Si hasta ahora se trataba de dar a entender que la oposición al plan Bolonia provenía exclusivamente de pequeños grupos radicalizados de estudiantes, la irrupción en el movimiento de oposición a la aplicación del plan Bolonia de una amplia representación del profesorado universitario, principalmente en Barcelona y Madrid, está sacando el debate de los términos en que el gobierno quería encerrarlo. El profesor de la universidad de Madrid, experto en cuestiones internacionales y habitual columnista de numerosos medios de comunicación, Carlos Taibo escribe hoy en Público un razonado artículo sobre la necesidad de abrir un amplio debate social y político sobre las virtudes y/o defectos del plan.
Emieza Carlos Taibo lamentando en primer lugar que justamente ese necesario debate se esté hurtando a la sociedad, cuando lo que debería primar en una reforma de tal magnitud es, “frente a la aplicación manu militari” que se viene postulando por los gobernantes, tanto a nivel europeo como nacional o autonómico, una discusión seria, rigurosa “y desde el principio”, sobre “qué modelo de universidad y qué modelo de sociedad queremos”. Para el autor, el plan Bolonia no sólo es inseparable de las “pulsiones de mercantilización y privatización” que dominan en la UE, sino que de hecho es su punta de lanza. Dos orientaciones que de conjunto trabajan en una misma dirección que “configura una agresión contra viejas políticas redistributivas” que encarecen, y por tanto trazan nuevos límites sociales y de clase, la educación universitaria, aumentando la inversión necesaria para concluir los estudios al más alto nivel. Una segunda cuestión sobre la que llama la atención es sobre la conveniencia de aplicar un plan que fue diseñado en su momento en un período de prosperidad y expansión monopolista, pero que ahora debe ponerse en marcha en uno de depresión y crisis. ¿De verdad los gobiernos de la UE tienen en mente aumentar la inversión en profesorado, medios, reducción de alumnos por aula,… tal y como prevé Bolonia en las circunstancias actuales, que todo el mundo sospecha que van para largo? Y el papel de las grandes empresas monopolistas en la enseñanza universitaria, que el plan Bolonia consagra y eleva, ¿va a ser el de financiadores de grandes proyectos de investigación en medio de la crisis que sacude a muchas de ellas? Demasiados interrogantes que bien merecen “una discusión que se ha esquivado de la mano de la aceptación resignada de lo que viene de arriba”. Opinión. Público DESAFUEROS BOLONIANOS Carlos Taibo La discusión relativa al proceso de Bolonia choca frontalmente con un obstáculo: pese a que sobran las razones para concluir que el proceso en cuestión arrastra demasiados elementos conflictivos, nuestros gobernantes han decidido que su aplicación es inexcusable. Si desde hace tiempo la UE está empeñada en asumir ambiciosas pulsiones de mercantilización y privatización, a duras penas cabría imaginar que la enseñanza universitaria quedase al margen de aquellas. Bolonia es hoy la punta de lanza principal al respecto. Mientras, por un lado, reclama una presencia creciente de las empresas en la universidad, por el otro apuesta por activas políticas de reducción del gasto público. Si lo primero es inquietante –tanto más para quienes pensamos que en las sociedades opulentas hay que reducir la producción y el consumo al tiempo que se desarrollan la vida social y el ocio creativo–, lo segundo configura una agresión contra viejas políticas redistributivas, como lo testimonian la sustitución de becas por créditos o el encarecimiento general de los estudios que bebe del nuevo sistema de posgrados (aunque estos tengan precios públicos, los títulos de grado que se alcanzarán con anterioridad tendrán un valor menor, con lo que la obligación de cursar posgrados se traducirá en un encarecimiento inevitable de la inversión necesaria para rematar los estudios). Hay otra cara de la cuestión a la que apenas se presta atención: si el proceso de Bolonia se aprobó en un momento de bonanza económica, su aplicación coincide con una etapa de crisis y recesión. Esto es más importante de lo que pueda parecer, por cuanto pone en un brete el despliegue de los elementos saludables –alguno hay– que el proceso acarrea. Así, el establecimiento de límites en el número de alumnos por grupo debería traducirse, por fuerza, en un incremento sensible en el número de profesores. Nada más lejos, sin embargo, de una realidad llamada a convertirse en un poderoso estímulo para la explotación de los docentes peor pagados y de los becarios, en contra de la excelencia que se preconiza. Es probable que, si hasta ahora las protestas contra Bolonia han sido protagonizadas por estudiantes, en adelante se sumen a ellas muchos profesores inquietos por las consecuencias, esperables, de su aplicación. Hay quien agregará que los partidarios acérrimos de Bolonia deberían preguntarse si esas empresas cuya presencia en la universidad añoran, ocupadas hoy en menesteres más prosaicos, no le van a dar ostentosamente la espalda. Ni siquiera cabe dar por demostrado el buen sentido de muchos de los cambios que deben introducirse en el sistema de enseñanza. El carácter uniformizador de esos cambios –la presunción, por ejemplo, de que la proliferación de seminarios y clases prácticas mejorará la formación de los alumnos– merece una discusión que se ha esquivado de la mano de la aceptación resignada de lo que viene de arriba. En tales condiciones, y aunque la demanda de una moratoria en el despliegue del proceso acarrea algún elemento de racionalidad, lo suyo es que nos preguntemos si, frente a la aplicación manu militari que han postulado hasta ahora nuestros gobernantes, no se impone discutir, en serio, y desde el principio, qué modelo de universidad y qué modelo de sociedad queremos. PÚBLICO. 29-4-2009 Opinión. Estrella Digital SIMONÍA POLÍTICA J. F. Martín Seco Uno de los gremios peor valorados en todas las encuestas es el de los políticos, dato que, por una parte, debería sorprendernos y, por otra, hacernos reflexionar. Sorprendernos porque si hay, en teoría, una ocupación noble en una democracia esa debería ser la actividad política. Hacernos pensar porque algo debe fallar cuando se produce este fenómeno. Lo cierto es que, al analizar con algún detenimiento el funcionamiento de nuestras instituciones, lo que termina resultando extraño es que la opinión no sea aún más despectiva. La única explicación de que no lo sea radica en que la mayoría de la sociedad vive bastante al margen del juego político y desconoce casi todos sus mecanismos y entresijos. Un último acontecimiento se presta a ratificar lo dicho. El PNV venía dando apoyo parlamentario al PSOE en casi todas sus leyes e iniciativas. Se supone que porque comulgaba ideológicamente con ellas; pero, ¡oh, sorpresa!, basta que en el País Vasco le desalojen del poder para cambiar radicalmente su voto en el Parlamento de Madrid, como si de la noche a la mañana hubiesen cambiado sus convicciones y sus planteamientos políticos. Lo grave es que lo llevan a cabo con todo el descaro y proclamando abiertamente su amenaza y chantaje, y nadie se escandaliza viendo que se trafica con el voto. Esta postura está lejos de ser exclusiva del PNV. Se extiende a la mayoría de los partidos nacionalistas e incluso a los que no lo son. El PSOE sabe que si quiere conseguir el apoyo de CiU o de Esquerra debe desbloquear la financiación autonómica y transigir dando un trato de favor a Cataluña. Incluso el PSC -que cuando quiere aparece como un partido diferente del PSOE, pero que en realidad, desde principio de los ochenta, ha funcionado como una federación más de esta formación política- amenaza sutilmente con romper la disciplina de voto en el Congreso si no se da cumplimiento al Estatuto tal como ellos quieren (…) El término "simonía" fue acuñado por la Iglesia y usado especialmente en la Edad Media y quería designar el hecho reprobable de comprar y vender cargos y beneficios eclesiásticos. Hacía referencia a la figura de Simón el Mago que, según cuentan los Hechos de los Apóstoles, pretendió comprar los favores religiosos al apóstol Pedro. Nuestros políticos, desde casi el inicio de la democracia, han practicado la simonía política sin rubor alguno y casi sin recibir por ello la menor recriminación. Siempre que un Gobierno se ha encontrado en minoría ha tenido que comprar el apoyo de un partido nacionalista que se lo concedía no en función del contenido de la ley o disposición a votar sino a cambio de privilegios, la mayoría de las veces pecuniarios, para su territorio o para su partido. ¿Qué diríamos, por ejemplo, de los consejeros de una compañía, bien fuese pública o privada, que actuasen de forma similar? ¿Acaso no estaríamos tentados de hablar de cohecho, de estafa o de prevaricación? La reforma de la ley electoral es imprescindible, si queremos continuar tildando de democracia a nuestro sistema político. ESTRELLA DIGITAL. 29-4-2009 Editorial. El Correo CUENTAS EN DÉFICIT El déficit de 7.586 millones de euros registrado por las cuentas del Estado en el primer trimestre del año -el 0,69% del PIB- subraya el impacto de la crisis sobre la hasta ahora saneada Administración española no sólo por la cifra en sí misma, sino también por contraste con el superávit de hace un año. A la espera de la revisión del cuadro macroeconómico que efectuará el Gobierno en un mes, el deterioro de la situación está resultando tan profundo que ha dejado obsoletas unas previsiones que ya habían quedado superadas por la cruda realidad apenas fueron formuladas. Con el desempleo convertido, según los últimos datos del CIS, en un motivo de preocupación inaudita para los ciudadanos tras años de desahogo económico y el conjunto de la actividad sometida a un fuerte desgaste, sólo la caída sostenida del euríbor parece ofrecer motivos de alivio para las familias; aunque ese recorte y el ahorro que supone para muchos hogares no resulte suficiente ni para activar el consumo, cuyo desplome es uno de los motivos del descenso en los ingresos del Estado, ni para reanimar el sector de la construcción en un contexto de tanto temor y desconfianza. El Gobierno explicó ayer el déficit de contabilidad nacional como una consecuencia en parte de las iniciativas impulsadas para tratar de fomentar la recuperación de la actividad y el empleo e incrementar la liquidez de particulares y empresas. Pero es precisamente esa constatación y su repercusión sobre las cuentas públicas la que obliga a evaluar críticamente el efecto de las medidas aplicadas, cuyos resultados no se ajustan por ahora a los recursos movilizados. Al tiempo que pone en cuestión la convicción de la vicepresidenta Salgado sobre la existencia aún de un margen para promover nuevas actuaciones, más allá de las que exige forzosamente la contención de la crisis. EL CORREO. 29-4-2009