Encontrar a las personas desaparecidas, ayudar a todas las víctimas, a los enfermos, a quitar el barro, a recuperar los servicios y saneamientos. Todo ello sigue siendo urgente y prioritario en las 70 poblaciones arrasadas y dañadas por la Dana.
La catástrofe más devastadora de la historia reciente de España es una enorme cicatriz en la vida de cientos de miles de personas. De las 54.000 empresas en las que trabajan 354.000 trabajadores no queda más que barro y destrucción. Estamos comenzando a comprender el impacto sobre el PIB de Valencia. El Banco de España calcula que la catástrofe afecta a 472.000 titulares de hipotecas y créditos, tanto de hogares y familias como de 23.000 empresas de los municipios afectados. Más de la tercera parte pertenecen al sector servicios. Otro de los mayores problemas es que habrá que seguir pagando las hipotecas, en más o menos tiempo, de todas las casas destrozadas.
Estamos ante un desafío crucial, hoy están en peligro total los ingresos de cientos de miles de trabajadores. Una situación que requerirá un ingente esfuerzo de recuperación y apoyo financiero. El impacto sobre el poder adquisitivo y la estabilidad económica de familias enteras en todas las zonas no tiene precedentes. El flujo económico, hoy absolutamente parado, hacia las familias de los trabajadores incluye a quienes se ven afectados indirectamente por los daños a la actividad económica, que representa la cuarta parte de toda la provincia de Valencia. Las empresas afectadas son el 27,5% de toda la producción de la provincia de Valencia. Es fundamental calcular la magnitud de los daños para poder diseñar las medidas necesarias que alivien las consecuencias económicas, que suponen un hondísimo agujero en los bolsillos de las familias.
¿A dónde mirar?
Las primeras cifras de solicitud de ayuda estatal a la autonomía han sido de más de 30.000 millones. Economistas como Santiago Niño Becerra enfatizan que la necesidad real no sólo está dentro de los parámetros posibles sino que será mayor aún. Los daños y pérdidas generadas se pueden clasificar en dos grandes partes. De un lado los destrozos materiales que es posible sustituir y reparar, son infraestructuras o propiedades afectadas. La otra parte es la parálisis total de la actividad económica: el PIB que no se genera. Actualmente por los daños, por la pérdida de proveedores y clientes, por no tener distribución posible, por todas las empresas directamente desaparecidas.
Otro aspecto rotundo en la economía local es la falta de ingresos, las rentas que no se percibirán, sin dónde trabajar, el denominador común es que en familias enteras y muchos hogares no entre ningún sueldo. Un empobrecimiento abrupto que se agrava con las pérdidas personales: quedarse sin vehículo y el núcleo de transporte público inaccesible, como la red de Rodalies (Cercanías de Renfe).
Esta Dana ha arrasado un enorme tejido productivo. Empezamos a ver el impacto económico sobre toda la zona de Valencia.
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El primer paso en las ayudas públicas
El Gobierno destinará 10.600 millones de euros para tres fases: la respuesta inmediata, la reconstrucción y el relanzamiento de las zonas afectadas por la Dana. Las ayudas están dirigidas a los hogares, empresas, autónomos y ayuntamientos de los 78 municipios valencianos, castellano-manchegos y andaluces afectados. Podrá ampliarse a otros municipios y comunidades autónomas, en función de las necesidades. Las medidas, aprobadas en Consejo de Ministros, incluyen ayudas directas a la ciudadanía y empresas, moratorias y exenciones fiscales, medidas en materia de seguridad social, líneas de avales, créditos ICO y ayudas a las administraciones locales, entre otras. El primer bloque de medidas es el destinado a ayudar a los hogares, empresas y ayuntamientos, que se activará “con el menor papeleo y la mayor celeridad y agilidad posible”.
Ayudas directas
- Se cuadruplican las ayudas directas a las personas damnificadas previstas por ley. Por fallecimiento e incapacidad pasa de 18.000 hasta 72.000 euros. También se cuadruplican las de destrucción total de la vivienda, por daños a la estructura, por daños que no afecten a la estructura de la vivienda, por daños en elementos de una comunidad de vecinos.
- Se eliminan los requisitos de renta para acceder a las ayudas. Y se duplica el plazo de solicitud, de uno a dos meses.
- Las ayudas serán inembargables y estarán exentas del pago del IRPF.
- En caso de no tener seguro contratado, se podrán acreditar los daños en la vivienda o en enseres con un informe pericial del Ayuntamiento.
Ayudas a autónomos y pymes y cese de actividad
- Serán directas para autónomos y empresas con domicilio fiscal en las zonas afectadas de alta a 28 de octubre en el censo de empresarios, profesionales y retenedores, y que sigan a 30 de junio de 2025.
- Se establecen ayudas de 5.000 euros para autónomos; de 10.000 para empresas con un volumen de negocio inferior a un millón de euros, y de mayor cuantía para el resto. Se abonarán a partir del 1 de diciembre.
- El Gobierno estima que del presupuesto de 838 millones se podrán beneficiar 65.000 autónomos y 30.000 empresas.
- Los autónomos podrán solicitar la prestación por cese de actividad por fuerza mayor, sin necesidad de acreditarlo en las zonas afectadas. Será del 70% de su base de cotización.
Empresas y trabajadores
- Las empresas estarán exentas de pagar las cotizaciones de los trabajadores a la Seguridad Social hasta febrero de 2025
- Los trabajadores no tendrán que tramitarlo, será la empresa. Durante el ERTE, recibirán la prestación de desempleo en el 70% de su base reguladora.
- Las bajas se cobrarán desde el 29 de octubre, al considerarse una incapacidad laboral
- Todas las incapacidades, muertes y supervivencias bajo los efectos de la Dana se computarán como accidente laboral.
- Moratoria para hipotecas y préstamos, la exención del IBI y de las tasas de renovación y duplicado del carné de conducir.
La destrucción de los medios de vida y de trabajo de los que dependen miles y miles de familias no se van a resolver en el corto plazo.
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Necesitamos más, mucho más
Exigir que todos y cada uno de los recursos, necesarios y urgentes, se pongan al servicio de la ciudadanía y hacer que se cumpla pasa por la redistribución de la riqueza. Todo lo necesario para superar la catástrofe asegurando que se amparan y defienden los intereses de la gente. Necesitamos mucho más para recuperar las zonas dañadas, el tejido productivo y la reindustrialización de todos los municipios. Y que se garanticen los derechos y puestos de empleo de los trabajadores.
Para todo eso hacen falta políticas de redistribución de la Riqueza, obligar a bancos, grandes multinacionales y monopolios, grandes fortunas a que pongan parte de sus indecentes beneficios en función de la gente. Lo primero la gente, no los intereses de las aseguradoras y bancos. Cada gobierno a su nivel se debe responsabilizar de que los seguros no utilicen tretas legales para recortar las indemnizaciones o las alarguen en el tiempo. Lo primero la gente: las personas que han perdido sus casas y enseres, sus coches, sus cosechas, sus negocios…