “En un caso, la bolsa número 7, nos encontramos con tres perfiles genéticos. Se trataba de una bolsa en la que se guardaron restos de una mano que se correspondía con el cuerpo principal y de dos piernas de otros dos cadáveres que, además, calzaban botas de distintos números: un 43 y un 45” Luego, estamos ante las amenazas a los familiares para que no hablaran y no denunciaran. Afirman que se les ha sometido a un auténtico "el machaque psicológico" y de "amenazas" por parte del Ministerio de Defensa cuando dudaron de que los cuerpos que les habían entregado fueran los de sus allegados. Trillo personalmente llegó a reunirse con miembros d ela fundación para decirles que dejaran la investigación. Uno de los testimonios más brutales es el de, Amparo Gil, madre del sargento Francisco Cardona, denunció que el coronel de la base de Torrejón de Ardoz (Madrid) les dirigió "amenazas" para que no dijeran "nada de lo que se pudieran arrepentir algún día", y les impidió ver el cuerpo de su hijo alegando que estaba "prohibido abrir los féretros". Además, contó que en el 2003 el general Navarro les confirmó que había visto el cuerpo de su hijo y les aseguró, a la pregunta de "si tenía cicatrices", que el cuerpo estaba "limpio". "Nuestro hijo tenía cicatrices, así que le dijimos: ‘Vámonos de aquí porque nos están mintiendo’". Somos para ellos la bolsa número 7. Pueden actuar impunemente contra los ciudadanos. Macharnos, asesinarnos con sus negligencias, humillarlos después de muertos, amenazar a quienes se atreven a denunciar… Lo que se respira en el caso del Yak no es otra que la “esencia” del Estado burgués.