Con el dinero del Gobierno de Madrid, CEIM pagó el sueldo de la mujer del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
Hemos comenzado a ver a algunos expresidentes de cajas desfilar ante los juzgados con la sana esperanza de que se haga justicia por sus actos. Pero he visto pocos políticos sobre los que haya caído el peso de la ley. Por eso sorprende que la juez Mercedes Alaya considere que la exconsejera de Hacienda de la Junta de Andalucía hasta febrero de 2004, Magdalena Álvarez, conocida popularmente como Maleni; así como su viceconsejero Jesús Salgueiro, y el secretario general técnico, Antonio Estepa, puedan ser culpables de sendos delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos en el caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Alaya pide una fianza de casi 30 millones para Maleni y de 22,1 y 8 millones, respectivamente, para los otros dos altos cargos. En total, suma la friolera de 60 millones.
El caso abre un precedente de grave riesgo para los gestores públicos, que podrían sufrir graves pérdidas patrimoniales por sus decisiones. Pero no caerá esa breva. La exconsejera andaluza y actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) solicita a esta institución que antes de decidir sobre su futuro espere al 23 de abril, en que la Audiencia Provincial de Sevilla resolverá el recurso contra su imputación. Su confianza en la Audiencia Provincial se debe a que es un organismo maleable políticamente y las posibilidades de que resuelva a su favor son muy elevadas.
El PSOE salió casi de manera unánime en su defensa, aunque no se entienda por qué se la premió con un cargo, dotado con sueldo mensual de 23.000 euros, después de una gestión desastrosa tanto en el Ministerio de Fomento, como en la Junta de Andalucía. En Maleni se cumple casi a la perfección el principio enumerado por Laurence J. Peter en 1969, «todo funcionario tiende a ser promovido hasta su máximo nivel de incompetencia».
La única explicación que cabe para una carrera tan meteórica es que esté en posesión de secretos capaces de desestabilizar a su partido por las responsabilidades ejercidas tanto en la Junta como en Fomento. No me extrañaría, visto el trato especial dispensado en el PP a su exministro de Fomento, Francisco álvarez Cascos. Ambos repartieron miles de millones en obra pública durante el boom.
Esta semana conocimos, además, la existencia de un pacto tácito entre PSOE y PP para mantenerla en el BEI hasta que no quede más remedio. Una prueba más de la cooperación caciquil de los políticos para protegerse entre sí. Hoy por ti, mañana por mí…
Me cuesta aceptar que el presidente de una empresa privada imputado continúe en su cargo, pero es intolerable que lo haga un gestor público, encargado de repartir miles de millones en créditos. En Alemania hemos visto dimitir a ministros por mucho menos, como falsear un simple currículo universitario.
El caso Maleni no es una excepción. En estos días se ventila otro asunto igual de execrable, el presunto fraude de los cursos de formación de Madrid. La Cámara de Cuentas de esta comunidad autónoma asegura que el dinero de estos cursos fue utilizado en 2008 y 2009 para pagar a altos cargos de la patronal madrileña, CEIM. Su presidente, Arturo Fernández, aseguró el jueves, que «parte de los sueldos de los directivos proviene aún de estos fondos», según El País.
El Gobierno regional destina todos los años más de cien millones para cursos provenientes de las cotizaciones de los trabajadores, que entrega a diversos organismos, entre los que figura la patronal madrileña. Lourdes Cavero, esposa del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, dimitió a comienzos de marzo como vicepresidenta de esta patronal. Cavero se incorporó con posterioridad a la fecha citada por la Cámara de Cuentas, pero su sueldo sería uno de los sufragados, según el presidente de CEIM, con fondos para la formación otorgados por el Gobierno que preside su marido. Situaciones como esta deberían evitarse por decoro público.
Para más inri, Arturo Fernández regenta una empresa de restauración, cuyos principales clientes son las Administraciones Públicas madrileñas. Me resulta incomprensible que aún sea candidato a las elecciones de la presidencia de la CEIM y que pretenda quedar exculpado sólo con pedir una investigación a fondo.
Quizá es que sabe que nadie lo va a investigar en serio, porque si descubren que él conocía el manejo tendría que irse de inmediato y si no, también, ya que es inexplicable que durante estos años no se haya enterado de nada. El principio de Peter está muy extendido. Puede que algún exbanquero vaya a la cárcel, pero descuiden que lo haga un político o los que se codean con ellos, como Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid. Su ministro benefactor, Alberto Ruiz Gallardón, ha indultado a siete cargos públicos por delitos de corrupción en su corto mandato. Habría que preguntarse por la causa de tanta magnanimidad.