Las pensiones están en el centro de las cuestiones políticas del país y su reforma se ha convertido en la clave para acceder a los fondos europeos. La Comisión Europea exige a España una reforma que ajuste el gasto en pensiones y abra paso a los llamados “planes complementarios” privados de pensiones.
Y esto es lo que están preparando desde el ministerio de Seguridad Social que dirige José Luís Escrivá: una reforma cuyo centro es la privatización y que gira entorno a tres medidas: ampliar a 35 los años para calcular la pensión inicial; implantar un nuevo índice de revalorización que limite las subidas con el IPC; e impulsar la implantación de los planes privados de empresa.
Cada día que pasa conocemos mejor la reforma que preparan. En octubre la Comisión del Pacto de Toledo aprobaba 22 recomendaciones para la reforma de las pensiones. La 16, recomendaba incentivar los “planes complementarios” de pensiones y Escrivá no tardó ni un minuto en aprovechar para abrir la puerta a su propuesta estrella: los planes privados de empresa.
En diciembre se destapaba la propuesta del ministro para ampliar a 35 el número de años cotizados para calcular la cuantía inicial de la pensión. Y ahora Escrivá acaba de lanzar otra flecha al corazón del sistema público: un nuevo índice para la revalorización de las pensiones.
Entorno a estas propuestas se articulan los dos ejes sobre los que Escrivá está construyendo su reforma. Uno que recorta y degrada las pensiones públicas; y otro que las privatiza.
Recortar y degradar la públicas
La propuesta de diciembre, ampliar de 25 a 35 años cotizados el cálculo de la pensión, busca recortar la pensión inicial de los nuevos pensionistas, al incorporar los primeros años de los trabajadores cuando el sueldo y las aportaciones sociales son menores. El propio ministerio calculaba en el documento donde se hacía la propuesta que esta ampliación supondría “una reducción media de la pensión inicial del 6,3%”.
La medida profundiza la reforma de 2011 que amplió de 15 a 25 los años de cotización para calcular la pensión y que ha supuesto un recorte del 5,5% de las pensiones. Si se aprueba la reforma Escrivá los pensionistas se jubilarán con pensiones recortadas de inicio un 11,5%.
La propuesta supone una violación de los acuerdos del Pacto de Toledo ratificados por el Congreso que consideraba “adecuado” mantener la progresiva ampliación de 15 a 25 años el periodo para calcular la cuantía de la pensión, pero no subirla diez años más.
Sin embargo este recorte no les parece suficiente y en la “cocina del brujo” se trabaja en otras reformas que recorten las pensiones futuras: una nueva fórmula para introducir un índice de revalorización de las pensiones que mantenga congelado su poder adquisitivo. El nuevo índice estaría “vinculado” con el IPC pero las pensiones no subirían directamente con el IPC anual, sino que su revalorización se haría tomando como referencia el IPC medio de varios años. En concreto, la propuesta que el ministerio de Seguridad Social está haciendo llegar a los agentes sociales se basaría en actualizar las pensiones cada año con la media de inflación de los cinco o tres años anteriores, frenando lo que el ministro llama “subidas injustificadas”.
Con este “índice Escrivá” se pretende embridar las subidas con el IPC, las pensiones mantendrían su poder adquisitivo ligado a la inflación media; nunca podrían aumentarlo con subidas “injustificadas” que en todo caso tendrían que ser compensadas, es decir recortadas, ajustando a la baja la subida al año siguiente. Y sobre todo, el poder adquisitivo se recortaría los años en que el IPC fuera negativo como lo ha sido en 2020, que cerró con un IPC de -0,3%. Es decir, la subida de 2020 del 0,9% según la inflación prevista no hubiera sido posible. Se consideraría “injustificado” que ganaran el 1,2% de poder adquisitivo y se habría recortado en la subida de este año.
Las propuestas de Escrivá subvierten lo que nos dijeron cuando prometieron recuperar el IPC como índice de referencia para subir las pensiones. Recuperar el IPC es apostar por el modelo que se aprobó en 1996: revalorizar las pensiones cada año en función de la inflación prevista en los Presupuestos del Estado, compensando a los pensionistas al final de año si hubiera un desvío desfavorable para ellos. Aclarando que no habría ninguna compensación por parte de los pensionistas si la subida hubiera sido mayor que el IPC real.
Un salto en la privatización
Las reformas del primer eje tienen como objetivo reducir el gasto en pensiones públicas cumpliendo las exigencias de Bruselas, pero sobre todo abrir camino a la privatización.
Impulsar los planes privados de pensiones, otra exigencia de la UE, es también el objetivo central de la propuesta estrella de Escrivá: imponer los planes privados de empresa a través de la negociación colectiva e impulsados desde el propio gobierno mediante beneficios fiscales.
Los movimientos de pensionistas alertan de cómo se está intentando privatizar el sistema público de pensiones de forma encubierta.
Los planes de empresa que promueve Escrivá son planes privados. Los trabajadores se han de inscribir en un plan de empresa al que están obligados a contribuir con parte de su sueldo. Un modelo que beneficia a los trabajadores con sueldos más altos y empleo estable en grandes empresas y en la Administración, pero difícilmente aplicable a una mayoría de trabajadores con empleo precario e inestable, con salarios bajos sin capacidad de ahorro y empleados de pymes.
Degradar para privatizar. Esta es la estrategia que siguen las propuestas, unas pensiones públicas cada vez más reducidas que deberían complementarse con un fondo privado para no caer en la miseria absoluta. Y este su objetivo: sustituir el modelo público de pensiones por uno mixto, pensiones públicas asistenciales y un fondo privado constituido con aportaciones detraídas de las cotizaciones sociales.
Bancos, aseguradoras y grandes fondos extranjeros serán los grandes beneficiados, por fin podrán acceder a gestionar un gran fondo de pensiones privado con cientos de miles de millones.