La deuda de Cataluña ha ido creciendo sin control desde 2007 hasta llevar a esta comunidad a una suspensión de pagos que no se ha producido por la intervención del Estado. Es sabido que Standard & Poor’s está a punto de degradar las emisiones de Cataluña de bono basura a default, que significa que carece de capacidad de hacer frente a sus obligaciones de pago.
La deuda de Cataluña ha ido creciendo sin control desde 2007 hasta llevar a esta comunidad a una suspensión de pagos que no se ha producido por la intervención del Estado. Es sabido que Standard & Poor’s está a punto de degradar las emisiones de Cataluña de bono basura a default, que significa que carece de capacidad de hacer frente a sus obligaciones de pago.
Las cifras son elocuentes. Cataluña debía 15.000 millones en 2007 y ahora su deuda se acerca a los 73.000 millones como consecuencia del despilfarro con el que han administrado las cuentas sus sucesivos Gobiernos y pese a que Zapatero mejoró su financiación.
No vale el victimismo habitual del nacionalismo puesto que las condiciones de partida eran iguales para todos cuando estalló la crisis. Lo que ha sucedido es que, en lugar de reducir el gasto de una manera racional, la Generalitat lo ha incrementado y ha superado con creces los límites de déficit que fijaba el Estado.
El año pasado, por ejemplo, el déficit de Cataluña fue del 2,9% de su PIB, unos 6.000 millones de euros. La cifra supera en cuatro veces el objetivo marcado por el Ministerio de Hacienda. Por el contrario, La Rioja, Canarias, Asturias, Castilla y León, Galicia y el País Vasco tuvieron un déficit por debajo del 0,8%, cumpliendo las previsiones.
Como la Comisión Europea impone al Gobierno español una cifra de déficit para el conjunto de todas las Administraciones Públicas, se produce el efecto perverso de que el exceso de gasto que se produce en Cataluña tiene que ser compensado con recortes en otras partidas del Presupuesto o en las transferencias a otras comunidades. Ello significa que el que no cumple sus obligaciones es favorecido, mientras que el que ahorra y se ajusta a las previsiones es penalizado. Contra su mendaz discurso victimista, la Generalitat no sólo gastó mucho más dinero que el resto de forma insolidaria sino que además se benefició de la aportación de la Seguridad Social al déficit de las pensiones en Cataluña, que se acercó a los 3.000 millones de euros en 2015.
Y hoy Oriol Junqueras, vicepresidente y responsable de Economía, se entrevista con Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, para pedir 7.500 millones de euros del FLA en 2016 y un adelanto de 1.000 millones para hacer frente a compromisos urgentes. Por cierto, que hace algunas semanas Junqueras se jactaba de la solvencia de Cataluña en Europa y el mundo. Una afirmación sorprendente porque no hay ninguna entidad financiera que quiera prestar dinero a la Generalitat, que tampoco puede acudir al mercado de capitales porque sus títulos son bonos basura. Su prima de riesgo casi triplica ya la española.
Lo que Junqueras pretende es que el Estado español siga poniendo dinero sin ningún tipo de control ni garantía de devolución para que el Gobierno catalán siga avanzando en el proceso de desconexión que acabará con la proclamación de un Estado independiente, según la hoja de ruta aprobada por el Parlament. Dicho con otras palabras, la Generalitat lo pide todo pero no está dispuesta a dar nada a cambio.
Para entender lo que está sucediendo con Cataluña, resulta pertinente evocar el concepto anglosajón de moral hazard o riesgo moral, que describe aquellas situaciones en las que un individuo tiene conocimiento de las consecuencias de sus propias acciones y, sin embargo, son otras las personas que soportan el coste de las decisiones que él ha tomado. Ello se traduce en el corolario de que los individuos corren en sus actividades mayores riesgos cuando las posibles consecuencias negativas de sus actos no son asumidas por ellos, sino por un tercero.
Esta es justamente la práctica de la Generalitat: incumple los objetivos de déficit y se endeuda por encima de toda racionalidad porque sabe que las consecuencias las pagarán otros. En este caso, el Estado español y el resto de comunidades.
Cuanto más lejos llega en su insolidaridad, más solidaridad exige. Y además pone en marcha una ley para expoliar a la Hacienda estatal a la que hoy va a pedir esos 7.500 millones de euros sin asumir la menor garantía de devolución. Esta es la situación a la que hemos llegado por la dejación de las responsabilidades de los sucesivos Gobiernos, que jamás se han atrevido a imponer una condicionalidad al dinero que con tanta alegría ha malgastado la Generalitat. Que siga la fiesta, pagamos todos.