Lo que era el caso Koldo es ahora ya el caso Ábalos, también. El Tribunal Supremo ha admitido la petición de la Audiencia Nacional para investigar a José Luis Ábalos por unos hechos “que pudieran ser constitutivos de un delito de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, de cohecho y de malversación”. Y la investigación de las posibles responsabilidades de Ábalos en la trama abre la puerta a nuevas posibles implicaciones.
.
En un auto -de fecha 5 de noviembre- la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha admitido la petición -formulada mediante exposición razonada- del juez que instruye el caso en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, de abrir una causa contra José Luis Ábalos y ha designado como instructor al magistrado Leopoldo Puente, de la propia Sala de lo Penal.
En el mismo auto, la mencionada Sala razona que es “imprescindible” investigar “los hechos descritos, sin perjuicio de lo que pudiera resultar de la investigación, pudieran ser constitutivos, de acuerdo con la exposición razonada, de un delito de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, de cohecho y de malversación”. Este último no estaba en la exposición razonada, sino que lo incorpora el Supremo a la causa.
La Sala de lo Penal da por admitida la exposición razonada del juez de la Audiencia Nacional, ante los “indicios fundados y serios” del “papel principal” de Ábalos en una organización criminal que supuestamente se lucró con la venta de mascarillas durante la pandemia. Dado que Ábalos -diputado por Valencia en el Congreso- está aforado, la Audiencia Nacional tuvo que trasladar la investigación al Tribunal Supremo.
Igualmente, la Sala de lo Penal determina que el procedimiento contra el resto de investigados -que no son aforados- lo continúe la Audiencia Nacional “salvo cuando exista una conexión material inescindible” entre los investigados y el exministro Ábalos, ahora diputado del Grupo Mixto tras su expulsión del PSOE y de su grupo parlamentario el pasado febrero.
Las investigaciones previas
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya entregó en su día al juez de la Audiencia Nacional un informe que daba a Ábalos un “papel relevante y de responsabilidad” en la supuesta trama existente en el Ministerio de Transportes entre enero de 2020 y julio de 2021.
Asimismo el informe describe las “contraprestaciones” recibidas por el exministro, que no serían pagos en efectivo, sino principalmente el disfrute de un chalet a cambio de su intercesión en contratos o el pago del alquiler de la vivienda de quien era su pareja.
Es decir, que el “elemento corruptor” del caso -como se califica al empresario Víctor Aldama- pagó durante 32 meses el alquiler del apartamento en el que residía la pareja sentimental con el exministro, a razón de 2.700 euros mensuales. Dicha mujer “trabajaba por cuenta ajena en empresas públicas dependientes del Ministerio” y acompañó al exministro en “16 vuelos” sufragados “con cargo al erario público”. Asimismo Ábalos disfrutó del uso real de un chalé de lujo en Cádiz.
El suplicatorio al Congreso
El suplicatorio es la petición que tiene que hacer el Tribunal Supremo al Congreso para que autorice el inicio del proceso judicial contra Ábalos. Es una de las prerrogativas de los parlamentarios españoles. Pasados los trámites previos en el Congreso, el suplicatorio acaba siendo votado en el pleno. De seguirse un ritmo acelerado tal votación podría realizarse en la semana del 18 al 22 de noviembre, aunque en el caso de agotar los plazos se alargaría algo más de un mes desde la entrada de la solicitud del Tribunal Supremo.
El caso Ábalos abre un nuevo escenario
Aunque fuentes del Gobierno han expresado inmediatamente que “no hay preocupación” por la investigación al exministro porque “no hay nada”, si de los meses de pinchazos telefónicos, correos intervenidos y 170 entre móviles y ordenadores analizados del resto de la red de personas implicadas, han salido indicios para investigar a Ábalos, ¿qué puede salir de los dispositivos electrónicos del que fue secretario de Organización del PSOE, ministro de Transportes y mano derecha de Pedro Sánchez, al que ayudó a ganar unas primarias que acabarían llevándole a la Secretaría General del partido y a la presidencia del gobierno?
En el caso de corrupción con centro en el ministerio de Transportes -el ministerio con mayor presupuesto del gobierno- aún queda mucho por investigar en la red corrupta que logró contratos millonarios con las mascarillas. Pero la investigación de las relaciones de Ábalos como secretario de Organización y como ministro con varias comunidades autónomas y ministerios abre caminos en el seno del PSOE y del Gobierno.
La investigación puede dar un salto importante que añada nuevos hechos, nuevas implicaciones y más sombras a las que ya persiguen a un presidente del gobierno que aún no ha aclarado cuál fue la auténtica razón de la destitución fulminante de Ábalos del ministerio y del partido. Y que todavía no ha aclarado fehacientemente su papel en la extraña visita de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, a España en secreto una noche de enero en el aeropuerto de Barajas.