Desde 1936 no había nadie que se considerara comunista en el gobierno de España. Y desde 1945, en los gobiernos europeos.
La influencia de la mayoría social progresista en el gobierno de España, la decimocuarta potencia del mundo, ha llevado al Ejecutivo a ministros que se consideran comunistas –como Alberto Garzón, ministro de Consumo y Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, dirigentes de IU y el PCE- o que provienen de las Juventudes del PCE –como el ahora vicepresidente Pablo Iglesias o la ministra de Igualdad Irene Montero–. Incluso la influencia del comunismo llega a cargos nombrados en niveles intermedios de la Administración, alguno perteneciente al Comité Central del PCE.
Este hecho pone fin a una “anomalía”: que hasta ahora “la presencia del comunismo en el gobierno” haya sido excluida durante décadas de los gobiernos de España.
Esto es así independientemente del carácter y el programa de las dos fuerzas que integran el gobierno, PSOE y Unidas Podemos. Este gobierno, el más a la izquierda en Europa, expresa una influencia de la mayoría social de izquierdas, representada por 11 millones de votantes pero sobre todo de esos cinco millones que persistentemente votan en las sucesivas elecciones a fuerzas situadas a la izquierda del PSOE.
Votantes que representan una izquierda transformadora y revolucionaria que bebe de la tradición comunista y que basta con mirar los movimientos de lucha, desde el movimiento feminista al ecologista y por supuesto al movimiento obrero y sindical para constatar la presencia del comunismo en la trayectoria de muchos de sus dirigentes, de sus tradiciones de lucha y en las fuentes políticas e ideológicas de las que se nutren.
Hoy tiene más sentido aún recordar la encuesta publicada por el diario El País hace poco más de un año, según la cual el 42% de los españoles -y el 60% de las mujeres- considera que “el capitalismo es incompatible con la democracia”. Y estos días, con motivo de la cumbre del capitalismo mundial en Davos, se ha dado a conocer una encuesta realizada en 28 países en la que la mayoría, un 56%, cree que “el capitalismo tal como existe hoy hace más daño que bien en el mundo”.
Cuando desde la derecha personajes como Aznar o el presidente de la gran patronal CEOE alertan del avance del “comunismo” están reconociendo la influencia y el valor del comunismo en pleno siglo XXI.
Calmar Cataluña es bueno
El acuerdo entre el PSOE y ERC es en lo fundamental un buen acuerdo para avanzar en la defensa de la unidad frente a la fragmentación en Cataluña, por más que la derecha política y mediática levante un día sí y otro también la bandera de las “concesiones inaceptables de Pedro Sánchez al independentismo”. Sobre todo ahora que el PSOE ha anunciado una posible reforma del Código Penal, que entre otras cosas podría abordar la rebaja de penas al delito de sedición.
Es evidente que el PSOE ha tenido que hacer concesiones, como hablar de “conflicto político”, o aceptar una mesa de diálogo bilateral con el gobierno de la Generalitat.
Pero no se puede obviar que ERC es quien ha hecho las mayores cesiones. Aceptando que todo debe ajustarse “al ordenamiento jurídico”, o sea a la legalidad, que se reconozca o no está determinada por el marco constitucional. Y aceptando que ahora debe dejar de lado cualquier salida unilateral.
Disminuir la tensión en Cataluña y hacer que baje el souflé independentista, permitiendo potenciar una actuación política es bueno. Ya que, entre otras cosas está permitiendo aislar a las élites procesistas más aventureras y reaccionarias, encabezadas por Puigdemont y Torra, que siguen apostando por la ruptura a cualquier precio.
Y sobre todo no hay que olvidar que esto es posible por el avance y la influencia de la mayoría social de progreso que defiende la unidad en el conjunto de España y también en Cataluña. En las últimas elecciones del 10-N el apoyo al independentismo se quedó en el 30,57% del censo. Solo uno de cada tres catalanes votó independentismo. Y según la última encuesta del Centro de Estudios de Opinión el CEO -el CIS catalán- el apoyo a una independencia unilateral en Cataluña apenas llega al 11%. Y en los votantes de ERC o JuntsxCat no sobrepasarían el 26%.
Claro que hay riesgos y peligros, especialmente por las maniobras de los sectores representados por Puigdemont, y por los centros de poder de dentro y fuera del país que pueden estar interesados en mantener la “herida abierta” para defender sus intereses. Por eso es fundamental defender la unidad frente a la fragmentación desde la izquierda, como dice en estas mismas páginas la portavoz de Recortes Cero Nuria Suárez.
La fisura “Trapero”
Según las declaraciones del exmayor de los Mossos de Esquadra, Josep Lluis Trapero, en el juicio abierto contra él en la Audiencia Nacional, la dirección de los Mossos no compartía los objetivos de los líderes independentistas y no hubo connivencia del Cuerpo para aplicar la vía unilateral.
Trapero ha calificado de “barbaridad la vía unilateral” y ha declarado que estaban dispuestos a detener al presidente Puigdemont si “recibían una orden judicial”.
El juicio acaba de empezar y serán los jueces los que emitan sentencia. Pero los que se está poniendo de manifiesto dos cuestiones claves.
La primera es que no se cuestionan los hechos que llevaron a actuar a la justicia contra los responsables de los acontecimientos de octubre y septiembre de 2017, el referéndum ilegal, la declaración unilateral de independencia (DUI) y el intento de romper el marco constitucional en Cataluña. “Nos parecía un hecho grave. Y que por tanto podíamos recibir una orden judicial para la detención del president o miembros del govern”, ha declarado Trapero. Ni se cuestiona el juicio del procés que ha llevado a sus responsables a la cárcel. Ni se justifica a Puigdemont.
Y la segunda, y quizás más importante, lo que podríamos llamar “la fisura Trapero”: la ruptura del relato que se ha querido dar desde el independentismo de que “la inmensa mayoría era un bloque monolítico y todo estaba unificado en torno a las élites procesistas”.
La “fisura Trapero” pone de manifiesto que esto no era así, que la mayoría social que se opone a la fragmentación y la DUI también estaba en las instituciones como la policía autonómica.