En España ha aumentado la percepción de la corrupción. Según una lista llamada Índice de Percepción de la Corrupción 2009, que elabora anualmente la organización Transparency International, curiosamente ordenada al revés, España ha caído, es decir, ha subido en la apreciación sobre la corrupción, y ha bajado del puesto 28 que ocupaba en 2008 al 32, es decir, ha ganado puestos en corrupción, con una nota de 6,1 puntos frente al 6,5 de hace un año. Es un obvio reflejo de la realidad cancerígena de tramas de corrupción que están saliendo a la superficie por toda la geografía española. Es una obvia consecuencia de una oligarquía parasitaria que ha obtenido inmensos beneficios basándose en un modelo de desarrollo económico centrado en los sectores de la construcción abusiva y de los servicios turísticos. En el que la corrupción ha sido la necesaria gasolina que ha hecho funcionar la máquina especuladora, la de las suculentas ganancias para los grandes bancos y monopolios.
El Informe ha sido resentado en Madrid por los integrantes del comité de dirección de Transparencia Internacional España Jesús Lizcano, Antonio Garrigues Walker, Jesús Sánchez Lambás y Manuel Villoria. Y afirman que “la corrupción es como un cáncer que avanza imparable si no se toman medidas para detenerlo. Las redes de corrupción se expanden y van controlando empresas, municipios, Comunidades Autónomas y hasta unidades esenciales del Estado (…).” Estamos de acuerdo. No es un simple problema de ciertos políticos, ni la palpable muestra de la debilidad humana. Es una decisión consciente que ha permitido el enriquecimiento acelerado de la oligarquía financiera española y de las castas burocráticas regionales. En su denuncia los integrantes de Transparencia Internacional España, con suma precisión, han explicado las tres condiciones que posibilitan el desarrollo de las tramas de corrupción. “En primer lugar, un clientelismo y una falta de transparencia en las instituciones públicas. En España, la opacidad con la que actúan los Gobiernos es casi propia de países con democracias fallidas. Además, el clientelismo, sobre todo en el nivel local y en la administración instrumental de todos los niveles de gobierno (empresas públicas, fundaciones, gerencias, etc.), es muy elevado”. Es decir, una delincuencia organizada, toda una trama de individuos captados, adiestrados, formados y financiados. Toda una trama que une íntimamente las castas políticas, las redes clientelares y las élites económicas beneficiadas. Pero falta voluntad política para atajar la corrupción imperante. ¿Qué pasa con los partidos políticos? Afirman los autores del Informe que “en segundo lugar, los mecanismos de control sobre la actividad de los partidos políticos y sobre su financiación son manifiestamente mejorables, como ya advirtió hace tiempo el propio Tribunal de Cuentas”. Es decir, la existencia de una partitocracia financiada para que desde el poder político garantice las medidas necesarias para que las tramas de corrupción obtengan sus pingües beneficios. Y, por último, concluyen que “en tercer lugar, en España tenemos demasiadas normas innecesarias, sin embargo, muchas leyes necesarias no existen, y cuando existen no se cumplen y no ocurre nada”. Es decir, el beneficio de la levedad penal favorece la magnitud de la ganancia final. La impunidad de las tramas de corrupción debe terminar. Hay que cambiar el Código Penal para que se considere a las tramas de corrupción como bandas de crimen organizado. Y hay que desarticular completamente las tramas que están detrás de cada caso de corrupción.