Durante cinco días todo el país ha vivido momentos de incertidumbre. La insólita decisión de Pedro Sánchez de tomarse un periodo de reflexión, para decidir si continuaba o no como presidente del gobierno, ha abierto una crisis que de ningún modo se cierra con su decisión de seguir al frente del ejecutivo.

Hemos vivido un terremoto, donde ha estado en vilo el gobierno de la cuarta potencia de la UE, y las placas tectónicas políticas van a seguir chocando, provocando réplicas cuyos efectos notaremos en las próximas semanas o meses.

¿Quién, y por qué razones, ha sacudido la política española? ¿Qué consecuencias puede tener para la población? ¿Cómo quedan tras el envite el gobierno y su presidente? ¿Qué respuesta debemos dar para defender los intereses populares?

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Fracasa, por ahora, el intento de derribar al gobierno por vías antidemocráticas

Lo que afortunadamente no ha pasado

Hemos asistido a un intento de trasladar a España la “operación Costa” ejecutada con éxito en Portugal.

En el país vecino se difundió un escándalo de corrupción que afectaba al presidente del gobierno, Antonio Costa. Y las altas instancias judiciales abrieron una investigación.

El presidente dimitió y se convocaron elecciones. Posteriormente se supo que las acusaciones eran falsas, pero de un gobierno con una cómoda mayoría socialista se pasó a otro presidido por la derecha y con un auge de la ultraderecha.

Ahora se ha pretendido repetir la misma jugada en España.

El detonante ha sido la admisión a trámite en un juzgado de una denuncia que implica a la mujer de Pedro Sánchez en un caso de corrupción. Ha sido presentada por la organización ultraderechista Manos Limpias, no aporta prueba alguna, y recoge bulos publicados por medios conservadores y ultras. El hecho de que el juez la acepte, con extrema celeridad, es inaudito.

Al mismo tiempo se insinuaba la implicación de otros miembros de la familia de Sánchez en casos de corrupción. De nuevo sin aportar datos ni hechos, pero sembrando una insidiosa sospecha.

Lo que se ha intentado es imponer por vías antidemocráticas un giro político. Prefabricando un escándalo, con intervención de aparatos del Estado, como la justicia, para quebrar al actual gobierno.

Quienes fracasaron por dos veces en las urnas en su propósito de imponer un gobierno PP-Vox, han concluido que su objetivo se debe alcanzar por medios donde no intervenga el voto popular.

Es una buena noticia que esa operación antidemocrática no se haya consumado, por ahora. De haberse ejecutado las consecuencias serían graves para la democracia, y el escenario peor para los intereses populares.

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Más allá de “la derecha y la ultraderecha”

¿Quién está detrás?

Al anunciar que no dimitirá, Pedro Sánchez ha expresado su determinado de “seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno”, llamando a la mayoría social a que se movilice contra un “movimiento reaccionario mundial que aspira a imponer su agenda regresiva”.

Todos coinciden en que asistimos a una ofensiva contra el gobierno de coalición diseñada e impulsada por “la derecha y la ultraderecha”.

¿Esa es la realidad, o la aparatosidad de la fachada no deja ver lo que realmente sucede?

Está fuera de duda que círculos reaccionarios, en la política, la justicia, el espectro mediático… han sido protagonistas destacados de la obra. ¿Pero son ellos los directores de la trama?

Sabemos por experiencia que cuando en España se socavan o derriban gobiernos, detrás están los grandes centros de poder nacionales, y sobre todo internacionales.

En el 23-F, última descarga de una sacudida que forzó la dimisión de Adolfo Suárez, los ultras ocuparan una parte, a veces importante, de la escena. Pero el trasfondo de la obra era la negativa de Suárez a integrar de forma inmediata a España en la OTAN, tal y como Washington exigía.

El gobierno de Pedro Sánchez no es un grave problema para la superpotencia. Ha seguido, en lo fundamental, las directrices marcadas por Washington en el terreno económico, y también en el político y sobre todo militar.

Y tampoco amenaza intereses sustanciales de la oligarquía española. Todo lo contrario. Basta recordar los récords de beneficios que encadenan sus bancos y monopolios bajo la presidencia de Sánchez.

Pero el gobierno de coalición sí entra en contradicción con las formas y la velocidad que exigen los centros de poder internacionales y nacionales. Está sostenido por una mayoría progresista que se movilizó para vetar un gobierno PP-Vox. A la que hay que dar satisfacción, aunque sea parcial y limitadamente. Por eso, por ejemplo, se derogó la reforma de las pensiones de Rajoy, reinstaurando su revalorización en función del IPC, o se pospuso a 2025 los recortes que el FMI o Bruselas exigían aplicar ya.

Esta es la razón de que los círculos más agresivos de Washington o del Ibex-35, hayan intentado por dos veces imponer un gobierno PP-Vox, que no tuviera tantos miramientos en ejecutar los recortes. Y por ello contra gobierno de coalición, desde 2020 con Podemos y ahora con Sumar, se ha lanzado una andanada, acusándolo de “ilegítimo”.

Esta contradicción sigue actuando hoy, y está detrás de la sacudida que ha estado a punto de forzar la dimisión de Sánchez, y con ello de todo el gobierno.

Especialmente cuando, a partir de 2025, esos centros de poder exigen dar una nueva vuelta de tuerca a los recortes.

A partir de 2025 se van a aplicar las nuevas reglas fiscales impuestas por la UE bajo la batuta de los “halcones alemanes”, que exigen a España recortes de 15.000 millones anuales.

Y el año que viene también se ejecutará la cláusula de revisión de la reforma de las pensiones impuesta por la UE. Arreciando las presiones, desde el FMI y la OCDE hasta la Comisión Europea, para que se recorten y se avance en su privatización.

Los ultras actúan, y hay que enfrentarse a sus desmanes y a la impunidad que disfrutan. Pero pensar que solo nos enfrentamos a “la derecha y la ultraderecha” es rebajar nuestras defensas ante quienes sí tienen el poder para amenazar la democracia y atracar nuestros bolsillos.

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Las posibles consecuencias de cinco días de infarto

Solo hay una manera

Tras conocerse que Sánchez continuará en la presidencia del gobierno, se han sucedido las análisis y predicciones sobre los efectos de esta decisión. Unos opinan que se trata de una jugada que va a relanzar las expectativas de un PSOE y un gobierno de coalición que iban de capa caída. Otros opinan que esta vez el órdago de Sánchez le ocasionará más pérdidas que beneficios.

Pero los efectos de esta convulsión política no van a dirimirse en un “ajedrez político” donde solo actúan la astucia de algunos individuos o grupos.

Se dirimirá por el contenido de la política que se impulse. Solo hay una manera de hacer frente a la ofensiva de los sectores más reaccionarios: tomando medidas a favor de la mayoría.

Algunos analistas y medios han vaticinado que el golpe encima de la mesa de Pedro Sánchez puede tener efectos positivos para el PSOE y el gobierno de coalición.

Ha conseguido, en primer lugar, cambiar el clima político. Hace pocos días, el PSOE estaba arrinconado por casos de corrupción, desde la compra de mascarillas a los que implicaban al entorno de Sánchez. Ahora todo el debate político gira en torno a la capacidad de resistencia de Sánchez ante los ataques recibidos.

Este cambio de guion político va a repercutir en el decisivo ciclo electoral que estamos viviendo. Algunos medios, no precisamente favorables al gobierno, han publicado encuestas donde el PSC ganaba dos escaños durante los cinco días de reflexión de Sánchez. Y es posible que, para responder a la ofensiva antidemocrática que pretendía derribar al gobierno, un sector del electorado progresista que no tenía previsto hacerlo se movilice en las europeas.

Es indudable que Pedro Sánchez ha conseguido inyectar energía a un PSOE castigado parte de su base electoral, unos por diferencias con la amnistía, y otros, los más, porque un “gobierno de izquierdas” no hace nada por detener su empobrecimiento.

Y, al presentarse como cabeza de una reacción contra “un movimiento reaccionario mundial”, achica el espacio de Sumar o Podemos, apoderándose de las banderas que han defendido en la lucha contra el lawfare.

Pero estos cinco días de máxima tensión también pueden dejar heridas que debiliten tanto a Sánchez como a su gobierno. Algunos comentaristas políticos se han pronunciado en este sentido.

Politólogos como Pablo Simón o Lluis Orriols se han mostrado “perplejos” ante el hecho de que tras cinco días de reflexión Sánchez haya decidido continuar sin ofrecer ningún programa concreto.

Analistas como Enric Juliana ya califican a Sánchez como “pato cojo”, una expresión norteamericana que designa al presidente que no puede volver a presentarse, y por ello es más débil.

Y van a seguir arreciendo los ataques contra Sánchez y su gobierno, una vez que ha quedado patente cuál es su punto débil.

Es pronto para valorar en su justa medida los efectos reales de este terremoto político. Pero si podemos estar seguros de una cosa.

Ya no basta con alertar del peligro de que “gobierne la derecha y la ultraderecha”. Si para trabajadores, pensionistas, jóvenes, autónomos o agricultores, su situación empeora también con un gobierno “de izquierdas”, si no se abordan medidas para ampliar de verdad la democracia, si no se emprenden políticas que mejoren las condiciones de vida de la mayoría redistribuyendo la riqueza, entonces inevitablemente ganarán “los malos”.

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