Cargando...
La semana pasada el Fondo Monetario Internacional, en su último informe, volvió a insistir en que el Estado debe financiar la salida de la crisis. El mismo organismo que defiende una reforma de las pensiones en España que incentive los planes privados de pensiones. Entonces, ¿quién debe percibir las ayudas del Estado para salir de la crisis?, según el FMI, las pensiones públicas no.
El “soporte estatal” (como llaman al dinero público en su informe) debe rescatar al ámbito privado para asegurar la recuperación. Queda claro. Es más, el organismo está preocupado por que exista en España “una estructura clara de gobernanza que supervise la ejecución de los planes”, dada la envergadura de las reformas que hay que emprender. Como la de las pensiones. El FMI matiza que esta estructura de gobernanza debe saber “equilibrar la sostenibilidad de la reforma de las pensiones con su aceptación social”. Es decir, que España necesita “reformas aceptables (para la población) en el sistema de pensiones”, que no generen excesivo rechazo social para que no ocurra como con la de Rajoy.
Quienes trabajan por privatizar las pensiones aprenden rápido y no parece que vayan a permitir que vuelva a pasar lo que hemos vivido en los últimos 3 años con las movilizaciones en defensa de las pensiones.
En la misma dirección, recientemente, se pronunciaba el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, reclamando “una perfecta coordinación entre el sector público y el privado», para abordar reformas estructurales que permitan, por una parte, reducir lo que cada trabajador destina a la Seguridad Social para facilitar que puedan destinar más recursos a los planes de empleo (véase, pensiones privadas a través de las empresas), y por otra, facilitar mecanismos de conversión en liquidez de bienes como la vivienda, para complementar la pensión.
Aceptación social
A finales de septiembre, poco antes del 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) insistía en la necesidad de igualar la edad legal de jubilación a la edad real, y de implementar un mecanismo similar al factor de sostenibilidad (en el caso en el que no se aplique en el 2023 como está previsto). E insistía en esto porque, según el organismo, si se aplica cuanto antes se dispone de “más margen para aplicarlo gradualmente”, lo que generará menos rechazo en la población, o dicho literalmente como lo plantea la AIReF, facilitaría “su aceptación social y la adaptación de las decisiones de los agentes a la nueva situación”.
Esta idea sobre cómo se debe actuar sobre el futuro de nuestras pensiones para que sea “aceptado” por la población es compartida por el Banco de España, que se ha encargado de difundir en las últimas semanas que cada año que se retrasa la edad de jubilación el Estado se ahorra un 0,9% del PIB. ¿Y cada punto que bajen los intereses de la deuda, cuánto le permitiría ahorrar al Estado?. Son diferentes enfoques, sin duda.
Planes de empresa por decreto
Por último, Inverco, la patronal de los fondos de inversión, nos ha explicado en estos días que 6 de cada 10 trabajadores no pueden acceder a planes de pensiones de empleo. Poco más de 2 millones de trabajadores tienen planes de pensiones de empleo, de los cuales 800.000 son de la Administración Pública. Es decir, 1,4 millones de trabajadores sobre una población activa de 21,5 millones de personas, solo el 10% de los trabajadores, tiene un plan de pensiones de empleo.
No es casualidad que el FMI, el Banco de España y la AIReF insistan tanto en la necesidad de apoyar los planes privados de pensiones, y veamos cada vez más estudios para investigar su aceptación. Uno muy reciente del BBVA pone el hincapié en que el 65% de los trabajadores que no ahorran para la pensión (en panes privados, se entiende), temen por su pensión y, si pudieran, ahorrarían en un fondo privado. Como plantea Valentín Pich del Consejo General de Economistas, pensando en ese sector de la población, quieren que se reduzcan las cotizaciones para poder invertir en fondos privados, y mayores facilidades para transformar las propiedades en liquidez para poder entregarla a los bancos en forma de planes de pensiones.
En los últimos meses hemos escuchado que España debería apoyar fiscalmente los planes de empresa, en detrimento de los individuales. Ambas son dos modalidades diferentes de planes privados, solo que los de empresa se articulan a través del contrato. Por eso está cobrando cada vez más fuerza la idea de que nuestro Sistema Público de Pensiones se parezca al británico, donde los planes de pensiones de empresa son, de facto, obligatorios y promovidos directamente por el Estado. Pensiones privadas por decreto. Un auténtico paraíso para los fondos privados.
El candado de las pensiones
Poco a poco vamos comprendiendo mejor cuál es el futuro para nuestras pensiones por el que algunos sectores trabajan. Como miembro de la Portavocía de la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones he defendido muchas veces que el problema no es el negocio privado de las pensiones, sino que se haga negocio a costa del sistema público.
El blindaje constitucional de las pensiones se ha convertido ya en una cuestión de razón social y humanitaria. Hay que tener en cuenta la complejidad y “creatividad” de las diferentes formas en las que los recursos públicos de nuestros mayores pueden acabar en los fondos privados, y que la crisis genera mayor “agresividad” y mayores turbulencias económicas. Por eso, prohibir de forma explícita la privatización de las pensiones en la Carta Magna es un seguro de futuro, una garantía de estabilidad y equilibrio social y económico…
En los próximos días un candado puede cruzarse en su camino. Puede que lo vea en un balcón, en un establecimiento o en las redes sociales. Es el candado de las pensiones, el que las blinda, las cierra, las protege… agárrese a él y si le preocupa, como a mi, el futuro de las pensiones, y los pensionistas del futuro – muchos de los cuales todavía no han empezado ni a trabajar – ayúdenos a convertirlo en una referencia.
Así empieza la campaña de la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones, con un candado. Las razones son más que justificadas. No porque pongamos en duda la buena intención de las mencionadas instituciones, sino porque ante una crisis de la magnitud de la actual, sin un candado constitucional que de certidumbre a las pensiones, su deterioro puede convertirse en negocio. Y eso, visto lo visto en la anterior crisis y en los últimos meses de lucha contra la pandemia, no lo debemos permitir.