Ante la pasividad por el relevo del líder de UGT de Cádiz, Salvador Mera, imputado en el caso de los ERE, la dirección provincial dimitió ayer en bloque porque «ya no podía aguantar más» la situación.
La Comisión Ejecutiva de UGT-Cádiz estalló en desacuerdo con la actual situación de parálisis que vive el sindicato en la provincia tras la imputación de su secretario general, Salvador Mera, en el caso de los ERE. Los vocales de la Ejecutiva no entienden la falta de respuesta y la razón por la cual Mera no ha sido apartado de la dirección.
Nada más producirse la imputación de Mera en la segunda fase de la operación Heracles, las distintas federaciones de UGT en Cádiz iniciaron un proceso de diálogo para buscar una solución y, sobre todo, un candidato de consenso. Pero ha pasado el tiempo sin una solución.
Fuentes de UGT-A en Cádiz consideran que la Ejecutiva regional «ha tardado demasiado en reaccionar» y que la situación «ya no podía aguantar más; el desgaste y el desánimo entre los compañeros crece por días».
La dimisión de los seis miembros de la dirección se produjo tras una reunión en la que se elaboró un escrito dirigido a la Comisión Ejecutiva regional de UGT-Andalucía.
El secretario de comunicación ugetista en Andalucía, José Ginel, sostuvo después que, si bien no aceptaron la dimisión de Mera –que puso su cargo a disposición del sindicato–, esta misma semana pensaban activar todos los recursos para iniciar la renovación del sindicato en Cádiz.
«Los compañeros de la Ejecutiva de Cádiz se han adelantado» manifestó Ginel, quien explicó que el siguiente paso ahora que tomará el sindicato en Andalucía será nombrar una gestora y, en el plazo de tres a seis meses, convocar un congreso extraordinario que elija al nuevo secretario general en Cádiz.
Ginel destacó que «la Ejecutiva se considera disuelta a todos los efectos» y que desde ahora el objetivo, según el secretario regional de Comunicación, será buscar un consenso entre todas las federaciones «con las que vamos a trabajar intensamente para aminorar el tiempo de la renovación».
Uno de los nombres barajados para sustituir a Mera es el de Antonio Montoro, portavoz del colectivo de ex trabajadores de Delphi, aunque su federación, la del Metal, podría proponerle un cargo de acción sindical en Sevilla.
El caso de los ERE fraudulentos es sólo uno de los frentes abiertos del sindicato. El otro gran escándalo que sacude estos días a UGT es el de las comilonas en la Feria de Abril pagadas con fondos públicos. Sobre éste habló ayer el líder nacional ugetista, Cándido Méndez, quien anunció que no asumirá responsabilidades hasta que la Junta de Andalucía aclare si la imputación de este gasto es irregular.
Como desveló EL MUNDO el pasado 25 de agosto, UGT cargó a la Junta su cena anual en la caseta de Feria de 2010 por 12.716,23 euros. El sindicato dio órdenes para que, en la factura, el concepto que apareciera fuera el de «Comidas reuniones sobre la negociación colectiva». Esta práctica se mantuvo al menos en 2008 (18.474,83 euros), 2009 (21.672,85 euros) y 2011 (9.885,02).
Durante la clausura de una jornada sobre la reforma de la Administración local celebrada en Madrid, Cándido Méndez señaló que, en este momento, «carece de importancia» lo que él pueda decir porque ahora «quien debe agilizarse o agilizar los procedimientos es la Junta».
En su opinión, la mejor manera de «despejar» esta situación es que la Junta, «que es la que tiene la competencia», sea la que «clarifique ante la opinión pública y para tranquilidad de la UGT». «Entonces UGT asumirá sus responsabilidades».
El líder ugetista, en concreto, se refería a la cena de Feria con barra libre del 2010, que supuso un gasto de 12.716,23 euros. Se da la circunstancia de que este importe forma parte de los 25.000 euros que el sindicato ha tenido que devolver a la Junta, como se felicitó el pasado 10 de octubre ante el Parlamento la presidenta de la Junta, Susana Díaz, admitiendo que habían sido «indebidamente cobrados» por UGT-A.
«La Junta es la que debe decir si las justificaciones son correctas, si ha habido algún tipo de responsabilidades, y nosotros asumiremos las consecuencias», afirmó Méndez. Según él, UGT no quiere «ocultar ni encubrir nada… Somos los primeros que queremos que eso se aclare y se solucione de una manera definitiva».
Por otro lado, ayer, la juez Mercedes Alaya impuso una fianza de 593.000 euros al ex secretario general de Industria de CCOO de Andalucía, Manuel Jiménez García, por su participación activa en el pago de 444.980 euros abonados por la Junta para los empleados de Calderinox y dos intrusos que nunca trabajaron en esa empresa, informa Efe.