«El que se meta conmigo, se mete con EEUU». Esta arrogante sentencia, pronunciada por Abelardo de la Espriella pocos días después de su toma de posesión, se produjo en medio de una muy criticada gestión tras el terrible terremoto que ha asolado Colombia, y pocas horas después de que el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, anunciara que Bogotá ha autorizado a EEUU a realizar operativos militares en su territorio “para combatir el terrorismo”

Estas dos declaraciones dibujan a la perfección la naturaleza del nuevo gobierno de Colombia. El ultraderechista De la Espriella es un sicario de Trump, y sus primeras medidas siguen sumisamente las órdenes dictadas por Washington.

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El 10 de agosto, un devastador seísmo de 7,4 en la escala de Ritcher sacudió el departamento de Chocó, cerca de la costa pacífica de Colombia, dejando miles de edificios derruidos o colapsados y -hasta el momento- casi 300 muertos y 3970 heridos, junto a 379 desaparecidos.

Lo normal en estas circunstancias, como vimos recientemente en Venezuela, sería solicitar toda la ayuda internacional posible en forma de equipos especializados y rescatistas, especialmente para las primeras 72 horas críticas para sacar personas con vida de los escombros. Pero desde el primer momento, Abelardo de la Espriella reaccionó con displicencia, como si la tragedia hubiera ocurrido en un país lejano. El nuevo gobierno colombiano rechazó ayuda de equipos de rescatistas altamente experimentados de China, Brasil, de la UME española, y sobre todo de 255 efectivos mexicanos, entre ellos los famosos «Topos aztecas». La justificación «oficial» fue que las capacidades nacionales podían cubrir la emergencia (algo que muchos periodistas y testimonios sobre el terreno se encargaron de desmentir categóricamente), y que sólo se podían aceptar equipos con certificaciones oficiales de la ONU (algo que muchos de los rechazados tienen).

En cambio, De la Espriella sí aceptó la ayuda de 22 efectivos de EEUU, de 80 soldados de Israel y de otros 47 rescatistas de Ecuador, junto a otros tantos de El Salvador. No hay que ser un lince para advertir un motivo político-ideológico en aceptar sólo a los equipos de gobiernos afines, anteponiendo este criterio al auxilio de las víctimas en las horas críticas, mientras cientos de personas -vivas o muertas- estaban aún atrapadas bajo toneladas de escombros.

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EEUU: patente de corso para intervenir en Colombia

El 12 de agosto, con las ruinas del terremoto aún humeando, el Secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, dio la noticia al mundo. El nuevo gobierno ultra ha autorizado al Pentágono a realizar operativos militares conjuntos en suelo colombiano «contra el narcoterrorismo», para «destruir terroristas y redes terroristas”.

Este anuncio -hecho de manera muy significativa por la administración Trump, y no por el gobierno de De la Espriella- otorga carta blanca a los militares norteamericanos no sólo para realizar operaciones «antiterroristas», contra las guerrillas aún activas – el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o las disidencias de las FARC- o contra los cárteles de la coca, sino contra todo tipo de movimientos populares que Washington o el nuevo gobierno tache de «subversivos».

La utilización del «combate al narcotráfico» como pantalla y excusa oficial para que EEUU o sus fuerzas proxys puedan acometer todo tipo de operaciones encubiertas tiene largas décadas de tradición en la política colombiana. Alcanzó sus máximos con los gobiernos extremadamente proyanquis de Álvaro Uribe y de Iván Duque y sólo quedó interrumpida durante la legislatura del izquierdista Gustavo Petro, que se opuso persistentemente a los ataques mortales de la US Navy contra las embarcaciones en el Caribe, o al genocidio israelí en Gaza respaldado por EEUU.

Este giro de 180º con respecto a la postura hacia EEUU del anterior gobierno se produce en el contexto de la incorporación de Colombia al Escudo de las Américas, la coalición fundada por Trump, que ya integran 18 países con el objetivo de «enfrentarse a las redes del narcotráfico en la región». Estos países son -además de EEUU y de Colombia- Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Trinidad y Tobago. El recién investido gobierno de la ultraderechista de Keiko Fujimori en Perú ya ha anunciado su inminente incorporación, y el Chile de Kast también está próximo a adherirse.

Esta coalición ya ha realizado operaciones conjuntas. En marzo, el gobierno derechista de Daniel Noboa en Ecuador autorizó operativos militares de EEUU contra dos bandas de narcotraficantes, y en junio, el gobierno de Delcy Rodríguez trabajó codo con codo con Washington para asesinar al líder del Tren de Aragua.

La incorporación de Colombia a esta coalición trumpista fue una de las principales promesas en materia internacional del ultraderechista De la Espriella durante la campaña. La izquierda ha clamado contra esta decisión, a la que consideran una «rendición total de la soberanía de Colombia», y además una medida inconstitucional, ya que necesita una aprobación del Senado que De la Espriella se ha saltado a la torera.

Ignorando todo eso, el primer discurso del ultra como presidente remarcó la necesidad de enfrentar “sin tregua al narcoterrorismo y a todas las organizaciones criminales”. Unas declaraciones que causan sonrojo si repasamos la trayectoria de De la Espriella, un abogado millonario que ha defendido a lo largo de toda su carrera a reos vinculados al narcotráfico, al paramilitarismo de extrema derecha, al contrabando y al lavado de dinero.

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