Según Fotocasa, el precio de la vivienda en alquiler ha aumentado un 13’8% de media en España entre febrero de 2015 y febrero de 2019. Situación más grave para Madrid (25’2%), Cataluña (19%) o Islas Baleares (30’3%). No es de extrañar que, ante esta situación, ciudades como Barcelona o Palma de Mallorca hayan ya anunciado que tomarán medidas para limitar y reducir el precio del alquiler.
Sin embargo, el Banco de España, en su Informe Anual 2018, se ha pronunciado abiertamente en contra de la medida: “No parece adecuado limitar el precio de las viviendas alquiladas. Según la evidencia internacional, estas medidas no solo reducen la oferta, sino que pueden favorecer un deterioro importante de los inmuebles”.
Curioso que cite la “evidencia internacional”, porque en los hechos, el resto de países cada vez más empiezan a poner límites al precio del alquiler.
Comenzando por la mismísima Nueva York, cuna del capitalismo neoliberal de Wall Street, donde el Estado neoyorquino no solo acaba de revalidar una ley que limitaba los precios del alquiler, sino que ha ampliado su actuación, aumentándolo a 2’4 millones de apartamentos. Lo máximo permitido es un aumento del 7’5% anual en estos pisos de alquiler.
En Berlín, a partir de 2020 el precio de los pisos será congelado durante cinco años. Medida con carácter retroactivo a los precios que tienen en la actualidad. Una decisión que afecta a 1’6 millones de viviendas.
En Roma desde 1998, y en toda Italia desde 2004, existe el “Alquiler de tarifa acordada”, mediante el cual los ayuntamientos deciden los precios mínimos y máximos de alquiler en virtud del lugar y acordado entre las partes con las asociaciones de propietarios e inquilinos.
París ya lo intentó en 2014 con el gobierno de Hollande. Entre 1999 y 2014 el precio del alquiler había aumentado un 70%. Solo duró poco más de dos años, ya que el gobierno de Macron eliminó la ley de restricción, pero durante ese tiempo el precio del alquiler se redujo entre un 15% y un 20%.
Otras naciones cuentan con modelos de limitación de precios ya históricos. Es el caso de Holanda, que tiene un sistema de alquiler por puntos. Cada casa tiene un valor determinado en puntos, que puede examinar una comisión (Huurteam) a petición del arrendatario, y según el puntaje que tenga no puede exceder determinado precio. Viena también cuenta con un centenario parque de vivienda social (60% propiedad del ayuntamiento) que permite mantener unos precios bajos con respecto a sus vecinos de la UE.
¿Por qué se opone el Banco de España a una medida que cada vez obtiene más aceptación en Europa y en el mundo? Porque según dijo públicamente su gobernador, Pablo Hernández de Cos, un recorte en los precios tendría un impacto negativo en las entidades de depósitos. O lo que es lo mismo, pierde la banca.
Y eso no se puede consentir. La mitad de los jóvenes madrileños menores de 35 años no pueden independizarse por el precio del alquiler, pero para el Banco de España eso es irrelevante. Lo importante es seguir manteniendo un mercado especulativo donde los bancos, y cada vez más fondos buitres extranjeros, puedan hacer negocio a costa del dinero de todos.
Se supone que el Banco de España es un organismo regulador e imparcial. Pero sus hechos y palabras los delatan. Y dejan en evidencia al servicio de quién realmente están.