Era la hora de la hora de comer en Guayaquil, la joya de la costa ecuatoriana. Los teleespectadores del canal TC no daban crédito. Un grupo de narcos, encapuchados, con pistolas y armas de guerra, tomaban por asalto y en directo un plató de televisión, aterrorizando a los presentadores y los trabajadores, encañonando a los periodistas y colocándole dinamita en el bolsillo para que imploraran a la policía alejarse de los alrededores del edificio.

Este violento episodio, que afortunadamente acabó sin víctimas mortales, muestra hasta dónde ha llegado el poder terrorista del narcotráfico y el crimen organizado en Ecuador.

El recientemente investido presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ha declarado el estado de excepción y la existencia de un «conflicto armado interno» en todo el país, lo que le permite movilizar al Ejército y usar la mano dura y fuerza letal contra estos grupos.

Pero la pregunta es ¿cómo ha llegado Ecuador hasta aquí?

Hace no muchos años, Ecuador no estaba entre los países con mayor criminalidad y peligrosidad de América Latina. De hecho, durante la presidencia de Rafael Correa (2007-2017), las políticas redistributivas de la riqueza y el hecho de que millones de ecuatorianos salieroan de la pobreza gracias a los programas sociales impulsados por el Estado y a los beneficios obtenidos de la venta de petróleo, la principal fuente de ingresos del país, hizo que Ecuador tuviera mínimos históricos de homicidios y criminalidad.

La realidad actual es trágica y diametralmente opuesta. En pocos años, Ecuador ha escalado hasta ránking global de Estados con más homicidios per cápita, superando a países históricamente más turbulentos como Colombia, México o El Salvador. 2023 ha sido el año más violento de su historia con casi 7.600 asesinatos, multiplicando por cinco las cifras del año pasado.

Rutas del narcotráfico

Esta ola de criminalidad está indeleblemente vincilada al narcotráfico y a las bandas de crímen organizado. El 60% del tráfico mundial de cocaína pasa por el puerto de Guayaquil. Ecuador se ha convertido en un punto clave en las rutas de droga hacia Estados Unidos y Europa. Los cárteles mexicanos y la mafia albanesa usan el país -y a sus narcopandillas subsidiarias- para distribuir la mercancía.

Esas bandas criminales ecuatorianas han visto como su poder crece espectacularmente en apenas tres años, impregnándolo todo. Controlan las cárceles, los puertos, las aduanas, las flotas de taxi y los mercados de frutas y pescado. Tienen en nómina a jueces, fiscales, policías, alcaldes y gobernadores e sus tentáculos llegan incluso al ejército.

Ecuador ha ocupado el «nicho» que ha dejado Colombia en las rutas de la droga. En 2016, los acuerdos de paz entre el Estado colombiano y las FARC desmanteló el monopolio que tenían la narcoguerrilla sobre el tráfico de cocaína desde el sur de Colombia hasta los puertos de Ecuador. Entonces, sus «clientes», los dos principales cárteles de México –Sinaloa y Jalisco Nueva Generación–, que dirigen la droga hacia EEUU, y la mafia albanesa, que hace lo propio hacia Europa, se introdujeron en Ecuador para llenar el vacío de las FARC y dotarse de aliados y «narcovasallos» locales que les garantizaran el tráfico: Los Choneros, Los Lobos, Los Tiguerones, Los Chonekillers y Los Lagartos.

El cóctel perfecto: recortes, pobreza y desigualdad

Para comprender la trágica deriva de la narcoviolencia en Ecuador nos hace falta otro factor.

Los narcos han explotado al máximo las debilidades de la sociedad ecuatoriana, de unas administraciones cada vez más corruptas, de una tasa de pobreza que ha aumentado en la última década, escalando hasta el 27%, convirtiendo a Ecuador en uno de los países con mayores desigualdades de la región, el tercero sólo por detrás de Colombia y Brasil´.

Durante los años de gobierno de Rafael Correa y su milagro económico, los índices de criminalidad alcanzaron sus mínimos. Esa tendencia cambió bruscamente con la llegada de Lenín Moreno al poder en 2017. El que había sido vicepresidente de Correa y se esperaba que fuera continuador de sus políticas se reveló como un auténtico «Judas», traicionando a los ecuatorianos, poniéndose al servicio de EEUU y la oligarquía criolla y llevando adelante todo tipo de políticas antipopulares, planes de ajustes y medidas de austeridad dictadas por el FMI. Este viraje, junto a la la caída de los precios del petróleo -principal fuente de divisas ecuatoriana- y posteriormente, la pandemia del coronavirus, hundieron la economía del país y el gasto público.

Los funcionarios vieron reducidos drásticamente sus salarios, el caldo de cultivo para que los sobornos del crimen organizado se metieran en el bolsillo a policía, jueces y fiscales, creando redes clientelares. Al mismo tiempo, creció el número de reclusos vinculados al narcotráfico, lo que contribuyó a que el Estado perdiera el control de su sistema penitenciario. El empeoramiento de las condiciones de vida, el rápido incremento de la pobreza y la desesperación entre amplias capas de las masas hizo el resto, incentivando el reclutamiento de miles y miles de jóvenes por parte de las pandillas.

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