¿Se pueden debatir los intereses de los ciudadanos en un parlamento democrático? Esto es lo que está en juego en Cataluña, donde diputados parlamentarios exigen el derecho a ejercer su libertad de expresión, mientras que el gobierno español dice que deben aceptar ser censurados.
El pasado mes de julio, el Parlamento catalán debatió un informe sobre la hoja de ruta hacia la independencia en Cataluña, y la votó. Posteriormente, el fiscal del estado presentó una querella en que se me acusa de desacato al tribunal y descuido del deber. Mi delito fue simplemente cumplir mis deberes como presidenta del Parlamento al permitir un debate que había sido solicitado por una mayoría en la cámara.
Este es sólo un ejemplo más de la estrategia del gobierno español de utilizar medidas judiciales para interferir en los asuntos políticos de Cataluña. Y en la medida en que este gobierno es incapaz de resolver los retos políticos a través de la política, está usando un sistema de corte politizado para silenciar la disidencia y el debate democrático.
Lo que está sucediendo en Cataluña es un asalto judicial por parte de España sobre la democracia catalana y la libertad de expresión, un asalto que viola el principio de la separación de poderes que es el fundamento del Estado de Derecho en este país.
Esta violación fue denunciada ya en 2010 en un manifiesto firmado por 1.400 jueces, que advirtió de una politización excesiva y la pérdida de la independencia en el poder judicial español. En 2014, tres asociaciones judiciales españolas advirtieron al relator especial de Naciones Unidas que varias iniciativas del gobierno español estaban «erosionando el principio de separación de poderes».
Los dirigentes electos catalanes que favorecen la independencia son ahora el objetivo. Más de 400 concejales y alcaldes han sido acusados de delitos por su legítima defensa de la independencia. El anterior presidente y otros miembros del gobierno catalán serán juzgados por la mera organización de una consulta pública en 2014 sobre la independencia en la que participaron más de 2,3 millones de catalanes. Su crimen fue la creación de centros de votación para que los ciudadanos pudieran expresar sus opiniones democráticamente.
Consciente de la negativa publicidad que sus medidas han recibido en el extranjero, el gobierno español ha intentado mejorar su imagen mediante el lanzamiento de un programa llamado «Operación Diálogo». Esta iniciativa cosmética, desprovista de contenido, se desacredita con cada nueva imputación o detención. El giro de España hacia el autoritarismo judicial sigue sin control.
Cuando el Partido Nacional escocés independentista ganó las elecciones parlamentarias de 2011 y formó un gobierno en Escocia, el primer ministro británico de la época, David Cameron, comprendió la magnitud del desafío y lo resolvió a través de la política. Él estuvo de acuerdo con el gobierno de Escocia en que celebraría un referéndum sobre la independencia. El movimiento independentista perdió este referéndum, en 2014, por 45 frente al 55 por ciento, pero la democracia fue la ganadora.
Como en el caso del nacionalismo escocés, la política y la sociedad catalanas tienen un carácter profundamente pro-europeo, muy distinto de los movimientos euroescépticos que han defendido el Brexit y de las exigencias de los populistas de extrema derecha que cada vez marcan más la Unión Europea.
El enfoque de Gran Bretaña hacia la independencia escocesa también contrasta fuertemente con el del gobierno español hacia Cataluña. Aunque el movimiento independentista obtuvo el 48 por ciento de los votos y la mayoría absoluta en el Parlamento en las elecciones de Cataluña en 2015, el gobierno español ha rechazado la negociación. En cambio, ha apostado todas sus fichas a la represión. La restrictiva interpretación de la Constitución por parte del gobierno español, que debería ser el garante de los derechos y libertades de los ciudadanos, lo ha convertido en un escudo contra el diálogo.
El Parlamento de Cataluña es una asamblea pluralista que refleja la diversidad de la sociedad catalana y permite la expresión de todas las voces y opiniones. Allí, los partidarios de la independencia y los que están en su contra, ambas opciones legítimas, pueden debatir y votar libremente. Es por eso que Cataluña traza una línea en la arena en defensa de su libertad parlamentaria.
La solución a la situación no es suprimir el debate, sino permitir a los ciudadanos democráticos, libres e informados ser escuchados. Una encuesta reciente mostró que más del 80 por ciento de los catalanes están a favor de decidir su futuro a través de un referéndum. Esta es, por lo tanto, una demanda mayoritaria que las instituciones catalanas planean llevar a cabo en septiembre, a pesar de que el gobierno español ha obstaculizado y obstaculiza todos los esfuerzos de Cataluña para llegar a un acuerdo sobre la celebración de una votación.
En diciembre, ante un juez de instrucción, sostuve que ningún tribunal tiene el derecho de impedir que se hable de independencia en el Parlamento de Cataluña, como tampoco puede suprimir la discusión de cualquier otro tema de interés para los ciudadanos. No abriremos nuestras puertas a la censura. Estamos comprometidos a preservar el derecho a la libre expresión para todos los diputados, sin importar lo que piensen y cómo voten.
Este es el fundamento de la democracia y la libertad, alcanzada a un precio tan alto en todas las sociedades democráticas. «La libertad, cuando empieza a arraigar, es una planta de rápido crecimiento», escribió George Washington. Es cierto, pero la lucha por los derechos y libertades civiles debe ser constante e inquebrantable, pues la historia ha demostrado lo fácil que es perderlos