Estos días, muchas mujeres en EEUU se han acordado con horror de la célebre serie ‘The Handmaid’s Tale’ (El Cuento de la Criada), basada en la distopía de Margaret Atwood, en la que unos EEUU totalitarios y teocráticos subyugan a las mujeres, usándolas como esclavas reproductivas.
La filtración de un borrador de una sentencia del Tribunal Supremo de los EEUU que derogaría la sentencia Roe contra Wade -un histórico dictamen (1973) de este Alto Tribunal, que posibilita entre otros derechos la autodeterminación reproductiva de la mujer, y por tanto las leyes que protegen el aborto- ha provocado un terremoto en los EEUU. De ser aprobado, los Estados más conservadores podrán prohibir ‘de facto’ o mutilar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
El caso Roe contra Wade, que creó jurisprudencia, fue en 1970, cuando Jane Roe interpuso un recurso contra el artículo del Código Penal del Estado de Texas que prohibía y castigaba el aborto con multas e incluso penas de prisión. Roe logró una sentencia favorable del Supremo, en 1973, en la que los jueces determinaron que las mujeres, en base a su derecho inviolable y constitucional a la privacidad (a decidir en su ámbito privado por encima del Estado), podían interrumpir su embarazo.
¿Qué supondría la aprobación de este borrador?
El expresidente Donald Trump se aseguró, antes de abandonar su cargo, de colocar en la Corte Suprema jueces conservadores que derogaran la sentencia “Roe contra Wade” y prohibieran el aborto. Esta sentencia protege como constitucional el derecho de las mujeres a abortar, impidiendo a los Estados que conforman EEUU prohibir esta práctica.
Antes de la sentencia, 30 de los 50 Estados del país tenían leyes que prohibían el aborto en cualquier momento de la gestación. Ahora, si finalmente la sentencia es revocada en junio, daría rienda suelta a los Estados republicanos -en su mayoría bajo el signo de un ultraconservador trumpismo- para volver a prohibir el aborto, haciéndolo en los hechos ilegal o muy restringido. Hablamos de entre 21 y 26 Estados que prohibirían o restringirían notoriamente el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo, entre ellos Estados republicanos como Texas, Arizona, Misuri, Georgia, Ohio, Indiana y Wisconsin. En Estados republicanos más progresistas, como California, o bajo gobiernos demócratas como Nueva York y Nueva Jersey, los gobiernos continuarán permitiendo el aborto y no aumentarán las restricciones.
Si finalmente se aprueba el borrador, se daría rienda suelta a los estados para prohibir ‘de facto’ el aborto.
¿Quién saldría perdiendo?
La realidad es que prohibiendo el aborto o dificultando su acceso no se acaba con él, sino que se dificulta su acceso a las mujeres con menos recursos y se las condena, en ocasiones, a abortos clandestinos e inseguros. En los países con leyes más restrictivas para acceder a este derecho aumenta el número de abortos clandestinos, con consecuencias nefastas para las mujeres. Según un estudio de ACAI (la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo) el 30,37% de las mujeres que abortaron lo hubieron hecho de forma clandestina si hubiera estado prohibido, y, según datos de la ONG Planned Parenthood, en 1965, el aborto en EEUU era tan inseguro que el 17% de las muertes relacionadas con el embarazo eran debidas a un aborto ilegal.
Las mujeres de color o inmigrantes con recursos limitados serán las que más saldrán perdiendo si la sentencia llegara a salir. Preguntada por De Verdad, Estefanny Molina, portavoz de Women’s Link Worldwide, valora la existencia del borrador como “devastadora y frustrante”. Las mujeres tendrán que sufrir más aún las consecuencias de la desigualdad, “tendrán que trasladarse de un Estado a otro para poder abortar, y las que no se lo pueden permitir, se enfrentarán a maternidades forzadas o abortos inseguros”. Es un ataque a los derechos de las mujeres, pero con un marcado acento de clase: mientras que una actriz de Hollywood puede coger un avión privado y abortar en la mejor clínica de Europa si así lo desea, una mujer pobre de Texas deberá enfrentarse a una maternidad que no puede o no quiere afrontar.
En algunos Estados puede haber consecuencias legales para las mujeres que accedan al aborto: “Muchas mujeres serán perseguidas penalmente y acabarán en la cárcel por querer acceder a un servicio de salud,” lamenta Molina.
“Serán las mujeres con recursos limitados y situación irregular quienes sufran las consecuencias”, afirma Estefanny Molina portavoz de Women´s link Worldwide
La parte positiva es que, habiéndose filtrado el documento, las mujeres y toda la población estadounidense puede ponerse en pie y luchar por sus derechos para que esto no se lleve a cabo. “El movimiento feminista global siempre ha estado dispuesto a seguir trabajando y no rendirse” -recuerda la activista, con un mensaje esperanzador. – “Es importante resaltar la lucha que se ha perseguido durante años, siglos, para alcanzar los derechos sexuales y reproductivos.”
Las mujeres que vinieron antes y se dejaron la piel son un recordatorio de que la lucha es necesaria y que sí, se puede, dice Molina. “Las victorias de las mujeres en países como Colombia, Kenia, Tailandia… estos países del sur global que reflejan la evolución de las últimas décadas pueden ser una inspiración para las activistas estadounidenses”.
“Mientras llega la decisión final, hay que interpelar a los movimientos sociales a exigir y presionar al tribunal contemplando las experiencias del sur como un paradigma de que el cambio se puede dar”, afirma la portavoz de Women´s linkWorldwide. La sociedad civil está saliendo a la calle, estos días hay diversas protestas en diferentes ciudades por todo el país.
El progresivo intento de acabar con la ley del aborto
La batalla contra el aborto en los EEUU no es una novedad, viene de lejos. En los últimos años, numerosos estados conservadores del país han aprobado leyes que restringen su acceso. La Cámara Baja de Estados Unidos aprobó en 2021 un proyecto de ley para proteger el derecho al aborto a nivel nacional, pero no logró superar la oposición en el Senado. Con 48 votos en contra y 46 a favor, los conservadores frenaron el proyecto.
Cuando la Corte Suprema reconoció el derecho de las mujeres estadounidenses a abortar, permitió que cada estado pudiera poner límites a este derecho, y los gobernados por conservadores han ido poniéndole trabas de forma progresiva a lo largo de los años.
El caso de Texas es de los más radicales, desde 2021 permite el aborto solo hasta la sexta semana de gestación, un período de tiempo tan corto que muchas mujeres aún no conocen su estado y les impide decidir si seguir adelante con el embarazo o no, y tampoco contempla excepciones en ciertos casos como violaciones. El Estado de Idaho intentó ir más allá y primar la delación, aprobando una ley para premiar con hasta 20.000 dólares a los familiares de un «bebé no nacido» que denunciasen. La ley finalmente ha sido bloqueada.
En Arizona, el gobernador republicano firmó este año un proyecto de ley que prohíbe el aborto después de las 15 semanas de embarazo. La medida hace excepciones para emergencias médicas, pero no para violaciones, y entrará en vigor a finales de 2022 si no es bloqueada antes. Oklahoma -también bajo gobierno republicano- firmó, en abril de este año, la ley del aborto más restrictiva de todo el país, la cual prohíbe abortar en todos los casos excepto en los que la vida de la madre esté en riesgo. Además, incluye penas de cárcel de diez años y 100.000 dólares de multa. Por su parte, Kentucky se ha convertido en el primer estado que deja de practicar abortos por completo en sus clínicas, después de que entrara en vigor una ley con múltiples restricciones.
Por el contrario, en los estados más progresistas, bajo gobierno demócrata, se han puesto en marcha leyes para proteger y ampliar el derecho al aborto, como es el caso de Colorado, Maryland o Vermont.
Si les preocupa el número de abortos…
La interrupción voluntaria del embarazo es un derecho reproductivo fundamental, que debe estar protegido y ser accesible para todas las mujeres. Nada reduce más el número de abortos que acabar con la desigualdad, redistribuir la riqueza, crear empleo para todos con salarios y pensiones más que dignos, asegurar el acceso a una sanidad y educación de calidad, y acabar con la violencia contra las mujeres en todas sus formas.