En la corrupción que rodea al PSOE como principal partido del gobierno, y por lo tanto al presidente Pedro Sánchez, hay cuatro claves que, vistas de conjunto, contribuyen decisivamente a las turbulencias de la situación política y a estrechar el cerco al gobierno.
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Primera. La investigación de la presunta financiación irregular del PSOE.
La Audiencia Nacional ha dado el primer paso para investigar las cuentas del PSOE. La decisión del juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional de abrir una nueva línea para investigar el sistema de pagos del PSOE abre la puerta a lo que sería un salto cualitativo si se prueba la financiación irregular del Partido Socialista.
Ha tomado esta decisión por indicación del juez Leopoldo Puente que dirige en el Supremo las investigaciones sobre José Luís Ábalos, instándole a investigar sobre el dinero en metálico que Ábalos y su exasistente Koldo García recibieron del PSOE.
Entre el material aportado por el juez del Supremo están las declaraciones de la empleada del Partido Socialista Celia Rodríguez y la empresaria Carmen Cano que declaró, sin pruebas, que acudió en dos ocasiones, en octubre de 2020, a la sede socialista de Ferraz para entregar 90.000 euros. Y el informe de la UCO que señala una “falta de concordancia” entre la documentación remitida por el partido sobre las liquidaciones de gastos a Ábalos y Koldo, y las conversaciones entre Koldo y su mujer sobre las recogidas de las “chistorras”, “soles” y “lechugas” (para referirse a los billetes de 500 euros, de 200 y de 100), así como a las “cajas de folios” que Ábalos pedía a Koldo para solicitarle sobres con dinero en efectivo.
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Segunda. El inminente Juicio de las mascarillas.
Estamos a las puertas del primer juicio de la trama de corrupción que se gestó en el ministerio de Transportes. El juez del Supremo, Leopoldo Puente ha propuesto enviar a juicio al exministro Ábalos, al que era su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por la trama para la compra de mascarillas y material sanitario a cambio del cobro de comisiones durante la pandemia.
Koldo, Ábalos y Aldama se enfrentan a delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. El magistrado detalla en su auto que existió un “concierto de voluntades” entre los tres, “aprovechando el cargo” del ministro y convinieron favorecer la contratación pública de ciertas empresas introducidas por Aldama a cambio de beneficios económicos”.
‘Soluciones de Gestión’, la empresa vinculada a Aldama obtuvo 12 adjudicaciones públicas por unos 53 millones de euros.
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Tercera. El juicio al Fiscal General del Estado.
Este juicio tiene una doble importancia. Por un lado es histórico, la primera vez en democracia que un Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, se sienta en el banquillo del Tribunal Supremo ejerciendo su cargo. García Ortiz está acusado de un presunto delito de revelación de secretos relacionado con la filtración de un correo en el que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reconocía delitos fiscales y pedía llegar a un acuerdo. Ortiz se declara inocente y se ha negado a dimitir.
Y por otro lado, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha implicado directamente defendiendo la inocencia del fiscal. Y poniendo mucho en juego.
El juicio que ya se está celebrando está marcado por el choque de versiones contradictorias entre los testigos , como ya ha ocurrido entre las jefas de la Fiscalía Provincial de Madrid sobre la filtración de los correos que podrían avalar o no la inocencia de García Ortiz.
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Cuarta. Nuevo impulso a la causa contra Begoña Gómez.
La causa abierta por el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, junto con la abierta en Extremadura contra David Sánchez, el hermano del presidente del gobierno, no solo no decaen sino que se elevan.
David Sánchez, será juzgado en febrero del próximo año en la Audiencia Provincial de Badajoz, acusado de prevaricación administrativa y tráfico de influencias por su contratación en la Diputación de Badajoz.
En el caso de Begoña Gómez, el juez Peinado no solo ha rechazado el archivo de la causa, como ha pedido la Fiscalía Provincial de Madrid que no ve “elemento objetivo alguno” de tráfico de influencias, sino que ha añadido una nueva imputada, Judit Alexandra González, actual secretaria General de Presidencia del Gobierno. Y además ha ordenado a la UCO un informe sobre más de 7 años de correos de Begoña Gómez. Peinado pretende aclarar con ellos el papel de Cristina Álvarez, asesora de Moncloa, también imputada.