Derecho a los derechos. Todavía hay clases

Cambiarle el nombre a algo no cambia ese algo, que tozudamente sigue empeñado en existir

En España, después del franquismo, los ciudadanos con sus votos configuraron un mapa político con dos grandes bloques bastante igualados: izquierdas y derechas. El PP como representante de la derecha democrática, y más bien hegemónico entre los suyos; la izquierda, en su gran mayoría votando al PSOE y al resto de grupos que, más minoritarios, quedaban a su izquierda.

Estaban también los nacionalistas, pero estos, desde un punto de vista progresista, siempre han formado parte de la derecha. No es una opinión personal, sino basada en sus programas económicos y sociales y en su negación de facto de dos de los tres principios básicos de la Revolución francesa; la igualdad y la solidaridad.

Pero en los últimos años han surgido otras formaciones políticas por ambos lados del espectro y, como nuevas que eran, tuvieron -y todavía tienen- que disputarles el territorio a las ya existentes, para lo que aplicaron el principio más elemental del marketing: diferenciarse de su competidor, para así intentar captar a parte de su clientela.

Esas formaciones sabían que el caladero donde podían pescar estaba entre los descontentos de uno y otro bando y por tanto debían elaborar un discurso que pudiera atraer tanto a los decepcionados del PP como del PSOE y los pequeños grupos a su izquierda.

Y una de las maneras de hacerlo fue cambiar el lenguaje. No decir cosas que pudieran asustar en exceso o que recordasen demasiado a los bloques consolidados. Así, se pasó a eliminar “izquierda” y “derecha”, sustituyéndolas por “arriba” y “abajo”, o, rizando el rizo, “malos” y “buenos”, como si tuviésemos cinco años.

Lo peor de todo según mi modo de ver; se dejó de hablar de clases sociales y se pasó a hacerlo de grandes grupos con supuestas grandes reivindicaciones comunes, como “las mujeres”, “los jóvenes”, “los pensionistas”.

Como ha quedado demostrado a lo largo de la historia, cambiarle el nombre a algo no cambia ese algo, que tozudamente se sigue empeñando en existir.

Es verdad que los colectivos mencionados tienen problemáticas que parecen comunes y transversales. Quizá los que más los pensionistas, porque, aunque entre ellos haya diferentes niveles de ingresos, la reivindicación que los ha unido es la revalorización de esos ingresos y frenar su pérdida de poder adquisitivo. (Aprovecho para destacar la tan positiva iniciativa de blindar las pensiones en la Constitución, para que no dependan de las coyunturales necesidades u ocurrencias de ningún Gobierno, sino que queden protegidas por el Estado, que es la suma de todos.)

Además de los ingresos, los pensionistas comparten asimismo necesidades similares, como la de una sanidad específica y abundante, viviendas dignas y adaptadas a sus condiciones físicas, oferta de actividad y ocio acordes con sus limitaciones, estrategias sociales para afrontar el problema de la soledad y de la desatención entre personas que, en virtud de su edad, van perdiendo familiares y amigos y, por tanto, red de apoyo vital.

Pero ¿qué pasa con “las mujeres” y “los jóvenes”?

¿De verdad, a la hora de buscar trabajo -que es el principal problema de estos últimos y lo que los incorpora a la sociedad adulta-, un joven, chico o chica, cuyos padres le han podido pagar una educación superior en una universidad privada, con estancias en el extranjero, y poseen una red de relaciones de peso en el mercado laboral tiene algo que ver con un hijo o hija de clase trabajadora, que ha tenido que pasar por el endémicamente deficiente y mal dotado sistema educativo de nuestro país? Por no hablar de los jóvenes de los barrios periféricos, a estas alturas todavía con insuficiente oferta de servicios e infraestructuras, o los que viven en zonas poco pobladas, o en pueblos semiabandonados, que primero deben hacer largos trayectos en autocar para llegar a su centro de enseñanza y luego seguramente emigrar.

El caso de “las mujeres”, en parte por la presión social y las grandes manifestaciones que se han vivido últimamente, parece más claro, pues estas tienen unos problemas comunes como grupo homogéneo: acoso, falta de respeto, violencia de género, desigualdad salarial y de reconocimiento de categoría profesional…

Sin embargo, hay leyes que protegen contra cada una de esas cosas, y, al contrario de lo que decían muchas jóvenes mal informadas en la masiva manifestación del pasado 8 de marzo, las mujeres no tienen que reivindicar derechos, porque ya los tienen. Los mismos que los varones, y que los jóvenes de ambos sexos, y que los jubilados y jubiladas, porque, igual que todos ellos, son ciudadanas y eso, en este país -a diferencia de, por ejemplo, Arabia Saudí- comporta una protección por parte del Estado.

Además, esos comportamientos, que por desgracia realmente se dan, pese a los derechos y pese a las leyes, tampoco son específicos contra su género. Porque también se abusa de los inmigrantes, sean del sexo que sean, o de los discapacitados, o de los menores, o de pobres ancianos que ya no pueden valerse por sí mismos. El abuso no es solo sexual y siempre comporta falta de respeto, que puede reflejarse además en lo que se ha tipificado como “delitos de odio”, y que asimismo no son exclusivos de las mujeres, pues también los sufren los de otras razas u otras opciones sexuales, o el meramente diferente.

La solución pasa por la voluntad y la capacidad de lograr que efectivamente los derechos sean iguales para todos, además de, casi ni hace falta decirlo, por la verdadera educación en el respeto al otro, sea quien sea.

¿Y por qué no se consigue? ¿Por qué una mujer con tres hijos a su cargo no denuncia al encargado de su taller que no la trata como debe, si la ley la protege? ¿Por qué una inmigrante que está trabajando en negro limpiando una casa o cosiendo en una trastienda no reclama sus derechos laborales? ¿Por qué una trabajadora autónoma de una editorial no exige que le suban las tarifas, de por sí ya exiguas, congeladas desde hace más de diez años? ¿Por qué la dependienta de una tienda no dice que no, que después de 8 horas trabajadas, las siguientes se las pagan o no las trabaja? ¿Por qué la temporera agrícola y que cobra por cantidad de fruta recogida, o sea, a destajo, no denuncia al encargado que exige su peaje en forma de manoseos o sexo?

Por una razón muy sencilla: porque no se lo pueden permitir.

Las mujeres -ni los hombres- en situaciones de abuso se pueden permitir perder su empleo, porque pertenecen a una clase, la trabajadora, que vive del alquiler de sus horas, así como del de su capacidad y su esfuerzo.

Otras mujeres, con bienes de algún tipo o propietarias de grandes o medianas empresas, por ejemplo, no van a admitir faltas de respeto de su gestor de patrimonio, por decir algo, o del presidente de su consejo de administración, por poderoso que sea. Son mujeres, sí, pero eso no es lo que define su estatus y su libertad de decisión y actuación, sino que lo hacen sus ingresos, que no provienen de la venta de su fuerza de trabajo, sino de las rentas del capital o del trabajo de otros, lo que convierte su situación en diametralmente opuesta a la de sus congéneres con otras circunstancias.

Porque, al contrario de lo que a veces parece o se nos quiere hacer creer, ser mujer no es una clase social, mientras que ser trabajador -o no serlo- sí lo es, y eso es lo determinante.

Y no podemos esperar que sean las primeras, las mujeres trabajadoras que sufren abuso en su trabajo, o el transportista que tiene que hacer jornadas de 14 horas poniendo él el vehículo o el joven que tiene que aceptar cualquier empleo, a menudo cobrando lo mínimo o incluso sin cobrar si se lo considera “becario” (antes un becario era el que percibía una beca), quienes levanten la voz y reclamen sus derechos, en una frase, que se conviertan en héroes, o más probablemente en mártires. Porque igual que no pueden perder su trabajo, o la posibilidad de tener uno, tampoco pueden arriesgarse a represalias, o meterse en juicios y demandas que tal vez durarían demasiado y de los que nadie les garantiza que acaben bien.

Los derechos que por ley protegen a toda la población no toda la población puede reclamar que se le apliquen, por lo que, en la práctica, es como si para esa parte de los ciudadanos no existieran.

Esa es la gran contradicción que la confusión reinante en los objetivos de los diferentes grupos políticos no permite ver con claridad.

Algunos incluso la incrementan al incentivar y propiciar, en la línea de todos los populismos que en el mundo han sido, las “grandes reivindicaciones”. Reclamaciones que por demasiado genéricas e inabarcables no obtendrán ningún resultado, porque en realidad no se está pidiendo absolutamente nada. Es como exigir que no haya hambre en el mundo. ¿Quién quiere que la haya? Eso cae por su propio peso y, desde luego, no se va a solucionar porque se reivindique así en general. Tal vez, puede, quizá exigiendo de los Gobiernos el 0,7% de los presupuestos para países en desarrollo u otras políticas e intervenciones de muy variado cariz.

De modo que quizá ya va siendo hora de que prescindamos de eslóganes vacíos y empecemos a exigir cosas en concreto, como por ejemplo ya está haciendo parte del movimiento feminista al reclamar los millones a que se comprometió el Congreso para dotar la Ley contra la Violencia de Género y que esta sea una realidad y de verdad proteja, eduque y prevenga.

No necesitamos nuevos derechos, sino los que ya tenemos, “sin diferencias por razón de sexo, raza o creencias”, como dice la Constitución -esa que tanto nos costó conseguir-, y es tarea de todos los partidos, pero muy en particular de los progresistas, así como de los sindicatos, que la igualdad en su aplicación sea una realidad.

Para ello habrá que ir olvidándose de los fuegos de artificio, de esas evanescentes reclamaciones genéricas que nunca han sido las de la izquierda y que solo sirven para, como el conejo de Alicia en el país de las maravillas, correr sin llegar a ningún lado… y de paso distraernos y hacer que pase el tiempo.

Los trabajadores no necesitan ese tipo de distracción, sino que quienes se proclaman sus representantes, u optan a convertirse en tales, realmente los defiendan y lleguen donde ellos no pueden llegar.

Carme López Mercader nació y vive en Barcelona. Licenciada en económicas, desarrolla su actividad profesional como editora de la editorial Reino de Redonda.