La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido archivar definitivamente la causa que instruye el juez de este tribunal Fernando Andreu por presuntos delitos de crímenes de guerra contra siete militares israelíes, entre ellos un ex ministro de Defensa, por la muerte de 14 civiles en Gaza, cometidos el 22 de julio de 2002. Ha sido un anticipo de la limitación de la jurisdicción universal en España aprobada la semana pasada con «nocturnidad y alevosía», es decir, aprovechando la modificación legal para la puesta en marcha de la oficina judicial, que obviamente no tiene nada que ver. Este es un caso «sensible» no sólo para Israel sino para EEUU. Porque Israel juega el papel de peón del imperio en la zona, el gendarme local.
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu había abierto, el asado 29 de enero, una investigación al ex ministro de Defensa israelí Benjamín Ben-Eliezer y a otros seis cargos militares a sus órdenes por la muerte de siete niños y siete adultos, causando heridas a más de 150 civiles en Gaza, Palestina. El supuesto objetivo era asesinar a Salah Shehadeh, uno de los dirigentes de Hamas mediante una bomba de una tonelada lanzada desde un avión de combate F-16. El juez concluía que existían indicios de crímenes contra la humanidad al tratarse de un ataque contra la población civil de inicio ilegítimo.No ha habido investigación judicial digna de este nombre, sino informes militares de parte, por parte de Israel. Es conocido que el Tribunal Supremo israelí acepta las leyes racistas sionistas, los asesinatos extrajudiciales, las deportaciones, las expropiaciones o la construcción del muro. Pero este caso es sólo el anticipo. Porque la jurisdicción universal en España está de luto. La justicia española ha sido amputada ante los gobiernos poderosos. Como han declarado siete organizaciones de defensa de los derechos humanos en un manifiesto titulado “Día de luto para la justicia internacional”.Porque el proyecto de ley “ha dado un claro mensaje de que España se preocupa más por no ofender a algunos gobiernos poderosos que por poner fin a la impunidad de la que gozan los criminales”. Más claro imposible. El hegemonismo estadounidense ha exigido que el Gobierno español metiera en cintura a la justicia española, que cerrara la espita abierta por los jueces independientes.Y frente a las ‘voces de sus amos’ que han hablado, en el falso lenguaje, de “buscar un equilibrio entre la impunidad y la no injerencia en asuntos ajenos”, es decir, nos oponemos a la impunidad mientras no se toquen los intereses del hegemonismo estadounidense y compañía; debemos defender el principio de jurisdicción universal absoluto, con la única restricción lógica cuando los hechos denunciados puedan ser realmente juzgados en el país donde se cometieron o por un tribunal internacional. Sólo así no existirá impunidad.