La MERP (Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones), ha organizado hoy una mesa de recogida de firmas en Madrid como en otras 30 capitales de provincia, además de multitud de poblaciones por todo el país, para presentar la nueva etapa de su campaña: “Ni Recortes. Ni Privatización. Blindemos las Pensiones en la Constitución”.
Son ya más de 2 millones de firmas con las que la MERP despide el 2019 exigiendo que se prohiba de forma expresa en la Carta Magna la privatización de las pensiones. La plataforma defiende un artículo constitucional que incluya, no solo la prohibición expresa de la privatización total o parcial del sistema público de pensiones, sino también, como obligación constitucional, el mantenimiento del poder adquisitivo real de las pensiones, es decir, que ningún tipo de medida o recorte pueda afectarles, algo que pasa incluso con la revalorización según el IPC.
Las organizaciones de la plataforma en Madrid se han reunido en la mesa de recogida de firmas, en la que han leído un comunicado denunciando que “asistimos a un nuevo ataque contra las pensiones públicas al que hemos de responder”, poniendo como ejemplo las declaraciones del director general de Economía del Banco de España, Oscar Alce, exigiendo “reformas de calado” en las pensiones, como elevar la edad de jubilación más allá de los 67 años, la posición de la Comisión Europea cuestionando las sostenibilidad del sistema público de Pensiones o la del FMI instando a que el Estado avale y promueva planes de pensiones privados de forma obligatoria en todos los contratos.
La MERP asegura que “cuestionar la sostenibilidad de las pensiones públicas, instando a la adopción de medidas y la aplicación de reformas que suponen una degradación del sistema público de pensiones, es, en los hechos, “una privatización encubierta de las pensiones públicas”, que es “la principal amenaza para el sistema público de pensiones”.
El comunicado denuncia que “la degradación del sistema público de pensiones es la base sobre la que privatizar las pensiones” y toma como referencia el pronóstico de la UE para el 2050, cuando, según el organismo, las pensiones serán un 50% más bajas, “convirtiendo el sistema público de pensiones, de pilar de cohesión social a un sistema asistencial, que obligaría a complementar los ingresos con un fondo privado quien se lo pudiese permitir”. La MERP señala que “como una privatización total es impensable socialmente, son los recortes los que suponen un peligro, porque implican la posibilidad de privatización de una parte del sistema.
La MERP cumple en el 2020, siete años de existencia, con 320 organizaciones “unidas sin distinción de ideologías, credos o siglas”, y en esta nueva etapa consideran que la reivindicación del blindaje de las pensiones en la Constitución se ha convertido en “una exigencia ampliamente apoyada porque ya no es posible hablar del futuro de las pensiones sin hablar de blindar las pensiones en la Constitución”. Pero advierten de que “blindar las pensiones en la Constitución es prohibir la privatización de las pensiones de forma expresa”, porque sino “se deja la puerta abierta a que la privatización, pública o encubierta, avance”.