Ecuador acumula cinco intensas semanas de paro nacional, con huelgas, protestas, cortes de carreteras y violentos enfrentamientos entre las fuerzas represivas y los manifestantes. Un amplio movimiento encabezado por los campesinos e indígenas -agrupados en torno a la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE)- pero donde también participan sindicatos de trabajadores urbanos y estudiantiles, protagoniza una potente ola de protestas contra las políticas antipopulares y antidemocráticas de Daniel Noboa.
Las protestas acumulan ya tres muertos -todos indígenas de la CONAIE- a manos de armas de fuego de los antidisturbios, así como más de 350 heridos por la brutal represión. Además hay casi 200 detenidos, incluidos líderes indígenas y activistas, una veintena con cargos de «terrorismo»
Las movilizaciones comenzaron el 22 de septiembre como un paro nacional indefinido en protesta por una medida que los antecesores de Noboa -Lenin Moreno, Guillermo Lasso- ya intentaron poner en marcha, y que desencadenó igualmente potentes protestas: la eliminación del subsidio al diésel.
Esta medida, hecha en nombre de ahorrar recursos estatales (unos 1.400 millones de dólares anuales) significa un hachazo para el conjunto de clases populares, con incrementos de más del 56% del precio del combustible del que dependen los pequeños agricultores, los pescadores y las comunidades indígenas del país. Pero en última instancia, acaba afectando a todas las clases trabajadoras en forma de inflación de los alimentos o del transporte público. «Si sube el diésel, sube la canasta, sube todo», dicen en las manifestaciones.
Por eso, además de la restitución total del subsidio, exigen la reducción del IVA del 15% al 12% (para aliviar la inflación y el costo de vida en comunidades pobres); y el aumento del salario básico de 470 a 650 dólares. También mejoras urgentes en salud y educación públicas, colapsadas por los duros ajustes de este gobierno y los anteriores.
Las reivindicaciones económicas contra las políticas empobrecedoras de Noboa no son el único motivo de las protestas. La CONAIE, la izquierda y los sindicatos denuncian la deriva autoritaria y antidemocrática de Daniel Noboa -miembro de una de las familias más ricas del país, representante nato de la oligarquía criolla ecuatoriana- y la instalación de bases militares de EEUU en Ecuador, así como la expansión depredadora de la minería y la actividad extractiva, en manos extranjeras, arrasando con el medio ambiente y los territorios indígenas.
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Más represión, más rebelión
En respuesta al paro nacional, Noboa declaró el Estado de Excepción en un total de siete provincias del país en un intento de frenar las protestas. Pero lo único que consiguió fue echar gasolina al fuego.
El 28 de septiembre, un manifestante era asesinado por la policía en la ciudad andina de Cotacachi, en la provincia de Imbabura, al norte de Quito, lo que provocó la extensión de las movilizaciones y la ampliación del Estado de Emergencia a 10 de las 24 provincias del país, movilizando a más de 5.000 militares y suspendiendo durante sesenta días el derecho de reunión.
Hablar de «mano de hierro» es poco. Además de estar coordinado con Washington y de acusar a la CONAIE y los sindicatos de «terrorismo» y de tener vínculos con el narcotráfico, Noboa ha solicitado el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la agregaduría militar de Israel en Sudamérica para “potenciar su estrategia de seguridad».
Pero de nuevo, la represión no ha arredrado a las fuerzas populares. Aunque el epicentro de las protestas está en las zonas rurales, se les ha sumado los estudiantes de Quito, la capital, así como otros sectores urbanos.
Los dirigentes de la CONAIE, de los sindicatos y estudiantes han ratificado «la continuación del paro popular hasta que el gobierno elimine el incremento del precio del diésel en un dólar, libere a todos los detenidos, despeje las carreteras de varias provincias de los controles militares, y abra una mesa de diálogo para resolver la crisis económica, la inseguridad, la carencia de servicios públicos y la falta de atención médica en los hospitales estatales», dice un comunicado.