Para situarnos en cuáles son los retos y qué debemos esperar del 2024 para las pensiones, hay que hacer primero un poco de memoria, para saber cómo hemos llegado hasta aquí, cómo ha evolucionado el sentir mayoritario de la sociedad
En el 2010, el gobierno de Zapatero anunciaba una reforma que elevaría a 67 años la edad de jubilación y aumentó el periodo de cálculo para tener la pensión completa, de 15 a 25 años, lo que reduciría las pensiones hasta en un 10%. Pocos meses después, decenas de organizaciones se lanzaron a la calle para responder a estas medidas.
En el 2013, el gobierno de Rajoy puso en marcha una nueva reforma que tuvo como eje principal el Índice de Revalorización de las Pensiones, el famoso 0,25%, que implicó la congelación y la pérdida de poder adquisitivo. En menos de cinco años, la oposición fue tal que finalmente la reforma quedó revertida.
Y en 2021, el gobierno de Pedro Sánchez, puso en marcha la última reforma de las pensiones en dos bloques. En el primero se recuperó la revalorización según el IPC y se aprobaron los planes de empresa, planes de pensiones de titularidad pública pero gestionados por fondos privados. VidaCaixa, BBVA, Caser, Santander e Ibercaja gestionarán 15 fondos de pensiones, con la participación de gigantes europeos como BNP Paribas.
El mecanismo de control de Bruselas
En el segundo bloque se reforzaron los ingresos de la Seguridad Social, principalmente aumentando las cotizaciones sociales de los salarios más altos, y se puso en marcha un mecanismo de control automático de la reforma exigido por Bruselas y aceptado por el gobierno que nos lleva a que cada 3 años puedan imponerse más reformas y aplicarse nuevos recortes. La primera cita será en 2025.
Este año las pensiones subirán un 3,8%, el 6,9% las no contributivas y hasta un 14% las de viudedad. Una subida, que aunque no permite recuperar todo el poder adquisitivo perdido, es una buena noticia en medio del tsunami de la inflación.
Una mayoría ve peligro de privatización de las pensiones públicas
Aprovechar el 2024 es preparar el 2025
En paralelo a todo este proceso, ha ido creciendo en la sociedad la conciencia de que es necesario blindar las pensiones en la Constitución para que no dependan de los gobiernos de turno o de las presiones de Bruselas. Lo que más hemos de temer en el 2024 no es lo que haga el Gobierno, sino lo que pretendan obligarle a hacer. No hay más que leer las recomendaciones europeas a España en materia de pensiones y la advertencia con la que cierra el año: vuelve la austeridad y serán necesarios ajustes para reducir el gasto.
Precisamente es en 2011 cuando se empiezan a dar los primeros pasos de lo que en 2013 acabaría siendo la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP). A día de hoy, no hay análisis o debate que pretenda abordar el futuro inmediato de las pensiones de forma sería, que no aborde del objetivo exigido por la MERP: una reforma de la Constitución que prohíba de forma explícita la privatización de las pensiones y la pérdida de poder adquisitivo, pasando a ser consideradas un derecho fundamental.
Así lo refleja de forma contundente el barómetro anual que presentó recientemente la Unión Democrática de Pensionistas. Según el estudio, el 80% de los mayores de 55 años consideran que el futuro de las pensiones pasa por blindarlas como un derecho fundamental en la Constitución. No hay ninguna otra medida entre las que se les ofrece a los encuestados que obtenga tanto apoyo.
En esta dirección, un 26% de los encuestados consideran que las pensiones públicas van a ser privatizadas, y otro 34% consideran que es probable que no, aunque no con total seguridad. El barómetro de la empresa Simple Lógica tiene un porcentaje de fiabilidad del 97%. Existe la necesidad, porque existe el riesgo.
El blindaje constitucional de las pensiones es ya una exigencia mayoritaria en la sociedad y, teniendo en cuenta que el 2025 será el año de la revisión a la que nos someterá Bruselas, el 2024 debe ser el año en el que avanzar en este objetivo. Por eso la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones prepara un llamamiento a la movilización, al mismo tiempo que trabaja por llevar al Congreso un debate con los portavoces del Pacto de Toledo, tal y como hizo en el 2019. Según portavoces de la plataforma, podemos esperar noticias a principios de año.