La Administración norteamericana de Donald Trump ha decidido reactivar una ley que llevaba bloqueada más de veinte años y que permite, desde el pasado 2 de mayo, a empresas de EEUU y a ciudadanos cubanos (que fueron expropiados después de la revolución de 1959) reclamar sus antiguos bienes, aunque estos hayan sido adquiridos legalmente después por otros particulares o empresas. La medida afecta esencialmente a empresas europeas y, sobre todo, españolas, que podrían verse inmersas en un conjunto de procesos legales sin fin.
La medida, sin precedentes, apunta al deseo de Washington de guillotinar económicamente a Cuba, en unos momentos en que la isla atraviesa de nuevo una grave situación económica, pero se inscribe también en la guerra comercial declarada por Trump contra Europa. Una guerra cuyo principal damnificado puede ser, en este caso, España y sus importantes inversiones (sobre todo turísticas) en Cuba.
El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo aprovechó la emblemática fecha del aniversario del fracaso de la invasión de Bahía Cochinos, en 1961, para anunciar que la administración norteamericana va a retirar la suspensión a la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton, vigente desde hace veinte años, con lo que permitirá a empresas norteamericanas y a residentes en EEUU de origen cubano presentar ante la justicia estadounidense las demandas y reclamaciones que deseen por los bienes que le fueron expropiados después de la revolución de 1959. Tales demandas pueden ir dirigidas contra empresas o particulares, aunque unas y otros adquirieran en su momento legalmente dichas propiedades.
La decisión de Trump (que ningún otro presidente anterior se había atrevido a llevar a cabo) puede dar lugar al menos a 200.000 reclamaciones, lo que podría llevar a un verdadero colapso de la justicia norteamericana; de hecho, esa fue siempre una de las razones por las que se suspendió una y otra vez su aplicación, amén de los enormes problemas jurídicos que puede desatar… y de la previsible reacción que una medida así puede provocar en los afectados, y la posibilidad de que conlleve represalias comerciales que se vuelvan como un boomerang contra EEUU.
El primer objetivo de esta medida es, sin duda, aumentar la presión y el acoso sobre el régimen cubano, ya que como mínimo supondrá una paralización de las inversiones exteriores en la isla, ante la inseguridad jurídica que la medida introduce. Nadie invertirá si puede ser sancionado o expropiado. Y esa es sin duda la intención inmediata: bloquear las inversiones en la isla y apretar aún más la garganta a un país que ya apenas si tiene oxígeno, sobre todo después de que su principal aliado y proveedor, Venezuela, esté atravesando también un momento difícil. Una situación que acaba de ser reconocida como tal tanto por el expresidente Raúl Castro como por el nuevo líder, Díaz-Canel, que ante el Congreso reconocieron que, aunque el país no volverá a las penurias extremas de los años noventa, durante el llamado “periodo especial” (que se produjo tras el colapso de la Unión Soviética, entonces el principal proveedor de Cuba), el país atraviesa un periodo crítico, con un grave desabastecimiento de productos de primera necesidad, falta de crudo, apagones eléctricos, etc.
En su brutal ofensiva por hacerse con el control y dominio de toda América, Trump acaba de construir su particular eje del mal, formado por Venezuela, Nicaragua y Cuba
Trump quiere sacar partido de estas debilidades y apretar aún más el gaznate de Cuba. Así, además de la medida ya señalada, Trump ha ordenado nuevas restricciones a los viajes de los norteamericanos a la isla, así como una rebaja en la cuantía de las remesas que los residentes en EEUU pueden mandar a sus familiares en la isla (y que hoy en día es el ingreso principal de muchos cubanos). La intención de estas medidas está muy clara: se trata de aumentar el descontento de la población ante la carestía de alimentos, a ver si se traduce en revueltas contra el régimen, y así poder intervenir.
En su brutal ofensiva por hacerse con el control y dominio de toda América, Trump acaba de construir su particular eje del mal, formado por Venezuela, Nicaragua y Cuba. Y está aumentando la presión sobre esos tres países de forma salvaje, sin descartar nunca la intervención militar en los mismos, aunque aún no se ha atrevido a dar tal paso en ninguno de los casos. La posibilidad de meterse en un Vietnam americano paraliza de momento el acoso militar, pero las dificultades de tomar ese camino hacen que se incremente la presión económica, política y diplomática sobre estos países, a ver si las revueltas internas son suficientes para producir el cambio que Washington quiere.
Dañar también a Europa
Pero en el caso de la retirada de la suspensión a la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton, no es únicamente el régimen cubano el que está en el punto de mira. La decisión de Trump no solo intenta dañar a este, sino que forma parte también de su política de guerra comercial con la UE.
Europa es el mayor inversor internacional en Cuba. Y, en consecuencia, podría ser el más afectado por la ola de reclamaciones y denuncias, así como por las previsibles sanciones que Washington aplicará a las empresas que sean denunciadas. Centenares de empresas europeas, que han invertido en la isla, de acuerdo con la única legalidad que existe en Cuba desde 1959, podrían verse implicadas de pronto, por decisiones de la justicia norteamericana, en indemnizaciones millonarias… o verse sometidas a sanciones que podrían afectar a sus negocios en el resto del mundo.
Europa es el mayor inversor internacional en Cuba. Y, por tanto, podría ser el más afectado por la ola de reclamaciones y denuncias, así como por las previsibles sanciones de Washington
La brutal arbitrariedad de la decisión norteamericana ha hecho saltar de inmediato a Bruselas, que por boca de su encargada de Relaciones Exteriores, la comisaria Federica Mogherini, no se ha limitado a formular una protesta formal ante Washington, sino que ha planteado abiertamente que la decisión de EEUU es entendida como una agresión comercial contra la UE, que de llevarse a cabo provocará represalias comerciales contra empresas y productos de EEUU. Europa, dijo Mogherini, no reconoce la capacidad de la justicia de EEUU de intervenir en los asuntos internos de otros países, y por tanto no aceptará las resoluciones judiciales que emanen de aquella y afecten a inversiones de empresas europeas en Cuba.
La contundencia de la reacción europea ha estado motivada, entre otros factores, por la presión de España, el país que puede verse más afectado y más dañado por la decisión de Trump. España ocupa un lugar de privilegio en la actual industria turística de la isla, que además es uno de los sectores económicos más rentables y menos afectados por la nueva recesión. Muchos de los hoteles y otras instalaciones turísticas están levantadas sobre terrenos que fueron expropiados por la Revolución y que los inversores españoles adquirieron de acuerdo con la legislación existente a partir de 1959. De salir adelante la decisión de Trump, los empresarios españoles podrían verse enfrentados a demandas millonarias e incluso a sanciones que podrían ir más allá de sus negocios en Cuba. Y ya estamos viendo cómo se las gasta la Administración Trump a la hora de aplicar este tipo de represalias, en los casos de Venezuela, Nicaragua, Irán, etc.
El ministro de Asuntos Exteriores español (en funciones), Josep Borrell, precisamente de visita en EEUU en el momento de darse a conocer la decisión de la Administración USA con motivo de la cumbre de la OTAN, reaccionó indignado y expresó a las autoridades norteamericanas su oposición radical a la medida: “Supongo que les han quedado claras las razones por las cuales España se opondría a eso. Hay una cuestión de principio, que es que nos negamos a aceptar la extraterritorialidad de las leyes norteamericanas, creemos que sería un abuso de su capacidad de imponer normas a los demás. Y, en segundo lugar, por los intereses económicos de nuestro país”.
España es el país que puede verse más afectado y más dañado por la decisión de Trump
Queda por saber si la Administración americana acabará aplicando realmente la medida o quedará en la larga lista de amenazas que a diario Trump lanza a diestro y siniestro. Ahora ya sabe que tendrá que enfrentarse a Europa y ampliar la guerra comercial, en unos momentos en que se había abierto la puerta a la negociación de un nuevo tratado comercial con el Viejo continente. Pero más que por el futuro de tales relaciones comerciales, Trump parece obsesionado con su “reconquista” de América y, en concreto, con acabar con el régimen de Maduro. Aumentar la presión sobre Cuba es, indirectamente, apretar también el dogal sobre Venezuela, que cuenta con un amplio asesoramiento en muchos campos por parte del régimen cubano. Los actuales halcones de la Casa Blanca consideran que la “inteligencia cubana” es en buena medida responsable de que Maduro aún continúe en el poder. De ahí que el acoso a la isla se haya convertido, de golpe, en una prioridad de la política estadounidense. Si ese acoso tiene “víctimas colaterales”, parece no importar demasiado a los halcones. Pero los afectados no van a quedarse quietos. Un nuevo foco de conflicto puede abrir aún más el foso entre Europa y EEUU. Y España puede acabar pagando buena parte de los platos rotos.