La Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP) ha rechazado que la revalorización de las pensiones dependa, una vez más, de los intereses partidarios de cada grupo parlamentario a la hora de votar en el Congreso de los Diputados. Lo que nos jugamos no es una pequeña subida de las pensiones, es la defensa del estado del bienestar
Quienes representan a la ciudadanía en el Parlamento deben poner todos los medios y dar los pasos necesarios para que la revalorización de las pensiones se apruebe de manera inmediata. No solo para que sea efectiva y no afecte a las condiciones de vida de los y las pensionistas, sino para no generar inseguridad y desconfianza.
En el comunicado que hizo público la MERP al día siguiente de que la revalorización no fuera aprobada dentro del “decreto omnibus” del Gobierno, no acepta participar en lo que califica de «reparto de culpas y responsabilidades”, ya que las pensiones públicas es un asunto que concierne a la sociedad de conjunto. Según sus portavoces, “lo que debería producirse es un acuerdo en horas para que la revalorización quede aprobada”.
Pero además, se pone de manifiesto, por segunda vez después de un año, la necesidad de blindar las pensiones en la Constitución, “prohibiendo la privatización y la pérdida de poder adquisitivo”.
Según la MERP, “si la Carta Magna obliga, este Gobierno, los que vengan y todos los grupos del Congreso, deberán cumplir el mandato constitucional y, en todo caso, las pensiones contarán con una mayor protección de la que disponen ahora, que no están consideradas ni un derecho constitucional”.
Ahora bien, las razones de fondo de esa posición que defiende la plataforma desde hace 12 años, tienen más que ver con el peligro que corren las pensiones en nuestro país y en todo el mundo. Hasta el punto de que el blindaje constitucional de las pensiones se ha convertido en la mejor defensa del estado del bienestar.
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Primero demoler. Luego sustituir.
El proceso parece obvio. Se han propuesto demoler la confianza en las pensiones públicas para que luego la sustitución por un sistema mixto sea un paso lógico. Cada vez son más habituales los ataques que comparan las pensiones públicas con una estafa piramidal. No es necesario mucho esfuerzo para rebatir esta afirmación disparatada, lo más difícil es que la explicación se extienda tan rápido y por los mismos ámbitos por los que han circulado las mentiras.
Pero la respuesta es la misma con la que podemos contestar a quienes cuestionan la sostenibilidad del sistema público, para que confiemos en uno semiprivado, cuanto mínimo. No hay nada más confiable que la capacidad de un estado que es la 14º potencia económica del planeta con 22 millones de trabajadores y 49 millones de habitantes. Un país que en tres décadas a duplicado su riqueza.
Ahora bien, esto que es una verdad incontestable, hay que ocultarla bajo siete toneladas de bulos, medias verdades y descalificaciones contra toda una generación si es necesario, como cuando se afirma que quienes actualmente cobran la pensión son la generación más egoísta porque no les importa que sus nietos no puedan acceder a la vivienda con tal de cobrar 30€ más en su pensión. ¿Qué tendrá que ver la pensión con el precio de la vivienda?, pero sobre todo, ¿por qué se ataca a millones de personas que durante décadas han producido millones en riqueza para el país y además a sostenido a sus hijos y nietos durante la peor crisis que se recuerda?. Porque si son egoístas… ‘está justificado que se aprieten el cinturón y renuncien a su privilegiada pensión’. No sea que alguien se le ocurra preguntarse si el privilegio está más en tener un fondo de pensiones de 90 millones de euros, que en cobrar una pensión, aunque sea la máxima. Sin olvidar que el 36% de los pensionistas están por debajo del umbral de la pobreza y el 57% cobra menos de 1000€ de pensión.
No se puede argumentar que las pensiones son insostenibles cuando hay todo un país como aval detrás, porque lo que se cuestiona no son solo las pensiones, sino que la obligación principal de un estado sea la prosperidad y la mejora de las condiciones de vida. Eso que se ha dado en llamar, el estado del bienestar. Claro… si un país como el nuestro, no está autorizado a sostener el Sistema Público de Pensiones pero sí los beneficios récord de las entidades bancarias que encabezan los ránkines de crecimiento europeo, queda todo dicho.
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La mejor defensa es un buen ataque
En torno al 85% de las pensiones se financian con las cotizaciones de la Seguridad Social que pagamos cada mes. El 85% lo pagamos a toca teja sostenido con el potencial de una masa de 22 millones de trabajadores sobre una población que va a superar en breve los 50 millones. Al mismo tiempo, todos los años, el Estado debe aportar 30 mil millones para cubrir todos los gastos, de un total de 200 mil millones, porque gastamos más que ingresamos en este concepto. Este gastos se registra en concepto de deuda y se utiliza para atacar las pensiones.
Sin embargo, no escuchamos ningún ataque parecido – serio al menos -, sobre los miles de millones que en 45 años de democracia han costado, ‘a fondo perdido’, elecciones generales, europeas, autonómicas y municipales, por no hablar de otros mecanismos democráticos. Tampoco se cuestiona económicamente, más allá de las razones políticas, los gastos de la monarquía, y por las mismas razones, los gastos militares. Se puede estar en contra por razones ideológicas o políticas pero no se habla de “insostenilibilidad”. Hay que pagarlo y se paga.
Lo cierto es que la democracia y estado de derecho cuesta dinero, y nadie cuestiona que una parte de nuestros derechos fundamentales sean sostenibles.
Hay quien opina que introducir otro tipo de ingresos en la financiación de las pensiones supondría romper la sostenibilidad real, porque lo que hace sostenible el sistema es que lo que pagan quienes cotizan, cubra, por decirlo de manera coloquial, lo que posteriormente se va a cobrar como pensión, y actualmente no es así, por eso 30 mil millones cada año los cubre el estado. Si embargo es un problema descarnado de voluntad política.
En España se reformó el artículo 135 de la Constitución para imponer, por directriz de Obama y Merkel, el pago de la deuda por delante de cualquier otro gasto, sin importar ningún criterio de ‘sostenibilidad’. Algo así como ‘las deudas se pagan’. Pues ‘las pensiones también se pagan’.
Queda en manos de los expertos y del debate encontrar la manera, y propuestas hay muchas, de que las cotizaciones cubran más allá incluso del gasto en pensiones.
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¿Por qué sabemos que se puede?
Solo nos falta saber, por qué deberíamos aplicar este criterio, el de priorizar la prosperidad y la mejora de las condiciones de vida sobre cualquier otro, y por qué eso es sostenible en términos financieros, sin necesidad de entrar en el debate de la multitud de propuestas que defienden distintos economistas.
Por la experiencia. Es muy larga la lista de países que han abandonado los modelos de pensiones mixtas o privadas: Chile, Perú, México, Colombia, Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay, Letonia, Lituania, Estonia, Suecia…
Pero es que en Suecia, con un sistema mixto, hace 2 años, la parte privada de las pensiones basada en inversiones financieras, perdió 1.700 millones por la quiebra del Silicon Valley Bank, Signature Bank y First Republic. Inversiones que 24 horas antes estaban consideradas como seguras, que hacían el sistema sueco ‘sostenible’.
La realidad es que ningún sistema privado de pensiones puede reunir una bolsa tan grande de contribuyentes y, por tanto, ninguno tiene mayor solvencia que un estado con 49 millones de habitantes y 22 millones de trabajadores, por mucho que aumente el gastos en pensiones.
Si se quiere complementar con inversión privada, que se haga opcional. Pero entender que un fondo privado tiene más capacidad para generar bienestar que un país como el nuestro es absolutamente interesado. Y si hay mala gestión, que decidan las urnas, pero el blindaje constitucional está más que justificado porque lo que nos jugamos es una forma de entender nuestro futuro.