«Zarandeado por siete días de infarto, por una semana de ataques financieros que han situado a España al borde del precipicio, José Luis Rodríguez Zapatero descarga desde la tribuna de oradores una realidad muy negra y anuncia, en 120 segundos, nueve medidas «imprescindibles y equitativas» para salir del pozo, nueve puntos negros entre los folios 11 y 12 que suponen el mayor recorte social conocido en la historia reciente.»
A juzgar or sus declaraciones, Zapatero se resiste a ejecutar un recorte drástico del déficit y mantiene su plan de ajuste inamovible. Pero sus palabras del sábado pierden todo el sentido cuando la vicepresidenta Elena Salgado acude el domingo a la reunión de los ministros de Economía (Ecofin) y muchos, principalmente Alemania, exigen a España un sacrificio extraordinario. Elena Salgado libra una batalla capital con el resto de ministros de Economía. "Querían que recortáramos 30.000 millones de euros más entre 2010 y 2011. Pero Salgado", cuenta un compañero, "se defendió bien y al final el compromiso fue 5.000 millones este año y 10.000 el próximo". (EL PAÍS) EL PAÍS.- El Gobierno ha quedado en una situación política muy precaria tras el anuncio del severo plan de ajuste hecho público esta semana. Pero la precariedad no es consecuencia del nuevo rumbo al que apuntan las medidas, sino de la recalcitrante obstinación con la que el presidente Zapatero mantuvo el anterior. Su idea de que la mayor crisis financiera tras el crac de 1929 se podía sortear con eslóganes y gesticulación propagandística hizo perder un tiempo precioso para que el país encarase en mejores condiciones una gravísima coyuntura económica EL ECONOMISTA.- El PP aventaja en 9,1 puntos al PSOE en intención de voto después de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunciara un duro ajuste presupuestario para reducir el déficit público, que afecta, entre otros, a los salarios de los funcionarios y a los pensionistas. El partido que lidera Mariano Rajoy se impondría en las elecciones con un 42,8 por ciento, mientras que los socialistas obtendrían un 33,7 por ciento. Reportaje. El País Dos minutos que cambiaron a España José Manuel Romero El presidente entra cabizbajo en el hemiciclo del Congreso con un escueto discurso en su mano derecha. Abre la carpeta blanca y lee 16 folios de malas noticias. Zarandeado por siete días de infarto, por una semana de ataques financieros que han situado a España al borde del precipicio, José Luis Rodríguez Zapatero descarga desde la tribuna de oradores una realidad muy negra y anuncia, en 120 segundos, nueve medidas "imprescindibles y equitativas" para salir del pozo, nueve puntos negros entre los folios 11 y 12 que suponen el mayor recorte social conocido en la historia reciente. La sesión parlamentaria del miércoles 12 de mayo de 2010 quedará grabada en la memoria de España. Ese día, el jefe del Gobierno anunció uno de los ajustes económicos más impopulares y dolorosos de la democracia. Cinco millones de pensionistas, 2,8 millones de funcionarios, cientos de miles de ancianos necesitados de asistencia y los 400.000 nuevos padres de 2011 sufrirán en sus bolsillos las consecuencias del recorte. Las constructoras perderán un negocio de 6.000 millones de euros en obra pública y los países en vías de desarrollo dejarán de recibir 600 millones de euros de la cooperación española. La tijera de Zapatero se llevará por delante 15.000 millones de euros en año y medio, una factura dramática que el Gobierno socialista ha decidido pagar para ahuyentar algunos fantasmas que amenazan la estabilidad financiera de España y de la Unión Europea. El presidente que se juramentó para no tocar las prestaciones sociales en medio de la tormenta de la crisis y que se aferró a la paz social como un salvavidas con el que salir a flote en plena recesión, descendió el pasado miércoles a su particular infierno para anunciar la reducción de unos gastos que, hasta ese momento, eran sagrados e intocables. "No había alternativas. Había que hacerlo y lo hizo. Estaba determinado", cuenta un ministro. Lo hizo sin encontrar en el hemiciclo ni una sola mano tendida, salvo la de su propio grupo parlamentario; lo hizo a sabiendas de que lloverían huelgas en España y de que le darían la espalda los sindicatos mayoritarios, con los que se ha entendido bien durante estos dos años de calvario económico y paro desbocado; lo hizo a la fuerza, porque le obligaron otros gobiernos de la Unión Europea; lo hizo en la intimidad de su teléfono móvil conversando con apenas media docena de colaboradores y algunos líderes europeos; lo hizo pese a que sólo una semana antes, cuando se reunió en el palacio de la Moncloa con Mariano Rajoy, había defendido con vehemencia todo lo contrario. El pasado 5 de mayo, el líder de la oposición exigió al presidente más ahorro. Zapatero se negó con un argumento que repitió hasta cuatro veces delante de los periodistas: "No es una buena opción acelerar la reducción del déficit. Quien está equivocado es el PP sobre este asunto. Si uno hace una drástica reducción del déficit puede comprometer la recuperación". Sólo siete días después de aquella defensa sin fisuras de un recorte moderado del déficit, Zapatero cambió radicalmente de discurso en el Congreso: "Coherentes con la evolución de la realidad, el Gobierno ha adoptado un compromiso de acelerar la reducción inicialmente prevista, asumiendo un recorte adicional de medio punto este año y otro punto adicional en 2011, para pasar en dos años del 11,2% de déficit al 6%". El presidente admitió que la dolorosa decisión provocará, además de un notable descontento social, un pequeño retroceso en lo económico: "La reducción de la demanda afectará transitoriamente al crecimiento, que el año que viene será unas décimas inferior al previsto". La realidad evoluciona casi a la velocidad de la luz. Lo que el Gobierno consideraba el miércoles 12 de mayo un "buen plan de ajuste" que no había que acelerar, apenas servía el viernes 14 y ya es un pasado remoto el domingo. "Fue una semana negra que nos sorprendió a todos", recuerda un colaborador del presidente. "Desde el lunes sufrimos los ataques consistentes de los mercados financieros, y el miércoles, Jean-Claude Trichet, presidente del Banco Central Europeo, acabó de hundirnos con unas declaraciones contrarias a la compra de títulos de deuda pública que generó mucha inquietud. La Bolsa reaccionó muy mal. Nosotros teníamos previsto hacer un ajuste duro en 2011 con un presupuesto muy complicado para rebajar dos puntos del déficit. Pensábamos anunciarlo en junio con motivo de la aprobación del techo del gasto presupuestario, pero los acontecimientos nos atropellaron". La semana negra del 3 al 9 de mayo dejó unos registros pésimos: el euro cayó por debajo de los 1,27 dólares por primera vez desde marzo de 2009; los bonos de los países periféricos sufrieron una oleada de ventas, lo que llevó a máximos sus primas de riesgo; la Bolsa española se derrumbó en sólo siete días un 14%, la segunda peor marca de su historia. "Habían ido a por Grecia, iban a por Irlanda, Portugal, España, luego Italia y el siguiente era Francia. Había que hacer algo y rápido", señala uno de los principales interlocutores de Zapatero durante la semana crítica. El presidente del Gobierno habla con Angela Merkel, con Nicolas Sarkozy, con Silvio Berlusconi. La vicepresidenta económica dialoga con Timothy Geithner, secretario de Estado del Tesoro de Estados Unidos. Se convoca de urgencia la reunión de jefes de Estado y de Gobierno del Eurogrupo para el viernes a las siete de la tarde. Aparentemente se trata de dar el espaldarazo definitivo al plan de rescate a Grecia, pero ese punto se convierte en un asunto menor. La reunión del Eurogrupo resultará una cita crucial para el futuro de la Unión Europea; una cita imprescindible para la economía de los países en dificultades; una cita histórica y trascendental a la que España acude en números rojos, con un déficit del 11,2% y un 20% de paro. Los primeros ministros, con Sarkozy a la cabeza, negocian la creación de un mecanismo europeo que proteja a todos los países de los ataques especulativos en los mercados financieros. Alemania se resiste, pero acaba cediendo. Antes exige que los países con peores registros, como España, intensifiquen los planes de consolidación fiscal y pongan freno a su deuda. Zapatero ha vivido una "reunión de la máxima trascendencia", según confiesa a los periodistas, donde se ha acordado "mandatar a la Comisión Europea para presentar un mecanismo de apoyo comunitario ante la situación de riesgo de solvencia de cualquier país de la zona euro". El presidente todavía no da pistas sobre el ajuste duro que se precipita sobre España: "Nuestro proceso de reducción del déficit, necesario e imprescindible, debe ir acompañado con el crecimiento económico. Por una reducción excesivamente rápida del déficit, que es inversión pública en gran medida, no podemos poner en riesgo el crecimiento económico. Y mucho más ahora que en el primer trimestre hemos tenido un crecimiento positivo saliendo de la recesión", explica en la conferencia de prensa. A juzgar por sus declaraciones, Zapatero se resiste a ejecutar un recorte drástico del déficit y mantiene su plan de ajuste inamovible. Pero sus palabras del sábado pierden todo el sentido cuando la vicepresidenta Elena Salgado acude el domingo a la reunión de los ministros de Economía (Ecofin) y muchos, principalmente Alemania, exigen a España un sacrificio extraordinario. Elena Salgado libra una batalla capital con el resto de ministros de Economía. "Querían que recortáramos 30.000 millones de euros más entre 2010 y 2011. Pero Salgado", cuenta un compañero, "se defendió bien y al final el compromiso fue 5.000 millones este año y 10.000 el próximo". A primera hora de la tarde del domingo, el recorte extra que acepta España para acelerar la reducción de su déficit ya circula como noticia, pero todavía siguen las negociaciones en el Ecofin, que concluyen de madrugada con un acuerdo para movilizar hasta 750.000 millones de euros en defensa de la Unión Monetaria y de las economías de la eurozona. Tras horas de máxima tensión, los gobiernos de los países europeos acuerdan dotarse de un escudo colosal para ahuyentar a los tiburones que huelen la sangre de los países con números rojos en sus cuentas públicas. El Gobierno tiene que pasar de los compromisos alcanzados en Bruselas a la realidad de los hechos en Madrid. La mañana del lunes fue intensa en el palacio de la Moncloa. Por primera vez desde que estalló la crisis económica, Zapatero reúne a su núcleo duro para debatir una medida tan dolorosa e impopular que le provoca "desgarro interior", según cuenta uno de los colaboradores. Entre todos barajan múltiples alternativas para restar 15.000 millones al presupuesto, todas ellas con un coste social considerable. El presidente no quiere cargar a los usuarios de la sanidad pública con la fórmula de copago que alguien baraja; ni quiere oír hablar de tocar las prestaciones por desempleo. "Desde el viernes ya estábamos trabajando algunos en el recorte. Pensábamos ir con un pequeño paquete de medidas. Aún no se había evaluado el alcance de la rebaja, pero ya se veía que el recorte de sueldos de los funcionarios iba a ser inevitable", explica un ministro. En la reunión del lunes en los maitines de Moncloa se escucharon argumentos para justificar la medida, aunque todos eran conscientes de la tremenda fractura social que podía desencadenar la rebaja salarial. "Los funcionarios han ganado poder adquisitivo en los últimos años y tienen el puesto de trabajo fijo y asegurado", comenta una de las personas presente en la reunión. Otro remacha: "Era la medida más medible, sabemos cuánto se ahorra con ese recorte y el Eurogrupo también lo sabe. Algunos países en dificultades ya lo han hecho y otros lo harán". A Zapatero, el ajuste que ha tenido que digerir en apenas cinco días le produce amargura, y no sólo por la bajada del sueldo de los funcionarios. "La partida de ayuda al desarrollo no tendrá grandes efectos políticos, pero al presidente le escoció. Nos decía que cortar la ayuda al desarrollo era como cortarse un brazo. Con los pensionistas, lo mismo", señala uno de sus ministros. El presidente encargó a la Oficina Económica de Moncloa un informe sobre las distintas posibilidades de reducir gasto. Si evitaban ahorrar mediante la bajada salarial a los funcionarios, lograr un recorte de 15.000 millones de euros en dos años exigía cargarse toda la inversión pública, con lo que el empleo podría verse gravemente afectado. Zapatero descartó esta opción. Todas las variables desembocaban en el mordisco a los sueldos públicos, también los del Gobierno, que se reducirían un 15%. El martes por la mañana, el presidente tiene sobre su mesa la lista negra de los recortes. A las cinco de la tarde, recibe una llamada de Barack Obama, que le traslada su preocupación por los problemas financieros relacionados con la deuda de algunos países europeos. Zapatero intenta tranquilizarle y explica al presidente de Estados Unidos las medidas aprobadas en el Ecofin del domingo anterior para blindar a Europa de los ataques especulativos. De paso, le adelanta el duro ajuste que aplicará en España y que lo anunciará al día siguiente en el Congreso de los Diputados. El presidente español se despide de Obama y llama a algunos colaboradores para comentarles la conversación: "Nos dijo que el presidente de Estados Unidos había estado afectuoso y comprensivo. Que le recordó que también él había tenido que hacer reformas duras, pero que era necesario hacerlas. Nos sorprendió que la conversación trascendiera y que el portavoz de la Casa Blanca informara sobre la misma". No es el único sapo que se traga Zapatero esa jornada. Ha hablado por la tarde con los principales líderes sindicales en España para anticiparles la decisión que ha tomado. Cándido Méndez (UGT) e Ignacio Toxo (CC OO) mantienen una buena relación con el presidente. Se diría que hasta se entienden. Hasta esa tarde. El duro ajuste económico que Zapatero ha puesto en marcha es inaceptable para los sindicatos. "El Gobierno renuncia a gobernar y deja que lo hagan los mercados especulativos. Es intolerable. Zapatero se ha hecho el haraquiri y ha dejado a los sindicatos a los pies de los caballos. A partir de ahora, con este precedente de reducción de un 5% en los salarios de la Administración, la negociación de los convenios colectivos en las empresas privadas va a ser imposible", se lamenta un alto cargo sindical. Méndez y Toxo se muestran contrariados por este cambio de rumbo del presidente, que renuncia a mantener algunas prestaciones sociales de las que, hasta hace unos días, se sentía principal valedor y defensor. No entienden las razones de Zapatero. Llaman a sus equipos de madrugada mientras en un edificio del complejo de La Moncloa, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, reúne a los líderes sindicales de CC OO y UGT en la Función Pública. También ha citado al representante de CSIF, pero no está en Madrid. Es una reunión "larga y difícil", según distintas fuentes. El papel que le toca desempeñar a la vicepresidenta es especialmente complicado. Hace varios meses, De la Vega firmó con los sindicatos de la Función Pública un acuerdo que garantizaba la paz social durante varios años a cambio de un acuerdo salarial que garantizaba el mantenimiento del poder adquisitivo de los funcionarios. "Con este acuerdo vamos a convertir a la Administración Central del Estado en un motor que sin duda va a contribuir a la salida de la crisis", proclamaba entonces la vicepresidenta rodeada de los líderes sindicales. Cuando, desde el Ministerio de Economía, el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, sugirió que ese acuerdo era papel mojado porque había que ahorrar más en gastos de personal, De la Vega afeó la conducta al alto cargo. No fue la única. Zapatero también había echado cuentas y consideraba que con reducir cada año la oferta de empleo público a la mínima expresión, como ya se ha hecho en 2010, se cumpliría con el ahorro previsto en gastos de personal sin necesidad de reducir salarios. Eso era así, por voluntad expresa del presidente del Gobierno, hasta que las exigencias de otros gobiernos europeos le hicieron cambiar de opinión en apenas unos días. El martes por la noche, en La Moncloa, Fernández de la Vega se tuvo que comer sus palabras ante los líderes sindicales de la Función Pública porque había que salvar al euro y a los países con más dificultades financieras, entre ellos España. El presidente del Gobierno se levanta temprano el miércoles y se prepara para una desagradable sesión parlamentaria que no olvidará nunca. Zapatero se pone el casco en el Congreso para recibir andanadas a izquierda y derecha. Es un debate áspero y uno de los más tristes para él. Ni vence ni convence. Lo previsto. De allí se marcha a la sede central del PSOE, en la calle de Ferraz, donde le espera el poder regional del partido al que quiere explicar que la medida es necesaria para salvar a España y asegurar un futuro próspero. En la casa donde manda desde hace diez años, Zapatero vence y convence. Al menos, en apariencia. A la salida, algunos de los que escucharon atentos sin levantar la mano para protestar empiezan a mascullar: "Acabamos de perder las próximas elecciones". ************************* Editorial. Evitar el ostracismo El Gobierno ha quedado en una situación política muy precaria tras el anuncio del severo plan de ajuste hecho público esta semana. Pero la precariedad no es consecuencia del nuevo rumbo al que apuntan las medidas, sino de la recalcitrante obstinación con la que el presidente Zapatero mantuvo el anterior. Su idea de que la mayor crisis financiera tras el crac de 1929 se podía sortear con eslóganes y gesticulación propagandística hizo perder un tiempo precioso para que el país encarase en mejores condiciones una gravísima coyuntura económica; también no pocos recursos dilapidados en iniciativas que, como los diversos regalos fiscales, pretendían disfrazar como políticas sociales avanzadas simples argucias populistas, concebidas de manera irresponsable en campaña electoral. Acuciado por el entorno europeo e internacional, el Gobierno ha tenido que poner fin abruptamente a una estrategia que, en el fondo, sólo consistía en interpretar como ocasión para las escaramuzas políticas internas una tormenta financiera internacional de la que no podía desentenderse. Ahora que se ha visto obligado a despertar de una ensoñación en la que cada día estaba más solo, es la oposición la que parece dispuesta a tomar el relevo en esta visión miope de lo que se juega el país, intentando sacar tajada electoral de un Gobierno forzado a hacer cuanto negaba hasta la víspera. La pueril propuesta de recortes del gasto, anunciada ayer por Mariano Rajoy al término de una reunión con los presidentes autonómicos del PP, demuestra fehacientemente que el partido que aspira a gobernar España carece de cualquier perspectiva realista de política económica. El desafío inmediato al que se enfrenta la oposición, y en el que se juega su credibilidad como alternativa, es apoyar sin reservas los drásticos recortes anunciados por el Gobierno, no aprovechar la ocasión para traducir la crisis económica en una crisis política que lleve, además, a una sustitución del presidente, un Gobierno de unidad o un adelanto electoral. Cualquiera de estas alternativas no evitaría que el recorte del gasto público siguiera adelante. Lo que exige el carácter excepcional de la coyuntura son medidas igualmente excepcionales como las que se han anunciado, no trasladar la excepcionalidad al Ejecutivo. La responsabilidad contraída por el Gobierno y su presidente en la gestión de la crisis no puede hacer que se pierda de vista su dimensión internacional. La reducción del gasto público en las tres únicas partidas en las que se puede realizar -salarios de los funcionarios, costes sociales e inversiones- es una decisión exigida por la coyuntura interna, pero sobre todo por el papel internacional que España desempeña como país miembro del euro. Ni por los efectos que tendría sobre nuestra prosperidad, ni por los que acarrearía para la economía internacional, pueden el Gobierno y las restantes fuerzas políticas faltar a sus deberes. Creer que es sólo el electorado quien está pendiente de las decisiones que adopten unos y otros sería un error garrafal; además del electorado, son los Gobiernos y los ciudadanos de países que comparten con España una moneda única y un sistema económico fuertemente interrelacionado quienes nos observan. El compromiso europeísta ofreció a España la oportunidad de vivir los mejores años de su historia; lo que ahora demanda ese compromiso es responsabilidad; ya no cabe la alternativa castiza del ensimismamiento. Es ensimismamiento confrontar una crisis en la que los factores exteriores e internos se han potenciado recíprocamente, desde la convicción de que las decisiones económicas que se adopten en España forman parte de las escaramuzas electorales. Hasta ahora, esa convicción sólo ha acarreado el desprestigio de la clase política. En lo inmediato, puede provocar el del país, devolviéndonos al ostracismo que tantos males nos causó en el pasado. EL PAÍS. 16-5-2010 Encuesta. El Economista El impopular plan de ajuste de Zapatero dispara la ventaja del PP en la intención de voto El PP aventaja en 9,1 puntos al PSOE en intención de voto después de que el presidente del Gobierno, Jose Luis Rodríguez Zapatero, anunciara un duro ajuste presupuestario para reducir el déficit público, que afecta, entre otros, a los salarios de los funcionarios y a los pensionistas. De acuerdo con un sondeo de Metroscopia para El País, el partido que lidera Mariano Rajoy se impondría en las elecciones con un 42,8 por ciento, mientras que los socialistas obtendrían un 33,7 por ciento. El PP gana más de ocho puntos en una semana Esta encuesta, que se realizó el pasado 13 de mayo, un día después de que Zapatero hiciera público su plan de recorte del déficit, también refleja que el PP obtendría un 28,2 por ciento de los sufragios si se celebrasen mañana elecciones generales y el PSOE, en cambio, tendría un 21,8 por ciento. Según el último sondeo de intención directa de voto, que realizó el CIS en abril, el PSOE recortaría a 1,5 puntos la ventaja que le saca el PP, partido que ganaría las elecciones, y el PSOE obtendría el 24,5 por ciento de los votos y el PP, el 22,8. Respecto al plan de recorte del Gobierno, un 46 por ciento lo desaprueba y un 34 por ciento lo respalda. Además un 74 por ciento considera que no son suficientes las medidas previstas y sólo un 16 por ciento cree lo contrario. La encuesta refleja también la valoración de la actuación de Zapatero y Rajoy en relación con este plan, de manera que el presidente del Gobierno logra 3,7 puntos en una escala de cero a diez, mientras que el líder de la oposición se posiciona con un 3,6. ‘Sí’ al aumento de impuestos a los más ricos Sobre algunas medidas en concreto, como la bajada media de un cinco por ciento del sueldo de los funcionarios, los encuestados lo respaldan mayoritariamente (un 58%). La congelación de las pensiones es rechazada por un 66 por ciento de los entrevistados, así como la decisión de reducir la jubilación parcial (62%). Otras medidas de carácter social como el recorte de 600 millones de euros a la ayuda oficial al desarrollo son desaprobadas por un 53 por ciento y la eliminación del cheque-bebé a partir del próximo año también cuenta con la oposición de un 49 por ciento. Una medida como el aumento de los impuestos para las rentas más altas es bien vista por un 75 por ciento de los encuestados. Un 68 por ciento de los ciudadanos es partidario de que el PP apoye el plan de ajuste del Gobierno para salir de la crisis. EL ECONOMISTA. 16-5-2010