Colombia vive estos días las movilizaciones populares más potentes de las últimas seis décadas. El Paro Nacional del 21 de noviembre en protesta contra las políticas antipopulares y entreguistas del gobierno de Iván Duque ha generado un amplio movimiento de lucha en el que confluyen las centrales obreras y la izquierda, los estudiantes y la juventud, los campesinos e indígenas y hasta importantes sectores de las clases medias. El ejecutivo ha intentado sofocar las protestas con miedo y mano dura, pero ha conseguido el efecto contrario.
Hacía 60 años que en Colombia no se vivían protestas de largo alcance, extensión nacional y hondo calado. El movimiento de lucha tiene como objetivo la derogación de las actuales políticas del gobierno de la derecha de Ivan Duque -heredero de Álvaro Uribe-, pero además cuestiona los fustes estructurales del modelo económico y social del país, construidos sobre la base de la subordinación de Colombia a los intereses de la superpotencia norteamericana; de la más descarnada explotación de la oligarquía y los terratenientes sobre las clases populares; de uno de los índices de violencia más altos del mundo; y de una desigualdad y precariedad aberrantes.
A todo eso es a lo que una amplia mayoría de colombianos -más de un 70% apoya las protestas- está diciendo basta.
Como en Chile, nadie esperaba este estallido social a gran escala en un país en el que la lucha popular ha estado durante décadas envenenada y enturbiada por la violencia de las narcoguerrillas, los cárteles de la coca, los paramilitares o los pistoleros patronales. Pero una vez que se ha puesto en marcha, parece difícil que vaya a aplacarse.
El 21 de noviembre comenzó todo, con un extraordinario éxito de la Huelga General. El Paro Nacional fue masivamente secundado en 500 municipios de todo el país, participando cerca de 2,5 millones de personas.
La manifestación de la capital, Bogotá, congregó a unas 350.000 personas convocadas por el Comité Nacional del Paro, una plataforma unitaria en la que confluyen las tres principales centrales sindicales (CUT, CGT, CTC), las organizaciones campesinas agrupadas en la Mesa de Unidad Agraria, la Organización Nacional Indígena de Colombia, las organizaciones estudiantiles Adres y Unees, la Federación Colombiana de Educadores, diversas organizaciones afrocolombianas… en total 50 organizaciones diferentes.
Pese a que el Comité Nacional del Paro había planeado una huelga general de 24 horas, la jornada de protesta en que de hecho se convirtió el 21N ya ha completado… tres semanas de lucha ininterrumpida. Un movimiento que recorre todo el país, y que además de paros laborales y manifestaciones, se ha diversificado en múltiples actos de protesta: grandes caceroladas, pronunciamientos en fábricas o universidades, conciertos y actuaciones callejeras. Incluso cánticos en los eventos deportivos: al inicio de un partido de fútbol en Cali, el público coreó al unísono: “Uribe, paraco, el pueblo está berraco”.
Las muchas razones del Paro Nacional
No existe una única razón para este estallido popular, sino muchas. Las políticas del gobierno de la derecha uribista atacan a casi todos los sectores populares.
El pliego de 13 exigencias del Comité Nacional del Paro exige en primer lugar la derogación de una reforma laboral que establece un marco de superexplotación salvaje: contratos por horas, semanas o meses, un salario diferencial por regiones, el pago del 75% del salario mínimo a los jóvenes menores de 28 años, así como a mujeres mayores de 57 años y hombres mayores de 62 años.
También se exige la retirada inmediata de una Reforma Tributaria que rebaja el impuesto de Sociedades a grandes empresas y grandes fortunas. Dejarían de aportar 10,5 millones al erario público, mientras aumenta considerablemente la presión fiscal a las clases medias.
Otro centro son los ataques al magro sistema público de pensiones. Aunque en Colombia (22,5 millones de población activa) hay 8 millones de cotizantes, solo 3 millones se pueden acoger a las jubilaciones públicas. En vez de ampliar y extender el sistema de protección social -basado, como en España, en un sistema de solidaridad intergeneracional- el gobierno busca demolerlo y sustituirlo por un régimen único de ahorro individual como el existente en Chile, para beneficio de bancos y fondos privados de pensiones.
Los estudiantes y los jóvenes son una parte principal del movimiento de lucha. A la precariedad a la que los condena la reforma laboral, se suman los continuos recortes en educación, especialmente en la superior. En las protestas no solo se produce el hecho (inédito) de que estudiantes de universidades públicas marchen juntos con los de las privadas, sino que van de la mano de sus profesores y docentes.
Otro eje principal de las protestas es la sistemática violación de los derechos humanos en Colombia, algo que se ha intensificado por los incumplimientos de los Acuerdos de Paz con la ahora disuelta guerrilla de las FARC. Ante la pasividad o complicidad del gobierno uribista, históricamente vinculado a ‘paracos’ y terratenientes, se está produciendo la ocupación de sus antiguos territorios por grupos paramilitares o por los narcos de los cárteles mexicanos de la coca. Los asesinatos de líderes políticos y sindicales en el campo son sistemáticos: de acuerdo al Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en los últimos dos años han sido asesinados 777 líderes sociales y 137 excombatientes de las FARC.
Por último, está la destrucción sistemática del medio ambiente y de las comunidades indígenas por parte de unas multinacionales extractivas y mineras que gozan de total impunidad para perpetrar prácticas como el fracking, que contamina los acuíferos de amplias zonas rurales.
Una lucha popular que arrincona a Duque
Frente a esta movilización, el gobierno y la derecha parlamentaria han optado por una gama de respuestas que van desde dejar pasar el tiempo (intentando que el periodo vacacional desinfle la intensidad de las luchas) a la criminalización de las protestas y la mano dura. La acción de los antidisturbios -la brutal ESMAD- ha dejado cientos de detenidos, más de 500 heridos y 4 muertos, entre ellos el joven bachiller Dylan Cruz, asesinado por la policía y convertido en símbolo de la juventud.
Los actos vandálicos en algunas ciudades (Cali) -en los que hay pruebas de la complicidad entre los saqueadores de comercios y sectores de la policía- han dado pie al decreto de toques de queda en Cali o Bogotá y al discurso del miedo.
La respuesta a esta estrategia ha sido inteligente. Los toques de queda han sido contestados con masivos cacerolazos, en los que diferentes barrios urbanos -desde los más humildes a los de las clases medias- han hecho sonar desde los balcones un estruendo de sartenes y cazos. Pero también cuando los estudiantes e indígenas han organizado en las movilizaciones un servicio de orden para impedir que los infiltrados puedan destruir bienes públicos, comercios o provocar disturbios.
A pesar de las torticeras maniobras del gobierno, el movimiento de protesta ha conservado su carácter combativo a la par que reivindicativo, festivo y pacífico. Diferentes encuestas muestran que el 70% de los colombianos respalda y simpatiza con las protestas, y que los índices de popularidad de Duque se han desplomado.