Hoy la batalla por la defensa de las pensiones se ha situado en primer plano. Es el único punto donde el gobierno de Rajoy se vio obligado a dar marcha atrás, al aceptar la subida en función del IPC para los próximos dos años, o posponer la aplicación del factor de sostenibilidad.
Con el nuevo gobierno la cuestión de las pensiones sigue acaparando la atención. Pero se intenta concentrar todo el debate en torno a la subida de su cuantía. Exigiendo que se materialice el acuerdo en el Pacto de Toledo para hacer permanente la actualización en función del IPC.
Pero hay un problema de fondo que constituye la mayor amenaza para la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Es la intención de privatizarlo.
Los principales organismos internacionales se han pronunciado con claridad. El FMI propone que trabajemos hasta los 70 años, y que las pensiones se reduzcan respecto al salario medio. Pero sobre todo plantea que “una pensión pública no está destinada a cubrir el ingreso completo que el jubilado necesitaría para retirarse. Si existe tal expectativa, debe dejarse claro que no se puede cumplir”. Y recomienda que el Estado “enrole automátivamente a los trabajadores en un segundo pilar privado de pensiones”. O que, como ya sucede en otros países, las empresas nos descuenten directamente una parte de la nómina para cubrir un fondo privado de pensiones. El BCE acaba de anunciar que la pensión inicial sobre el último sueldo se desplomará desde el 78,7% actual a, 53,8% en 2040 o el 45% en 2070. Y llama a que “los sistemas privados cubran las carencias de las transferencias sociales”.
Su intención es clara: degradar el sistema público de pensiones para obligar a que crezca la tarta de las pensiones privadas.
Por eso el blindaje constitucional de las pensiones propuesto en el manifiesto de la MERP ,Mesa Estatal por el blindaje de las pensiones, se concentra en dos mandatos concretos:
-prohibir cualquier tipo de privatización total o parcial del sistema público de pensiones.
-imposibilitar cualquier medida que ataque el poder adquisitivo de las pensiones públicas.
Las pensiones no están hoy blindadas en la Constitución porque no están recogidas como un derecho fundamental y porque no imponen mandatos específicos e ineludibles a los poderes públicos.
El artículo 135 sí blinda de forma concreta y permanente el pago de la deuda a los grandes bancos nacionales y extranjeros. Dispone que el el déficit deberán estar por debajo de los límites establecidos por la Unión Europea, que el pago de la deuda tendrá prioridad absoluta, que las condiciones de los créditos no podrán ser modificadas, etc.
Al mismo tiempo, también se ha impuesto la necesidad de dar a las pensiones públicas una solución estructural que no esté al albur de la voluntad de los gobiernos o los acuerdos entre formaciones políticas.
La única forma de garantizarlo es introduciendo el blindaje de las pensiones en la Constitución.
La publicación del quinto manifiesto de la MERP en El País con 2.000 firmas encabezadas por las 250 organizaciones de la MERP, y con la adhesión de 50 organizaciones más, algunas tan importantes como CSIF -el principal sindicato de funcionarios-, la Unión de Actores y Actrices -una referencia del mundo de la cultura y de la izquierda- y la Federación de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales, expresa el avance cualitativo que en los últimos meses ha dado la línea del blindaje constitucional de las pensiones, reconocida por todos como una alternativa de referencia y cuya influencia es cada vez mayor.